La justicia británica ha emitido una resolución definitiva que obliga al Banco Nacional de Cuba (BNC) a desembolsar 18,1 millones de libras esterlinas —aproximadamente 24,4 millones de dólares— a la firma de inversión CRF I Limited. La sentencia, dictada por el Tribunal Mercantil de Londres, marca un hito en la larga batalla legal por el impago de la deuda cubana y expone nuevamente la fragilidad financiera y el aislamiento del régimen de La Habana en los mercados internacionales.
El juez Andrew Baker, del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, emitió la orden tras una sentencia en rebeldía dictada previamente. El fallo establece que la entidad bancaria cubana debe abonar la suma total de 18.123.883,28 libras esterlinas en concepto de daños y costas, derivadas de una reclamación por deudas contraídas hace cuatro décadas. El tribunal otorgó un plazo de 14 días para el pago, contado a partir de la notificación formal de la resolución, y permitió a la parte demandada solicitar la anulación o modificación de la decisión en un plazo de siete días, facultad que el BNC no ejerció.
El litigio tiene sus raíces en dos acuerdos financieros suscritos en 1984, cuando el BNC aún operaba como banco central de la isla. En aquel entonces, la institución cubana estableció líneas de crédito con Credit Lyonnais y con el Istituto Bancario Italiano, por montos de 22,5 millones y 5,75 millones de marcos alemanes, respectivamente. La República de Cuba actuó como garante del segundo acuerdo. Sin embargo, el incumplimiento sistemático de los pagos por parte de las autoridades de la isla ha convertido estos instrumentos financieros en un símbolo de la desconfianza internacional hacia la economía cubana.
El fondo CRF I Limited, creado en 2009 específicamente para invertir en deuda cubana deteriorada, adquirió los derechos de cobro en 2019 tras una cesión por parte de ICBC Standard Bank. Desde entonces, la firma ha enfrentado una serie de obstáculos legales interpuestos por el gobierno cubano, que ha intentado desestimar la legitimidad del acreedor. El BNC llegó a calificar a CRF como un \»fondo buitre\», un argumento que la jueza Sara Cockerill desestimó en abril de 2023, determinando que invertir en deuda impagada no constituía una razón válida para negar el consentimiento de la transferencia.
La resolución judicial más reciente es significativa porque, a diferencia de los pronunciamientos anteriores que solo reconocían la legitimidad de CRF como acreedor y la jurisdicción británica, esta vez se fija una cantidad concreta y exigible. En noviembre de 2024, el Tribunal de Apelaciones británico ya había desestimado el recurso presentado por el BNC, y en marzo de 2025, la Corte Suprema denegó el permiso para apelar al considerar que la solicitud no presentaba ningún punto de derecho defendible. Ante el agotamiento de las instancias legales, el régimen de La Habana optó por el silencio procesal, no presentando alegaciones durante la fase de cuantificación de los daños.
Es importante destacar que la orden judicial recae exclusivamente sobre el Banco Nacional de Cuba y no sobre la República de Cuba ni el Banco Central de Cuba (BCC). Esta distinción técnica se debe a que, aunque el BNC actuó como banco central en 1984, perdió esa categoría en 1997 con la creación del BCC. La jueza Cockerill ya había establecido que el BNC carecía de capacidad para autorizar la cesión de la garantía estatal en nombre de la República, dejando a La Habana fuera de la demanda directa, aunque la responsabilidad última del impago recae sobre la política económica del Estado.
El contexto de asfixia económica y opacidad institucional
Este fallo judicial no ocurre en el vacío, sino que se inserta en la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. La incapacidad del ejecutivo cubano para honrar sus compromisos financieros internacionales es un reflejo directo del fracaso del modelo económico centralizado. Mientras el régimen de La Habana se enfrenta a demandas millonarias en tribunales extranjeros, la población cubana soporta una inflación descontrolada, un desabastecimiento crítico de bienes básicos y un colapso generalizado de los servicios públicos, incluidos el sistema de salud y el sector energético.
La falta de liquidez de las autoridades de la isla ha llevado a un incumplimiento generalizado de pagos a proveedores extranjeros, lo que a su vez ha reducido drásticamente los flujos de comercio y las líneas de crédito disponibles para importar alimentos, combustibles y medicinas. La deuda impagada con CRF es solo la punta del iceberg de un pasivo externo que el gobierno cubano mantiene en la más estricta opacidad. Esta falta de transparencia no solo afecta las relaciones diplomáticas y comerciales, sino que profundiza el descontento social y alimenta el imparable éxodo migratorio que ha visto partir a cientos de miles de ciudadanos en busca de supervivencia.
El silencio del régimen y las implicaciones a futuro
Antes de la emisión de esta orden monetaria, CRF intentó una salida negociada. El presidente del fondo, David Charters, confirmó que el 22 de junio se envió una propuesta directamente al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. La oferta buscaba establecer conversaciones confidenciales para explorar mecanismos de reestructuración, incluyendo instrumentos vinculados al crecimiento y canjes de deuda por participaciones empresariales. Sin embargo, ni el gobierno cubano ni el BNC emitieron respuesta, evidenciando la intransigencia y la falta de estrategia diplomática-financiera de la dictadura cubana frente a sus acreedores.
La negativa a dialogar y la posterior incomparecencia en el tribunal británico obligan ahora al BNC a enfrentar el embargo o la ejecución de sus activos en el extranjero, en la medida en que existan y puedan ser localizados. CRF ha asegurado que mantendrá abiertas tanto las vías judiciales como la posibilidad de un acuerdo, pero advierte que cualquier resolución negociada requerirá una \»interlocución seria y constructiva\» por parte de Cuba, algo que hasta ahora ha sido inexistente.
Las consecuencias de este fallo se extienden más allá del pago de los 24,4 millones de dólares. El caso sienta un precedente peligroso para la credibilidad internacional de las instituciones financieras de la isla. En un escenario donde la inversión extranjera directa es prácticamente nula y el turismo no logra recuperarse, sumar nuevos litigios por impago solo aleja cualquier posibilidad de reactivación económica. Mientras el poder en Cuba mantenga su política de incumplimiento y represión interna, la brecha entre el aislamiento financiero del Estado y la pobreza extrema de sus ciudadanos seguirá ensanchándose, sin visos de solución a corto o mediano plazo.
