El mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, volvió a negar la existencia de presos políticos en la isla durante una entrevista con el periodista brasileño Breno Altman, asegurando que los cientos de ciudadanos encarcelados tras las protestas pacíficas están detenidos por «vandalismo» y no por disentir del poder, en un intento por desviar la atención de la profunda crisis económica y social que atraviesa el país.
En un nuevo ejercicio propagandístico difundido por los canales oficiales, el régimen de La Habana intentó desmontar las acusaciones internacionales sobre violaciones a los derechos humanos. Durante la conversación, sostenida en el Palacio de la Revolución, Díaz-Canel defendió el sistema unipartidista y calificó las críticas sobre la falta de libertad de prensa y la represión a la disidencia como «injerencia». Según su narrativa, nadie es condenado por oponerse a la llamada Revolución, sino por cometer delitos comunes y acciones vandálicas.
El ejecutivo cubano arremetió directamente contra Estados Unidos, a quien acusó de financiar a la disidencia y de permitir el entrenamiento de grupos armados en su territorio para perpetrar actos terroristas contra la isla. Estas declaraciones buscan reinstalar la gastada narrativa del «enemigo externo» como justificación principal para el endurecimiento de las políticas de seguridad interna y el cercenamiento de las libertades ciudadanas. Al afirmar que la oposición no cuenta con apoyo popular y que cae en hechos delictivos, el gobernante intenta deslegitimar el creciente malestar social.
Las afirmaciones de Díaz-Canel contrastan de manera frontal con la documentación exhaustiva realizada por organizaciones internacionales y plataformas independientes. De acuerdo con el informe más reciente de la organización Prisoners Defenders, correspondiente a abril de 2025, Cuba mantenía al menos 1.066 presos políticos y de conciencia. Esta cifra incluye a manifestantes detenidos durante las jornadas del 11 de julio de 2021, además de activistas, periodistas independientes y artistas perseguidos por el simple ejercicio de su trabajo y pensamiento.
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La dictadura cubana ha recurrido históricamente a la negación sistemática del encarcelamiento por motivos políticos para maquillar su cara ante la opinión pública internacional. Sin embargo, organismos como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han alertado de manera reiterada sobre la falta de garantías procesales en el país. El uso de figuras penales deliberadamente ambiguas, tales como «desacato», «desórdenes públicos» o «propaganda enemiga», ha sido la herramienta principal para criminalizar la protesta social y acallar la disidencia, impidiendo además a los acusados el acceso a una defensa legal verdaderamente independiente.
En su intervención, Díaz-Canel también criticó a la prensa internacional y a las redes sociales, argumentando que construyen una «Cuba virtual» alejada de la realidad de la isla. No obstante, el gobierno cubano mantiene un férreo control sobre los medios de comunicación tradicionales, los cuales están monopolizados por el Estado y funcionan como aparatos de propaganda. Es precisamente en los espacios digitales donde la ciudadanía logra sortear la censura para documentar y denunciar a diario la represión policial, el hambre, los apagones y el éxodo forzado que sí conforman la verdadera y cruda realidad cubana.
Antecedentes de la criminalización de la protesta
La postura del régimen frente a la disidencia ha sido de intransigencia absoluta, especialmente tras las protestas históricas del 11 de julio de 2021. En aquella ocasión, miles de cubanos salieron a las calles de forma espontánea para exigir libertades y mejoras en las condiciones de vida. La respuesta de las autoridades de la isla fue una brutal represión policial, cientos de detenciones arbitrarias y juicios sumarios donde se impusieron penas de prisión desproporcionadas a ciudadanos que ejercieron su derecho a la manifestación pacífica. La negación actual de la existencia de presos políticos es la continuación lógica de la estrategia estatal para despojar de legitimidad al movimiento cívico que emergió hace cuatro años.
Entrevista con Breno Altman
Contexto de crisis estructural y malestar social
El intento de Díaz-Canel por culpar al «imperio» de capitalizar un descontento supuestamente fabricado ignora la profunda crisis estructural que atraviesa la nación. El deterioro de la economía se ha acelerado con una inflación galopante que destruye el poder adquisitivo de los salarios, mientras la escasez de alimentos, medicinas y combustibles se convierte en la norma diaria para la mayoría de la población. Los apagones prolongados, que en ocasiones superan las 12 horas diarias en diversas provincias, han sido el detonante de cacerolazos y protestas de barrio, demostrando que la indignación ciudadana nace de las condiciones materiales impuestas por el fracaso del modelo económico.
A la crisis económica se suma el colapso generalizado de los servicios públicos, especialmente del sistema de salud, que ha perdido su capacidad de atención básica y sufre un éxodo masivo de profesionales. Este panorama ha impulsado una migración sin precedentes en la historia reciente de la isla. Cientos de miles de cubanos han abandonado el país en los últimos años rumbo a Estados Unidos y otras naciones, huyendo de la falta de oportunidades y de la asfixia política. La salida masiva de ciudadanos, muchos de ellos jóvenes y profesionales, desmiente de hecho la narrativa oficial de estabilidad y respaldo popular al sistema.
La estrategia del régimen de La Habana parece centrarse en desviar la atención de los fracasos internos mediante el recurso recurrente al bloqueo y la supuesta injerencia extranjera. Al tildar a la oposición de «grupúsculos contrarrevolucionarios» financiados desde el exterior, el gobierno intenta privar a los activistas de cualquier base social. Sin embargo, las voces que reclaman cambios estructurales, libertades individuales y justicia para los encarcelados siguen creciendo dentro y fuera de la isla, apoyadas por el activismo digital que el poder no logra silenciar por completo a pesar de los cortes de internet y la vigilancia.
Implicaciones y panorama futuro
El endurecimiento del discurso oficial augura un escenario de mayor represión en los meses venideros. Al negar la existencia de presos políticos y justificar las detenciones bajo el amparo de un sistema judicial controlado, la dictadura cubana envía un mensaje disuasivo a la población: cualquier manifestación de descontento será tratada como un acto delictivo y penalizada con severidad. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos mantienen su presión diplomática, pero la falta de consecuencias tangibles ha permitido que las autoridades de la isla operen con impunidad. Mientras tanto, los cubanos continúan resistiendo un modelo que, ante la evidencia de su propio colapso, prefiere recluir a sus ciudadanos antes que abrir espacios de diálogo y democratización.
