La cubana Yasmily Machado Duvergel, miembro del Movimiento de Opositores por una Nueva República (MONR), ha denunciado un nuevo episodio de hostigamiento y privación de libertad por parte de las autoridades de la isla tras exigir mejoras en las condiciones de vida de su hijo menor, recluido en la Escuela de Formación Integral (EFI) «José Martí». La mujer fue detenida durante tres días en un calabozo de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en Guanabacoa y posteriormente multada con 7.000 pesos, en un claro intento de la dictadura cubana por acallar su voz frente a la crisis humanitaria y las violaciones de derechos humanos que padecen los menores en estos centros.
El pasado 9 de junio, Machado Duvergel acudió a una citación emitida por el jefe de búsqueda y captura del municipio de Guanabacoa, su lugar de residencia. Lejos de tratarse de un trámite administrativo rutinario, la activista fue confinada en una celda de castigo durante tres días, sin que se le informaran de manera clara y oficial las causas de su retención. Durante su encierro, que se extendió hasta el 12 de junio, la mujer rechazó la alimentación proporcionada, calificándola de «sancocho» e incomible, lo que evidencia el nivel de degradación de las condiciones carcelarias incluso para personas que no han sido procesadas formalmente. Al ser liberada, se le impuso una multa de 7.000 pesos, una cifra exorbitante e inasumible en el contexto de la economía cubana actual, lo que revela el uso de la asfixia económica como herramienta de castigo.
El objetivo de este procedimiento arbitrario, según señaló la propia madre, no es otro que silenciar sus constantes quejas sobre la situación que atraviesa su hijo, Michel Yoel Valdés Machado, quien cumple un año y ocho meses de reclusión en la EFI «José Martí». Las declaraciones de Machado Duvergel exponen una realidad cruda y desoladora: los menores en estas instituciones están sometidos a un régimen de privaciones extremas. «Lo único que estoy denunciando son las condiciones en que están viviendo esos niños; están pasando hambre, necesidades, y nadie hace nada por mejorar sus condiciones de vida. Aunque hayan cometido delitos no son animales, y es así como los están tratando, como animales, o quizás peor aún», afirmó la opositora.
La descripción de la alimentación en el centro es alarmante y refleja el colapso generalizado del sistema de asistencia social en Cuba. Según el testimonio, los menores reciben escasas raciones de cocimiento por la mañana y únicamente la mitad de un pan. Productos básicos como el pollo o la carne nunca llegan a las manos de los reclusos, y en ocasiones ni siquiera hay arroz disponible. Machado Duvergel comparó la dieta de su hijo con la de los presos comunes del Combinado del Este, la mayor prisión del país, subrayando que la situación alimentaria en la EFI es igual o peor, lo que constituye una violación flagrante de los protocolos mínimos para el tratamiento de menores en estado de reclusión.
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Violencia institucional y abandono médico en menores
A la desnutrición se suma el abandono médico, una constante en los servicios públicos de la isla. La madre denunció que la EFI carece de los medicamentos más elementales para atender urgencias, tales como analgésicos básicos como la duralgina o antibióticos. La situación es tan precaria que el dentista del centro no dispone ni de material básico para curar o tratar un simple dolor de muela. Sin embargo, la denuncia más grave recae sobre la violencia física y psicológica. Machado Duvergel aseguró que los niños son castigados en celdas de aislamiento durante varios días e incluso golpeados por el personal del centro. Para ocultar estas prácticas represivas, las autoridades impiden que los familiares vean a los menores hasta que las marcas de los golpes hayan desaparecido por completo.
Un aspecto fundamental de este caso es la naturaleza institucional de las Escuelas de Formación Integral. Según datos oficiales, existen 12 centros de este tipo en el país, destinados a la «educación» de menores con problemas de conducta o que han cometido hechos tipificados como delitos. La particularidad de estas instituciones es que no están subordinadas al Ministerio de Educación, sino al Ministerio del Interior (MININT). Esta estructura revela cómo el régimen de La Habana aborda la problemática juvenil desde una lógica puramente punitiva, policial y militarizada, en lugar de un enfoque pedagógico, terapéutico y de reintegración social.
El reflejo de una crisis estructural
El calvario de Michel Yoel y otros menores en la EFI «José Martí» no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de la profunda crisis estructural que atraviesa Cuba. La escasez crónica de alimentos, la inflación galopante y el desabastecimiento de medicamentos han colapsado no solo la economía familiar, sino también las instituciones estatales. El gobierno cubano ha demostrado una incapacidad sistemática para garantizar la seguridad alimentaria y la salud de la población en general, y los centros de reclusión o reeducación no son la excepción. En este escenario, los menores institucionalizados se convierten en uno de los sectores más vulnerables, invisibilizados y desprotegidos del país.
A la crisis material se suma el componente represivo. La detención de Yasmily Machado Duvergel encaja perfectamente en el modus operandi de la dictadura cubana frente a cualquier intento de escrutinio público o exigencia de derechos. El acoso a opositores y a ciudadanos comunes que alzan la voz contra las deficiencias del sistema es una práctica institucionalizada. Al imponerle una multa de 7.000 pesos tras retenerla en un calabozo sin garantías procesales, el aparato estatal busca desincentivar la denuncia mediante el desgaste físico, la intimidación y el estrangulamiento económico de quienes se atreven a cuestionar el funcionamiento de las instituciones del Estado.
Antecedentes de un sistema fallido
Históricamente, el Estado cubano ha manejado la delincuencia juvenil y los problemas de conducta a través de la institucionalización y el aislamiento, marginando el trabajo social comunitario. Durante décadas, las EFIs funcionaron bajo un velo de opacidad, alejadas del escrutinio independiente de la sociedad civil. En tiempos de bonanza económica relativa, el régimen lograba mantener una fachada de «reeducación» con ciertos recursos, pero con el deterioro progresivo del modelo económico cubano, estas instituciones han mutado hacia escenarios de hacinamiento, malnutrición y violencia, asimilándose cada vez más a las prisiones de adultos.
El impacto psicológico de este sistema en los menores es devastador. Lejos de corregir conductas, la combinación de hambre, falta de atención médica, aislamiento y tortura física garantiza la perpetuación de un ciclo de trauma, resentimiento y exclusión social. Cuando el Estado responde a la problemática juvenil con métodos carcelarios administrados por el MININT, el resultado es la criminalización de la infancia y la destrucción de cualquier posibilidad de desarrollo integral para estos jóvenes.
El caso de la EFI «José Martí» plantea un interrogante urgente sobre el futuro de la niñez y la juventud en Cuba. Someter a menores a un sistema que los priva de alimento, atención médica y que utiliza la violencia física como método de control es una violación sistemática de los derechos humanos que no puede quedar impune. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos de la infancia deben prestar atención a estos centros ocultos bajo la administración del Ministerio del Interior. Mientras tanto, la valentía de madres como Yasmily Machado Duvergel rompe el silencio impuesto por el régimen de La Habana, evidenciando que la crisis cubana no solo destruye la economía y las libertades políticas, sino que también vulnera los derechos más fundamentales de los sectores más indefensos de la sociedad.
