La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su administración mantendrá el convenio para emplear a médicos cubanos en el sistema de salud pública mexicano. La decisión prolonga un acuerdo intergubernamental que beneficia económicamente al régimen de La Habana, en medio de persistentes acusaciones internacionales sobre prácticas laborales coercitivas y retención de salarios por parte de la dictadura cubana.
Desde Palacio Nacional, la mandataria aseguró que la presencia de galenos de la isla no desplaza al personal nacional, argumentando un déficit histórico en la formación de especialistas en el país azteca. Sheinbaum defendió la calidad de los profesionales y destacó su disposición para laborar en zonas remotas. Además, adelantó un plan conjunto para 2026 enfocado en el tratamiento del pie diabético mediante el uso del medicamento Heberprot-P, lo que profundiza la dependencia bilateral en el sector sanitario y asegura nuevos laços de cooperación.
Millonario desembolso sin transparencia salarial
La ratificación del convenio llega en un contexto de escrutinio sobre el financiamiento de este programa. Investigaciones periodísticas basadas en documentos públicos revelaron que el ejecutivo mexicano ha destinado más de 2.019 millones de pesos entre 2022 y 2025 para financiar el traslado y manutención de estos profesionales. Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) carece de registros claros sobre los ingresos reales que perciben los médicos de forma individual, ya que los fondos son canalizados a través de empresas mexicanas y de la estatal Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A.
Para el gobierno cubano, la exportación de servicios médicos representa una de sus principales fuentes de divisas, esenciales para sostener una economía en profunda crisis estructural. Diversas organizaciones internacionales y analistas han documentado cómo el régimen retiene la mayor parte de los salarios de los profesionales desplegados en misiones en el extranjero. Quienes deciden abandonar estas asignaciones enfrentan medidas punitivas, incluyendo la prohibición de regresar a la isla durante ocho años, una práctica que ha sido catalogada por organismos defensores de los derechos humanos como una forma de trabajo forzado.
La prolongación de este convenio plantea interrogantes sobre la responsabilidad del Estado mexicano al financiar, directa o indirectamente, un mecanismo de captación de recursos del que se beneficia la dictadura cubana. Mientras el gobierno de México promete cesar las contrataciones una vez que logre graduar suficientes especialistas locales, la realidad actual consolida a La Habana como un proveedor estratégico. Esta dinámica no solo elude el debate sobre las condiciones laborales de los médicos, sino que garantiza un flujo de capital vital para las autoridades de la isla en medio de su crisis sistémica y el creciente éxodo migratorio.
