Cerca de medio millón de habitantes en la cabecera provincial de Santiago de Cuba se ven afectados por la escasez de agua, en lo que especialistas califican como la sequía más severa de los últimos diez años. La crisis, agravada por el deterioro de las redes, los apagones constantes y la falta de mantenimiento, evidencia el fracaso del régimen de La Habana para garantizar servicios básicos a la población.
El diario oficialista Sierra Maestra reconoció que la situación en la provincia oriental es \»alarmante\». Los embalses presentan niveles críticamente deprimidos, con reservas como Charco Mono al 8.8 % de su capacidad, Gilbert al 13 % y Parada al 16 %. Esta escasez de precipitaciones, sumada a ciclos de distribución que en la mayoría de los casos superan los 30 días, ha colapsado la vida cotidiana de los santiagueros. Para mitigar el desabastecimiento, las autoridades de la isla han implementado el trasvase Mogote, conduciendo agua desde la presa Carlos Manuel de Céspedes, ubicada a decenas de kilómetros y con un 68.5 % de su capacidad.
El déficit estructural no se limita a la falta de lluvias. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAA) Aguas Santiago detalló que de las 106 instalaciones para la distribución del líquido, apenas 19 cuentan con grupos electrógenos de emergencia. El colapso del Sistema Eléctrico Nacional impide el bombeo continuo, mientras que las redes hidráulicas presentan salideros y roturas que llevan meses sin reparación. El gobierno cubano ha anunciado la instalación de paneles solares fotovoltaicos en el Sistema Parada como solución a corto plazo, una medida que resulta insuficiente ante la magnitud del deterioro infraestructural y la falta de recursos.
Impacto social y el mercado negro de agua
Las consecuencias para la ciudadanía son devastadoras. Residentes en barrios como Chicharrones reportan hasta cuatro meses sin recepción de agua por el sistema tradicional. En la circunscripción 159, en el reparto Santa Bárbara, el servicio estuvo suspendido desde mayo hasta finales de agosto. Ante la inoperancia estatal, ha surgido un mercado paralelo donde el costo de 20 litros de agua alcanza los 400 pesos, un precio inaccesible para gran parte de la población, como denunció Liurkis Hechavarría Ferrer, una residente cuyo hijo padece varias enfermedades y que no puede costear el líquido ni las costosas pipas privadas.
Una crisis nacional que refleja el abandono institucional
El escenario santiaguero no es una excepción, sino el reflejo de una crisis sistémica que afecta a toda la isla. En Las Tunas, más de 90.000 personas padecen la falta de agua en la actual temporada, mientras que en Sancti Spíritus otros 35.686 habitantes enfrentan la misma escasez. La incapacidad de la dictadura cubana para mantener la infraestructura básica, priorizando el control político sobre el bienestar social, ha convertido el acceso al agua en un privilegio. Las promesas de inversión por parte del ejecutivo cubano chocan con la realidad de calles dañadas, barrios paralizados y una población obligada a depender de carros cisterna que no suplen la demanda.
El colapso hídrico en Santiago de Cuba y otras provincias augura un empeoramiento de las condiciones de salubridad y un incremento de la presión social sobre un sistema ya al límite. Mientras la infraestructura sigue deteriorándose y la emigración continúa vaciando a la isla, la falta de soluciones estructurales por parte del régimen de La Habana profundiza el descontento ciudadano y aleja cualquier perspectiva de recuperación a corto plazo para los cubanos más vulnerables.
