Un grupo de estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad de Holguín presentó una demanda pública contra la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), acusando a la entidad estatal de violar los términos de sus propios contratos al imponer de forma unilateral nuevas restricciones en el servicio de datos móviles que afectan directamente a la comunidad estudiantil y profundizan la brecha social en el acceso a la información.
La acción legal fue divulgada mediante un documento formal en el que los estudiantes de Derecho plantean el incumplimiento de los términos del contrato de servicios de telefonía celular prepago. La demanda señala de manera específica que ETECSA está obligada, según sus propias condiciones contractuales, a «informar al cliente, con 30 días naturales de antelación, cualquier modificación en las condiciones de prestación del servicio». Sin embargo, las nuevas disposiciones entraron en vigor el 30 de mayo sin que mediara aviso previo alguno, lo que constituye una violación flagrante de las reglas de juego establecidas por la propia empresa.
Entre las medidas cuestionadas figura la limitación del uso de datos móviles a un paquete mensual adicional de 360 CUP, cuyo consumo se restringe a apenas 6 GB. Esta restricción se suma a los planes habituales y pretende funcionar como una opción complementaria para los usuarios que agotan su cuota mensual. No obstante, los estudiantes argumentan que esta oferta es manifiestamente insuficiente para las necesidades reales de la comunidad universitaria, que requiere conectividad permanente para acceder a plataformas educativas, investigaciones, bibliografías digitales y herramientas de trabajo académico.
En el texto de la demanda, los estudiantes subrayan que la medida «no resuelve las necesidades y el consumo mensual de los estudiantes universitarios», puesto que estos «sobrepasan los 12 GB que ETECSA de manera totalmente errada y descontextualizada define como estándar». La afirmación revela una desconexión profunda entre la burocracia empresarial del régimen de La Habana y la realidad cotidiana de los cubanos que dependen de la conectividad para desarrollar sus actividades académicas y profesionales.
Una medida «clasista y exclusivista» que dolariza el acceso a la información
Los demandantes calificaron la decisión de ETECSA como «clasista, exclusivista y contraria a derecho», al considerar que segmenta a la sociedad cubana en función del acceso a divisas extranjeras. La empresa de telecomunicaciones, que opera como monopolio estatal bajo control del gobierno cubano, ha estructurado sus nuevas tarifas de manera que los usuarios que puedan pagar en dólares tengan acceso a planes ampliados, mientras que quienes dependen exclusivamente del salario en pesos cubanos quedan relegados a un servicio mínimamente funcional.
«Esta medida dolariza parcialmente las comunicaciones en Cuba y profundiza la brecha entre amplios sectores de nuestra sociedad», advierte el documento. La denuncia apunta a un fenómeno que se ha intensificado en los últimos años: la creación de un sistema de apartheid económico donde el acceso a servicios básicos —desde la conectividad hasta productos de higiene y alimentación— está condicionado por la capacidad de pago en moneda extranjera, algo que la inmensa mayoría de la población cubana no puede alcanzar con los salarios que percibe del sector estatal.
La demanda también señala que las restricciones impuestas por ETECSA violan el derecho al teletrabajo y a la libertad de expresión en línea. Los estudiantes destacan que incluso aquellos vinculados a medios oficiales de radio, prensa o televisión se ven «severamente afectados por las limitaciones que representa la medida». Esto demuestra que el impacto de la decisión trasciende el ámbito académico y afecta transversalmente a múltiples sectores productivos y comunicacionales del país, en un momento en que la conectividad se ha vuelto indispensable para prácticamente toda actividad profesional.
Fundamentos constitucionales y penales
Para sustentar su reclamo, los estudiantes invocaron una serie de fundamentos jurídicos que incluyen los artículos 1, 42, 54 y 61 de la Constitución de 2019, así como los artículos 384.1 y 385.1 del Código Penal vigente (Ley 151/2022). La referencia a estos artículos no es casual: la Constitución cubana, en su artículo 54, reconoce el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información, mientras que el artículo 42 establece la prohibición de discriminación. Al citar estos preceptos, los demandantes exponen una contradicción evidente entre el marco legal formal del país y las políticas que implementa el ejecutivo cubano a través de sus empresas estatales.
Adicionalmente, los estudiantes incluyeron en el documento una advertencia expresa sobre posibles represalias: «Rechazamos y denunciamos públicamente con acción penal exigible a cualquier institución o funcionario público que tome como objeto de coacción, detención, acoso, separación o sanción institucional sobre cualquier estudiante, docente o trabajador que tenga participación directa o indirecta en protestas pacíficas». Esta cláusula refleja el clima de intimidación que impera en las universidades cubanas, donde cualquier expresión de disidencia o crítica institucional puede derivar en medidas disciplinarias, expulsiones o incluso acciones represivas por parte de los órganos de seguridad del Estado.
Rechazo a la FEU y la UJC
En uno de los pasajes más significativos del documento, los estudiantes manifiestan explícitamente su negativa a recibir el respaldo de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), organizaciones a las que acusan de no representar los intereses reales del estudiantado. Este gesto posee una carga simbólica considerable, pues la FEU ha sido históricamente instrumentada por el régimen como un mecanismo de control y movilización política dentro de los centros de enseñanza superior, más que como una genuina organización de defensa de los derechos estudiantiles.
