A sus 68 años, José Castillo Ríos recorre las calles de Santiago de Cuba vendiendo pizzas y haciendo mandados para sobrevivir. Sin acceso a una pensión estatal debido a su histórica oposición política, su caso ilustra el colapso del sistema de seguridad social y la extrema vulnerabilidad que padecen los ancianos en la isla frente a la hiperinflación, la devaluación de la moneda y el desabastecimiento generalizado.
La realidad de Castillo Ríos, residente en el barrio de Veguita de Galo, es un retrato crudo de la indigencia en la Cuba actual. Su dieta se ha reducido a niveles de subsistencia mínima, dependiendo en muchas ocasiones de las guayabas de un árbol en el frente de su casa para engañar el hambre. Los prolongados períodos sin ingerir alimentos le provocan mareos, debilidad en las piernas y severas bajadas de azúcar. «Hay veces que he tenido que recurrir a la mata de guayaba para poder sostenerme», relata este hombre que, a pesar de su deterioro físico, se ve obligado a caminar largas distancias a diario para conseguir unos pocos pesos.
En su pequeña vivienda, cedida por su hermana, la escasez de recursos es absoluta. Cuando logra conseguir algún alimento, como un paquete de espaguetis, lo divide entre el almuerzo y la cena, casi siempre sin acceso a proteínas, aceite o condimentos. La preparación de estos alimentos se realiza con leña, debido a que el costo de un saco de carbón está fuera de su alcance. El desayuno se limita al pan de la cuota estatal, que llega de manera intermitente unas dos veces por semana, mientras que productos básicos como la leche, los huevos y la carne han desaparecido de su mesa desde hace años.
El costo de vida en la isla ha transformado los placeres más simples en lujos inalcanzables. Un jabón para el aseo personal puede costar hasta 400 pesos en el mercado informal, un precio equivalente a una libra de arroz o un paquete de espaguetis. Ante esta disyuntiva, José ha optado por la higiene precaria: «Si compro jabón no como. Mientras tanto me restriego con un trapo y agua para tratar de quitar la suciedad del cuerpo», confiesa. La imposibilidad de acceder a productos de primera necesidad evidencia el fracaso del aparato distributivo del gobierno cubano.
José Castillos Ríos (Foto: Yadira Serrano Díaz)
Su deseo más profundo no es la abundancia, sino poder disfrutar de un plato de congrí con picadillo, una comida que otrora era común en las mesas cubanas. Sin embargo, los precios actuales hacen inviable este anhelo: una libra de arroz ronda los 350 pesos; una de frijol, 400, y una de picadillo, unos 600 pesos. En total, una comida básica asciende a 1.350 pesos, equivalente a aproximadamente 1,88 dólares al cambio informal de 720 pesos por dólar. Una cifra que supera con creces los ingresos mensuales de gran parte de la población cubana, especialmente de los adultos mayores.
Represión política y exclusión social
La situación de José Castillo Ríos tiene un agravante que desnuda la naturaleza represiva del sistema: nunca ha recibido una jubilación porque nunca trabajó para el Estado, una decisión basada en sus convicciones políticas. Como opositor y exmilitante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), organización disidente fundada en 2011 en Santiago de Cuba, su negativa a integrarse al aparato productivo estatal lo condenó a la marginación económica. La dictadura cubana, a través del monopolio estatal del empleo, ha utilizado históricamente el bloqueo laboral como una herramienta de castigo contra quienes disienten, dejándolos sin acceso a la seguridad social en su vejez.
Años atrás, José logró cierta estabilidad trabajando como ayudante de un colchonero en el sector privado, pero el agravamiento de la crisis económica hace aproximadamente tres años eliminó esa fuente de ingresos. Desde entonces, su precariedad ha ido en aumento. Aun así, insiste en salir todos los días a vender las pizzas de una vecina y realizar mandados, consciente de que detenerse significa la muerte por inanición. «Al final uno no sabe para dónde va a coger ni qué va a hacer», admite ante la incertidumbre diaria.
