Un juez del Tribunal del Distrito Sur de Florida revocó el veredicto que obligaba a la agencia de viajes Expedia a pagar casi 30 millones de dólares por \»traficar\» con propiedades en Cayo Coco, Cuba. La sentencia concluye que la empresa cesó sus operaciones tras ser notificada, cumpliendo así con la Ley Helms-Burton, aunque el caso vuelve a poner sobre la mesa el drama de las expropiaciones sin compensación realizadas por el régimen de La Habana.
El juez Federico A. Moreno dejó sin efecto la decisión del jurado emitida en abril, que había condenado a Expedia Group y a tres de sus filiales a desembolsar 29,85 millones de dólares. El litigio, presentado por el ciudadano cubanoamericano Mario Echevarría, argumentaba que la plataforma de reservas comercializaba estancias en resorts construidos en Cayo Coco, un territorio confiscado a su familia por las leyes de reforma agraria impulsadas por el gobierno cubano a partir de 1959.
En su resolución, el tribunal determinó que la empresa de viajes cumplió con las disposiciones del Título III de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana, conocida como Ley Helms-Burton. El fallo detalla que, una vez notificada sobre la violación, Expedia detuvo las reservaciones en los hoteles situados sobre la propiedad reclamada dentro del plazo de 30 días establecido por la legislación. De esta forma, el juez consideró que se satisfizo el propósito de la norma, al obligar a cesar la actividad ilícita.
El trasfondo de las expropiaciones y la Ley Helms-Burton
El caso de Echevarría es un reflejo de la política de confiscaciones masivas sin indemnización ejecutadas por la dictadura cubana tras 1959, una práctica que despojó a miles de ciudadanos de sus bienes y que sigue generando litigios internacionales décadas después. La activación del Título III de la Ley Helms-Burton por parte del ejecutivo estadounidense en 2019 permitió a los propietarios originales demandar a empresas que se lucran de estos activos expropiados. No obstante, el tribunal señaló en sus conclusiones que las suspensiones provisionales de este título aplicadas por anteriores administraciones, tanto demócratas como republicanas, encontraban justificación en la complejidad de los litigios derivados de los despojos del Estado cubano.
Aunque la sentencia final exime a Expedia del pago multimillonario, el litigio sienta un precedente sobre la viabilidad de exigir responsabilidad a corporaciones extranjeras que se benefician de propiedades arrebatadas por el régimen. Para la diáspora cubana, el fallo representa un revés en la búsqueda de compensación económica, pero reafirma el mecanismo legal para forzar el cese de operaciones comerciales sobre bienes confiscados. El entorno jurídico seguirá condicionando las inversiones y el tráfico turístico en la isla, en medio de una crisis económica sistémica y la continua incertidumbre sobre el respeto a la propiedad privada bajo el control absoluto del Estado.