La demanda fue compartida en Facebook por René Javier, un estudiante de Derecho de la Universidad de Holguín, quien al publicar el documento afirmó: «Todo jurista ya formado o en formación tiene el deber de librar batalla contra tres gigantes: el miedo, la injusticia y la ignorancia». La declaración sintetiza el espíritu que anima esta acción legal emprendida desde las aulas universitarias, en un contexto donde la disidencia académica conlleva riesgos personales y profesionales considerables.
Contexto: ETECSA y el monopolio de las comunicaciones en Cuba
La demanda de los estudiantes de Holguín debe enmarcarse en la estructura monopolística que caracteriza el sector de las telecomunicaciones en la isla. ETECSA, única empresa proveedora de servicios de telefonía e internet en Cuba, opera bajo control estatal sin competencia alguna, lo que le permite fijar tarifas y condiciones de servicio sin rendir cuentas a los consumidores. Esta ausencia de mercado competitivo y de marcos regulatorios independientes ha generado durante años un servicio de calidad deficiente, con velocidades de conexión muy por debajo de los estándares internacionales y tarifas desproporcionadas respecto al poder adquisitivo de la población.
Las medidas adoptadas por ETECSA el 30 de mayo no constituyen un hecho aislado, sino que se inscriben en una política sostenida de extracción de recursos del sector de las comunicaciones para paliar la profunda crisis fiscal del gobierno cubano. Con una economía en franco deterioro, marcada por una inflación galopante, la caída de las exportaciones tradicionales y la reducción de los flujos de crédito internacional, las autoridades de la isla han recurrido al cobro de servicios en divisas como una de las pocas vías para captar moneda extranjera. En este esquema, las telecomunicaciones se han convertido en una fuente significativa de ingresos en dólares, a costa del acceso equitativo de la población a un servicio esencial.
La restricción de datos móviles impacta de manera especial sobre el sector educativo, que ya arrastra deficiencias estructurales severas. Las universidades cubanas sufren desde hace años el deterioro de su infraestructura, la falta de materiales bibliográficos, la desconexión de plataformas académicas internacionales y la migración masiva de docentes. A esta situación se suma ahora la limitación de conectividad, que obstaculiza el acceso a repositorios digitales, clases virtuales y herramientas de investigación, agravando aún más la brecha entre la educación superior cubana y los estándares regionales.
El precedente de la protesta estudiantil
La acción de los estudiantes de Derecho de la Universidad de Holguín se produce en un escenario donde la protesta estudiantil ha comenzado a ganar visibilidad pese a la vigilancia y el control ejercidos por las organizaciones políticas oficialistas dentro de los campus universitarios. En los últimos años, múltiples denuncias sobre condiciones de vida precarias en las residencias estudiantiles, la escasez de alimentación en los comedores universitarios y la falta de transporte han generado movilizaciones y pronunciamientos públicos por parte de estudiantes de diversas provincias, un fenómeno que el régimen ha intentado contener mediante la combinación de concesiones mínimas y advertencias represivas.
El rechazo explícito a la FEU y la UJC por parte de los demandantes refleja una tendencia creciente: el descontento de las nuevas generaciones con las estructuras de representación oficialistas, percibidas como aparatos burocráticos desvinculados de las necesidades reales del estudiantado. Esta fractura entre la base juvenil y las organizaciones de masa del régimen representa un desafío significativo para las autoridades de la isla, que históricamente han sustentado parte de su legitimidad narrativa en el supuesto respaldo de los jóvenes.
Implicaciones y perspectivas
La demanda presentada por los estudiantes de Derecho de Holguín plantea un desafío inédito para ETECSA y para las autoridades cubanas. Al apelar al marco legal vigente —incluida la Constitución de 2019 y el Código Penal— los demandantes han utilizado las propias herramientas jurídicas del sistema para señalar sus contradicciones y abusos. Esta estrategia, que combina rigor técnico con denuncia pública, obliga al régimen de La Habana a enfrentarse a un dilema: responder formalmente a la demanda y reconocer la legitimidad del reclamo, o ignorarla y exponer la vacuidad de las garantías constitucionales que pregona.
El impacto de esta acción podría extenderse más allá del ámbito universitario. Si otros sectores profesionales y sociales adoptan estrategias similares de demanda legal fundamentada, el gobierno cubano enfrentaría una forma de presión ciudadana difícil de neutralizar mediante los métodos represivos habituales, pues se trataría de acciones estrictamente amparadas en la legalidad vigente. No obstante, el historial de la dictadura cubana en materia de respuesta a demandas ciudadanas resulta poco alentador: la judicialización de la protesta y el amedrentamiento de los demandantes son prácticas documentadas que podrían repetirse en este caso.
Lo que queda en evidencia con esta demanda es que la crisis cubana no se limita a sus indicadores macroeconómicos o a las cifras del éxodo migratorio, sino que atraviesa transversalmente todos los ámbitos de la vida social, incluido el acceso a un servicio tan básico como la conectividad. La dolarización de las comunicaciones, impuesta por una empresa monopolística sin contrapeso regulatorio alguno, es una expresión más del modelo extractivo que el gobierno cubano ha consolidado para sostener su estructura de poder. Que sean estudiantes de Derecho quienes levanten la voz y utilicen las herramientas jurídicas disponibles para confrontingar este modelo representa, al menos, un gesto de resistencia civil que merece atención y seguimiento.
