Yalina González Morales, una ciudadana cubana de 29 años originaria de Mayabeque, fue abandonada en Uzbekistán tras ser engañada por las autoridades rusas, que le aseguraron sería repatriada a Cuba. El caso expone la vulnerabilidad extrema de los migrantes isleños que, huyendo de la crisis estructural generada por el régimen de La Habana, se exponen a la explotación laboral y a la deportación arbitraria en terceros países sin el respaldo de su propio gobierno.
Yalina subió a un avión bajo estricta custodia policial, convencida de que el destino final era La Habana. Tras meses de detención en un centro migratorio ruso, no se le permitió revisar su boleto ni confirmar la ruta; fue escoltada directamente hasta el aeropuerto y entregada a la tripulación. Sin embargo, al aterrizar y recuperar su pasaporte en el control fronterizo, descubrió que no estaba en Cuba, sino a más de 11.000 kilómetros de distancia, en Asia Central.
Las autoridades rusas habían ejecutado una expulsión encubierta hacia un tercer país donde Yalina no tenía familiares, dinero ni un lugar donde vivir. \»Nos dijeron que íbamos directo para Cuba. Todo fue mentira, todo fue un engaño\», denunció la joven. Durante el trayecto, las sospechas habían comenzado a crecer al notar que la aeronave portaba la bandera de Uzbekistán y no pertenecía a Turkish Airlines, la aerolínea habitual para conexiones hacia el Caribe. A pesar de sus dudas, ningún oficial le ofreció explicaciones sobre su nuevo destino.
De la crisis cubana a la explotación en Rusia
Yalina y su esposo, Ronniel, abandonaron Cuba el 6 de abril de 2025. Como miles de compatriotas empujados por la profunda crisis económica y la falta de oportunidades, eligieron Rusia debido a la exención de visado que permite a los cubanos permanecer hasta 90 días en territorio ruso. Esta facilidad migratoria, sin embargo, no autoriza el trabajo legal ni garantiza la permanencia tras el vencimiento del plazo, dejando a los recién llegados en una situación de vulnerabilidad absoluta.
En Rusia, y mediante la mediación de otro connacional, la pareja consiguió empleo en Kolomna, una ciudad situada a unos 100 kilómetros al sureste de Moscú, en una empresa identificada como Progress Service. Durante aproximadamente 10 meses, sus labores consistieron en la limpieza de calles, recolección de basura y la remoción de hielo durante el crudo invierno. \»Te hacen realizar demasiados esfuerzos físicos. Pagan por debajo del salario básico y te explotan demasiado\», relató Yalina sobre las condiciones de semi-esclavitud a las que fueron sometidos.
El hacinamiento era otra constante de su vida en la diáspora. Yalina y su esposo vivían con otras nueve personas en una casa de apenas dos habitaciones. Por este reducido espacio, pagaban 10.000 rublos mensuales cada uno, lo que sumaba unos 300 dólares mensuales entre ambos, una cifra que diezmaba cualquier ahorro frente a la inflación y el bajo poder adquisitivo de sus salarios.
Detención, separación y engaño
El 27 de abril, la policía rusa los detuvo. Según su testimonio, pasaron tres noches encerrados en una dependencia policial, durmiendo en el suelo y sin acceso regular a agua ni alimentos. Posteriormente, fueron trasladados a un centro de deportación, donde permanecieron cerca de tres meses. El período total bajo custodia se prolongó por alrededor de cuatro meses. Su esposo no corrió la misma suerte tras el engaño de la repatriación; Ronniel permanece detenido en Rusia y, hasta el momento, Yalina no ha recibido información precisa sobre su situación legal.
La ruta hacia Rusia ha ganado una relevancia inusitada dentro del actual éxodo cubano. Durante 2025, 24.683 ciudadanos de la isla ingresaron a Rusia, según estadísticas del Servicio de Fronteras del Servicio Federal de Seguridad ruso, divulgadas por TASS y reproducidas por la Embajada de Rusia en Cuba. Aunque la cifra refleja cruces fronterizos y no necesariamente individuos distintos, evidencia la magnitud del flujo. Al vencer los 90 días, quienes no regularizan su situación quedan a merced de multas, detenciones y expulsiones.
