El economista cubano Pedro Monreal advirtió que la reciente reestructuración tarifaria impuesta por ETECSA, monopolio estatal de telecomunicaciones, no solo empobrece a la población sino que podría convertirse en un peligroso precedente para dolarizar el acceso a servicios públicos esenciales como la electricidad, el agua y el gas. El experto cuestionó severamente la falta de transparencia del régimen de La Habana al justificar la medida con supuestas pérdidas financieras atribuidas al «fraude» en las recargas internacionales.
A través de una detallada publicación en la red social X, el economista desmanteló la narrativa oficial que respalda el nuevo esquema tarifario. Monreal calificó la iniciativa como un «torcido modelo» que prioriza el mercado en divisas mediante un racionamiento encubierto del servicio en moneda nacional. Según su análisis, el gobierno cubano ha impuesto tarifas excesivas en pesos cubanos con el único fin de hacer atractivas las tarifas en moneda extranjera, obligando a la ciudadanía a costear una necesidad básica con dólares o euros a los que la mayoría no tiene acceso legal.
La advertencia de Monreal se centra en el riesgo de que esta política se replique en otros sectores vitales. «La ciudadanía debería tratar de parar en seco, de manera anticipada, la eventual tentación de extender esquemas de dolarización a otros servicios públicos (electricidad, agua y gas)», enfatizó el especialista. Esta alerta cobra especial relevancia en un país donde la mayoría de los salarios se pagan en una moneda nacional severamente devaluada y sin poder adquisitivo en el mercado informal.
Uno de los puntos más críticos del análisis radica en la justificación esgrimida por las autoridades de la isla para el tarifazo. El ejecutivo cubano ha argumentado una caída de más del 60% en los ingresos en divisas de ETECSA debido a un supuesto «fraude» en las recargas desde el extranjero. Sin embargo, Monreal considera esta explicación poco creíble y rápidamente desacreditada, señalando que el régimen intenta zafarse de las consecuencias de su propia ineptitud administrativa trasladando la culpa a terceros.
La implosión de la «vaca lechera» del Estado
El economista recordó que, hasta hace muy pocos años, ETECSA era una de las principales fuentes de captación de divisas para el Estado cubano. Resulta inverosímil, apuntó, que los directivos de la empresa y sus supervisores en el más alto nivel hayan permanecido impasibles ante el deterioro financiero de una entidad que funcionaba como una auténtica «vaca lechera» para el erario nacional. La pasividad oficial ante este supuesto descalabro económico levanta serias sospechas sobre la gestión interna y el control de los recursos.
Además, Monreal cuestionó la ausencia de acciones legales concretas frente al supuesto delito. Si realmente existieran «sitios web fraudulentos» desangrando las finanzas de la empresa estatal, cabría preguntarse si ETECSA ha interpuesto demandas ante tribunales cubanos o extranjeros contra los responsables. Al parecer, la respuesta es negativa, lo que debilita aún más la versión oficial del fraude masivo.
Los datos aportados por el experto arrojan más luz sobre las inconsistencias del discurso gubernamental. Las recargas internacionales llegaron a representar el 80% de los ingresos en divisas de ETECSA, un mercado concentrado en un grupo limitado de distribuidores oficiales de primer nivel, como DtOne, Ding y Boss Revolution. Estas corporaciones cuentan con la tecnología y los protocolos necesarios para evitar o minimizar pérdidas por fraudes. Si estos distribuidores perdieron mercado ante plataformas ilícitas, ¿por qué las autoridades no actuaron de inmediato para proteger sus intereses?, se preguntó Monreal.
El análisis también puso el foco sobre otras plataformas de recarga operativas en la isla, sugiriendo que algunas podrían estar vinculadas directamente a entidades cubanas o a empresas «muy cercanas» al poder. En este sentido, Monreal exigió a ETECSA transparentar la dinámica de pagos de estos distribuidores para esclarecer si también se vieron afectados por el supuesto fraude o si, por el contrario, forman parte de un esquema de opacidad financiera.
Maniobra política para contener el descontento social
Frente al estallido de irritación popular generado por el anuncio del tarifazo, que incluso motivó protestas estudiantiles en distintas universidades del país, la dictadura cubana recurrió a la creación de un «grupo multidisciplinario» para abordar la situación. Monreal interpretó esta movida como un intento del Gobierno para esterilizar el potencial efecto rectificador de la protesta ciudadana y canalizar el descontento hacia un espacio controlado y sin capacidad real de decisión.
Para el economista, este grupo no tiene la facultad de revertir la medida central y solo cumple la función política de diluir las responsabilidades directas de la cúpula dirigente. La mención a la «dinámica de los estudiantes» subraya cómo la sociedad civil, a pesar de la represión y la censura sistemática, ha logrado presionar lo suficiente como para forzar una respuesta, aunque sea meramente cosmética, por parte del Estado.
Finalmente, Monreal apuntó hacia la posibilidad de que existan irregularidades financieras no esclarecidas, tales como la «sobrefacturación a ETECSA en divisas por parte de empresas en el exterior» o «pagos inusuales en divisas a empresas en el exterior». Estas hipótesis, de confirmarse, evidenciarían un nivel de corrupción o malversación que merecería una investigación exhaustiva por parte de la Contraloría General de la República, amparada en la Ley 158/2022.
Contexto: Crisis estructural y apartheid económico
El conflicto en torno a ETECSA no es un hecho aislado, sino un síntoma más de la profunda crisis estructural que asfixia a Cuba. La economía de la isla se encuentra inmersa en una espiral inflacionaria sin precedentes, un proceso de devaluación acelerada del peso cubano y un desabastecimiento crónico de combustible, alimentos y medicinas. En este escenario, el régimen ha optado por una dolarización parcial de facto, donde la supervivencia cotidiana de los ciudadanos depende cada vez más de las remesas o del acceso al mercado negro de divisas.
La estrategia de aplicar tarifas en dólares para servicios que alguna vez fueron universales y gratuitos, o pagaderos en moneda nacional, profundiza el apartheid económico en el país. Crea una ciudadanía de primera, con acceso a divisas, y una de segunda, marginada de servicios básicos como la comunicación, y potencialmente, del agua y la energía. Este modelo de exclusión es la respuesta del gobierno cubano a su incapacidad para generar riqueza de manera sostenible, optando por extraer divisas directamente del bolsillo de la población y de la diáspora.
El exodo migratorio masivo de los últimos años, que ha visto salir a cientos de miles de cubanos ante la falta de oportunidades, es la consecuencia directa de este agotamiento del modelo económico. Las medidas como el tarifazo de ETECSA no solo no resuelven la crisis, sino que actúan como aceleradores del descontento social y de la decisión de abandonar el país por parte de los jóvenes y profesionales.
De cara al futuro, las advertencias de la academia y la sociedad civil cubana apuntan a un punto de quiebre. Si el Estado logra normalizar la extracción de divisas a través del racionamiento de servicios públicos esenciales sin enfrentar una resistencia organizada eficaz, la calidad de vida de los cubanos no residentes en el extranjero se reducirá a niveles de subsistencia mínima. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deberán prestar atención a cómo el régimen de La Habana utiliza la privación de servicios básicos como herramienta de control social y recaudación, en clara violación de los derechos económicos y sociales de la población.
