Un nuevo estudio del Miranda Center for Democracy detalla que el conglomerado militar GAESA maneja entre el 40% y 50% de la economía cubana y atesora al menos 17.900 millones de dólares en activos, operando sin auditoría pública ni rendición de cuentas, en medio de la peor crisis económica y social que sufre la isla.
El Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), brazo financiero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), se ha consolidado como uno de los actores económicos más opacos y poderosos del hemisferio occidental. Según el informe titulado \»Armies that Own Economies: Military-Commercial Capture in Cuba and Venezuela\», el régimen de La Habana ha cedido el control de vastos sectores estratégicos a esta estructura militar, que funciona como un Estado dentro del Estado.
Los documentos filtrados y citados en la investigación arrojan que, durante el año 2024, GAESA habría acumulado al menos 17.900 millones de dólares en activos. De esta suma, más de 14.400 millones permanecen depositados en cuentas bancarias, cuya ubicación y gestión escapan a cualquier escrutinio ciudadano. El gobierno cubano ha garantizado históricamente que este conglomerado opere sin publicar estados financieros, sin figurar en el presupuesto nacional y sin estar sujeto a la fiscalización de la Contraloría General o la Asamblea Nacional del Poder Popular, esta última carente de verdadera independencia para ejercer control sobre el ejecutivo cubano.
La concentración de poder en GAESA es tal que su núcleo de dirección está compuesto por menos de 15 personas, según estimaciones de investigaciones periodísticas referenciadas por el Miranda Center. Esta cúpula militar toma decisiones que impactan directamente la vida de millones de cubanos, desde la importación de alimentos hasta la distribución de combustibles, sin que exista mecanismo alguno de participación o control democrático por parte de la ciudadanía.
El factor venezolano en el enriquecimiento militar
El informe también subraya el papel determinante que ha jugado la alianza entre La Habana y Caracas en el fortalecimiento del conglomerado militar cubano. Desde el año 2000, Venezuela ha transferido a Cuba al menos 63.800 millones de dólares mediante subsidios petroleros, inversiones en infraestructura, alivio de deuda y acuerdos energéticos preferenciales. Ajustado por inflación, el valor de los subsidios petroleros asciende a la escalonaria cifra de 57.400 millones de dólares.
Aunque muchos de estos acuerdos fueron ejecutados formalmente por empresas estatales como PDVSA y CUPET, la realidad es que sectores estratégicos como puertos, almacenamiento, logística, comercio exterior y operaciones en divisas quedaron progresivamente bajo la órbita de GAESA. El estudio señala que entidades vinculadas a este conglomerado influyen o controlan más del 80% de la infraestructura y la logística relacionadas con la entrada de combustible a la isla. Esta monopolización explica, en parte, la opacidad en la cadena de distribución y los constantes desabastecimientos que sufre la población.
El Miranda Center traza una línea comparativa entre el modelo cubano y el venezolano, identificando en este último 44 empresas, fundaciones y servicios adscritos al Ministerio de Defensa con actividades en banca, seguros, minería, petróleo, agricultura, transporte y comercio. Para los autores del estudio, el elemento común en ambos países es que el control económico de los militares no es una mera consecuencia de la corrupción, sino una estructura diseñada para garantizar lealtades políticas y preservar el poder de la dictadura cubana y su aliado venezolano.
Contexto sistémico de la crisis cubana
La expansión incontrolable de GAESA ocurre en un contexto de colapso sistémico en la isla. Mientras el conglomerado militar acumula miles de millones de dólares, la ciudadanía enfrenta una inflación desbocada, un proceso hiperinflacionario que destruye los salarios reales, y un desabastecimiento crónico de alimentos, medicinas y energía. El régimen de La Habana ha sido incapaz de ofrecer soluciones estructurales a la crisis, optando en cambio por la represión social y la censura para silenciar el descontento popular.
Esta captura militar de la economía ahuyenta la inversión extranjera directa, limita la iniciativa privada y perpetúa la ineficiencia productiva. El monopolio de GAESA sobre el comercio exterior y la logística impide que el sector privado nacional pueda competir en igualdad de condiciones, asfixiando cualquier intento de desarrollo autónomo. La falta de transparencia y el control absoluto sobre las divisas que ingresan al país son factores determinantes en la profunda crisis de suministros y en el colapso del sistema eléctrico nacional.
Además, el enriquecimiento de la cúpula militar contrasta de manera obscena con el masivo éxodo migratorio que ha vaciado las ciudades cubanas. Cientos de miles de ciudadanos han abandonado el país en los últimos años huyendo de la pobreza y la falta de oportunidades, un fenómeno directamente vinculado a la mala gestión y la apropiación de los recursos nacionales por parte de las autoridades de la isla.
Implicaciones y perspectivas a futuro
La consolidación de GAESA como un actor financiero intocable plantea serias interrogantes sobre el futuro de cualquier transición o reforma económica en Cuba. Mientras la dictadura cubana mantenga el control de la economía en manos militares sin rendición de cuentas, cualquier medida adoptada por el ejecutivo cubano para liberalizar el mercado estará viciada de origen. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos deberán contemplar la estructura de GAESA como un obstáculo central para la democratización y el desarrollo de la isla.
La opacidad financiera de este conglomerado no solo representa un fraude a la soberanía popular, sino que garantiza la supervivencia de un sistema que privilegia el enriquecimiento de una élite militar en detrimento del bienestar común. Sin un desmantelamiento de este monopolio y la imposición de mecanismos reales de auditoría y transparencia, la recuperación económica de Cuba seguirá siendo una quimera para millones de ciudadanos que subsisten al margen de los miles de millones gestionados por los uniformados.
