Los exdirigentes de la Gran Logia de Cuba (GLC), Mario Urquía Carreño y Airam Cervera Reigosa, restituyeron un millón de pesos cubanos a la institución tras ser señalados por el desfalco de más de 40.000 dólares. La devolución fue supervisada por organismos estatales en medio de una profunda crisis de legitimidad dentro de la orden masónica, agravada por la injerencia del poder civil.
La devolución de los fondos fue confirmada por el actual Gran Maestro, Mayker Filema Duarte, a través de un comunicado oficial. La entrega de los recursos se realizó en la sede de la institución y contó con la presencia de funcionarios del Ministerio del Interior (MININT), la Dirección de Asociaciones del Ministerio de Justicia (MINJUS) y el Banco Nacional de Cuba. Las autoridades de la isla informaron a la directiva masónica que en los próximos días se hará efectiva la entrega de otros tres millones de pesos adicionales.
El escándalo financiero salió a la luz pública en septiembre de 2024, cuando una auditoría interna confirmó la sustracción ilegal de al menos 2.116.555 pesos con 33 centavos, equivalente a unos 17.637 dólares según la tasa de cambio oficial. Según los documentos de la GLC, Cervera Reigosa, en su rol de Gran Tesorero, manipuló digitalmente los estados bancarios para ocultar las transacciones, mientras que Urquía Carreño actuó como cómplice en la falsificación de facturas. La denuncia formal ante las autoridades logró evitar la huida de los acusados al extranjero.
Contexto institucional e injerencia estatal
Este caso de corrupción refleja la vulnerabilidad de las asociaciones civiles en un entorno donde el régimen de La Habana ejerce un control estricto sobre la sociedad. La gestión del actual Gran Maestro, Mayker Filema, se encuentra bajo severo cuestionamiento. Filema fue destituido por la comunidad masónica el pasado mes de mayo debido al rechazo generalizado hacia su gestión; sin embargo, se mantiene en el cargo gracias al respaldo del gobierno cubano, evidenciando cómo el aparato estatal anula los procesos democráticos internos de las organizaciones independientes.
El desfalco total atribuido a los exdirigentes supera los 40.000 dólares, una cifra que incluye el robo de 19.000 dólares pertenecientes al Asilo Nacional Masónico, sustraídos de la oficina de Urquía Carreño antes de su renuncia y sobre los cuales no ha trascendido información alguna. Miembros de la masonería, bajo condición de anonimato, señalan que la restitución parcial del dinero es una prueba irrefutable de la culpabilidad de los imputados y una posible estrategia legal para mitigar las sanciones en el juicio penal.
A corto plazo, las implicaciones de este proceso judicial recaen directamente sobre la estabilidad de la Gran Logia. La percepción de que la devolución de los fondos busca también rehabilitar la imagen de Filema profundiza la fractura interna de la institución. Esta dinámica confirma que, bajo la dictadura cubana, la resolución de los conflictos institucionales y la propia supervivencia de las entidades de la sociedad civil quedan supeditadas a los designios del poder estatal, dejando a la base masónica sin capacidad real de decisión sobre su futuro.