Contexto: El colapso estructural y la crisis de la tercera edad
El caso de José no es una excepción, sino la norma para miles de ancianos en la isla. Las autoridades de La Habana han demostrado una absoluta incapacidad para proteger a la población durante la denominada «tercera edad». El sistema de seguridad social, otrora vendido como uno de los logros fundamentales del proceso revolucionario, se ha derrumbado bajo el peso de la hiperinflación y la devaluación de la moneda nacional. Las pensiones promedio en Cuba, que rondan entre los 1.500 y 2.000 pesos, no alcanzan ni para cubrir las necesidades alimentarias de una semana, obligando a los jubilados a depender de remesas o de la caridad pública.
La crisis económica que atraviesa el régimen de La Habana se ha visto exacerbada por el éxodo migratorio masivo, que ha dejado a miles de adultos mayores viviendo solos, sin el apoyo directo de sus familiares. La falta de políticas públicas efectivas y el control férreo sobre la iniciativa privada han estrangulado la economía interna. El mercado negro domina la distribución de alimentos y productos de higiene, imponiendo precios que responden a la dolarización de la economía, mientras que los salarios y pensiones en pesos cubanos se devalúan a un ritmo vertiginoso frente a la falta de productividad del sector estatal.
Además, el llamado «Ordenamiento Monetario» implementado por el ejecutivo cubano en 2021, lejos de solucionar los problemas estructurales de la economía dual, disparó la inflación y empobreció aún más a los sectores más vulnerables. La pérdida del poder adquisitivo ha llevado a situaciones dramáticas, como las descritas por el propio José: «Hay personas mayores que se están muriendo de hambre y por mucho que otros traten de ayudarlos, que les regalen 10 o 20 pesos, no les sirve, porque ya nada cuesta eso». La solidaridad comunitaria se ha visto desbordada por la magnitud de la crisis, y las redes de apoyo vecinal colapsan ante la imposibilidad de sostener a una población envejecida y desamparada.
Antecedentes de exclusión y resistencia cotidiana
La persecución política en Cuba no solo se manifiesta a través de detenciones arbitrarias, allanamientos o hostigamiento en las calles, sino también mediante el asfixia económica a los disidentes. La negativa del Estado a emplear a ciudadanos críticos es una violación sistemática de los derechos laborales, que obliga a muchos a elegir entre el exilio, la claudicación política o la pobreza extrema. José eligió mantenerse en la isla y en sus principios, lo que hoy lo enfrenta a una vejez sin red de protección alguna. Su dependencia de vecinos y familiares para conseguir un poco de azúcar o una comida caliente es el resultado directo de esta política de exclusión institucionalizada.
A pesar de la desesperanza, la resistencia de José se aferra a la vida con una fragilidad conmovedora. Cada amanecer es una victoria agridulce: «Yo le agradezco a Dios cada vez que amanece y veo que estoy vivo», dice, consciente de que la noche anterior se acostó con hambre y que el nuevo día traerá la misma lucha por la supervivencia. Su cuerpo debilitado continúa recorriendo las calles santiagueras, en un acto de resistencia silenciosa contra un sistema que parece empeñado en invisibilizarlo y dejarlo morir en la más absoluta pobreza.
Implicaciones y futuro
El abandono de los adultos mayores en Cuba representa una de las crisis humanitarias más silenciadas del continente. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben dirigir su atención hacia las políticas del gobierno cubano que, bajo el pretexto de bloqueos externos, eluden su responsabilidad directa en el colapso del bienestar social. La situación de José Castillo Ríos es un recordatorio contundente de que la dictadura no solo coarta las libertades políticas y civiles, sino que también vulnera de manera flagrante el derecho a la vida, a la alimentación y a la dignidad humana de sus propios ciudadanos, castigando con especial crueldad a aquellos que osaron disentir.