En abril de 2026, medios internacionales documentaron redadas y expulsiones de cubanos que no habían regularizado su estatus. Al menos 19 ciudadanos de la isla fueron deportados durante 2025 desde diferentes regiones rusas por infracciones relacionadas con la estancia o el trabajo sin autorización. Sin embargo, el número real de afectados podría ser considerablemente mayor, ya que muchos casos se procesan en la opacidad administrativa.
El limbo legal en Asia Central
Uzbekistán, una antigua república soviética sin salida al mar, limita con Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Afganistán y Turkmenistán. Con una población superior a los 38 millones de habitantes y su capital en Taskent, mantiene estrechas relaciones políticas y migratorias con Moscú. Los cubanos pueden permanecer allí sin visa por un período corto, generalmente 30 días, pero deben cumplir estrictos registros de alojamiento. Yalina fue advertida por las autoridades uzbekas de este límite temporal.
El temor de Yalina es fundado: si no abandona el territorio antes de que venza el plazo, podría ser detenida nuevamente y enviada a otro país, posiblemente Tayikistán. \»Tenemos que vivir escondidos porque este país tiene sus leyes y nosotros no somos ciudadanos de aquí. Si no tenemos el registro, la policía puede detenernos y ponernos multas altísimas\», explicó.
El regreso a Cuba es, económicamente, una quimera. Al no existir vuelos directos desde Taskent hasta La Habana, la alternativa es viajar con Turkish Airlines vía Estambul, una ruta que supera las 18 horas de vuelo. Una consulta realizada el 11 de agosto arrojó que los boletos de solo ida oscilan entre 1.310 y 1.703 dólares, dependiendo de la disponibilidad y el equipaje. Una cantidad que Yalina no posee y que sus familiares en la isla, sumidos en la pobreza, tampoco pueden sufragar.
Junto a Yalina, otros cubanos expulsados de Rusia fueron trasladados a Uzbekistán y permanecen dispersos. Han creado un grupo en Telegram que ya reúne a casi 200 miembros, donde se brindan apoyo mutuo frente a la precariedad. Entre los casos más dramáticos destaca el de María Antonia, una cubana de 70 años que duerme en el aeropuerto por falta de recursos. Su hija continúa detenida en Rusia y sus tres nietos menores fueron separados de ella y trasladados a otro centro de detención.
Abandono diplomático y responsabilidad del régimen
Ante la gravedad de la situación, Yalina ha escrito a la Embajada de Cuba en Rusia para conocer el paradero de su esposo, pero no ha obtenido respuesta. También intentó contactar a la representación diplomática cubana en Azerbaiyán, encargada de atender concurrentemente los asuntos consulares en Uzbekistán, sin resultados positivos. \»Estamos pasando necesidades, sin comida y sin dinero. Hemos tenido que acudir a las redes sociales para ver si alguien nos ayuda y para denunciar el abandono total\», lamentó.
El drama de Yalina y de cientos de cubanos varados en Asia Central es una consecuencia directa de la crisis sistémica que sufre la isla. La hiperinflación, el colapso total de los servicios públicos, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, así como la falta de libertades fundamentales, han convertido a Cuba en un territorio inhóspito para el desarrollo humano. La dictadura cubana, en lugar de implementar reformas estructurales, ha optado por la represión sistemática y el endurecimiento penal contra cualquier manifestación de disidencia o descontento social.
Este éxodo masivo no es un fenómeno coyuntural, sino la huida desesperada de una ciudadanía secuestrada por la ineficacia gubernamental. El régimen de La Habana ha externalizado su fracaso económico, obligando a sus ciudadanos a buscar refugio en países con los que no tienen vínculos culturales ni lingüísticos. Al hacerlo, los expone a redes de trata, explotación laboral y arbitrariedades migratorias como las sufridas en territorio ruso y uzbeko, lavando sus manos de toda responsabilidad una vez que cruzan las fronteras nacionales.
El silencio cómplice de las autoridades de la isla ante el abandono de sus ciudadanos en el extranjero evidencia, una vez más, la desidia institucional de un gobierno que solo reclama a su diáspora cuando se trata de captar remesas para sostener su ineficiente maquinaria estatal. Mientras tanto, el reloj sigue corriendo para Yalina. Cada 24 horas consume una parte de los 30 días que tiene permitidos en Uzbekistán, acercándola a un nuevo ciclo de detención y destierro, en un limbo legal que la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos aún no han visibilizado lo suficiente.
