El gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró en una reciente entrevista que la Administración de Estados Unidos estaría evaluando tres escenarios para forzar un cambio político en la isla: provocar un estallido social mediante la asfixia económica, imponer un diálogo coercitivo para apoderarse de la economía o ejecutar una agresión militar. Las declaraciones se producen en medio de una severa escalada de sanciones diplomáticas y económicas impulsada por Washington, que el régimen de La Habana interpreta como una amenaza directa a su permanencia en el poder.
En conversación con el periodista Andrés Gil, de elDiario.es, el mandatario islandés sostuvo que la primera estrategia de Washington consistiría en ahogar económicamente al país para desatar una crisis social que justifique una intervención humanitaria. Como segunda opción, señaló un supuesto diálogo de máxima presión destinado a ocupar el aparato económico cubano y, a partir de ahí, propiciar una transformación del sistema político. El tercer escenario, según su narrativa, sería una agresión militar directa.
Díaz-Canel defendió que estas hipótesis no son una construcción propagandística de la dictadura cubana, sino que emanan de la retórica oficial de la Casa Blanca. «Nosotros tenemos el derecho a defendernos, a prepararnos para defendernos, para que no haya sorpresa y para que no haya derrota», declaró, apelando a la doctrina militar conocida como «Guerra de todo el pueblo». Bajo este esquema, el gobierno cubano amenaza con involucrar a la población civil en un eventual conflicto bélico, calculando que una invasión costaría «cientos de miles de vidas cubanas», pero también provocaría grandes pérdidas al agresor.
Escalada de medidas ejecutivas desde Washington
Las declaraciones del líder cubano llegan en un contexto de endurecimiento sustancial de la política exterior estadounidense. Durante su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha firmado varias disposiciones que recrudecen el embargo. El 29 de enero pasado, una orden ejecutiva declaró las acciones del régimen de La Habana como una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional de EE.UU., estableciendo además un mecanismo de aranceles a países que suministren petróleo a la isla.
En ese documento, Washington acusó a La Habana de cooperar con potencias como Rusia, China e Irán, respaldar a grupos terroristas como Hamás y Hezbolá, y mantener una política sistemática de represión contra opositores políticos y restricciones a la libertad de prensa. Posteriormente, el 1 de mayo, una segunda orden amplió el espectro sancionador al permitir el bloqueo de bienes y intereses de personas y entidades extranjeras vinculadas a sectores clave de la isla, tales como energía, defensa, minería, servicios financieros y seguridad.
El ejecutivo cubano calificó estas medidas como un «bloqueo energético» y una internacionalización del castigo, al amenazar a actores de terceros países que mantengan vínculos con el aparato estatal cubano. La estrategia de Washington quedó además plasmada en el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre Cuba, firmado en junio de 2025. Este documento condiciona el levantamiento del embargo a la existencia de un gobierno de transición, prohíbe operaciones que beneficien a la cúpula militar y promueve el fortalecimiento del sector privado, la prensa libre y la sociedad civil.
La retórica estadounidense se ha endurecido aún más tras la operación militar que culminó con la captura y extradición del dictador venezolano Nicolás Maduro. En un mensaje emitido el 20 de mayo, Trump citó este evento como un «mensaje claro» para los aliados de Maduro en La Habana, advirtiendo que quienes desestabilicen el hemisferio enfrentarán severas consecuencias y prometiendo no descansar hasta que el pueblo cubano recupere su libertad.
Canales discretos y el rechazo a condicionamientos políticos
A pesar del tono beligerante, Díaz-Canel reconoció la existencia de contactos discretos entre funcionarios de ambos países, mediados por actores internacionales. Aunque no detalló el contenido de estas conversaciones, indicó que las autoridades de la isla están dispuestas a mantener un diálogo para resolver diferencias bilaterales y explorar áreas de cooperación, e incluso aceptar inversiones y negocios estadounidenses si se levantan las restricciones que los impiden.
Sin embargo, el gobernante fue tajante al establecer las líneas rojas para cualquier negociación: el diálogo debe desarrollarse sin presiones, en igualdad de condiciones y sin exigencias sobre la modificación del sistema político y económico. «No puede haber imposición de cambio de sistema político. No están en juego los asuntos internos de nuestro país», sentenció. Esta postura contrasta frontalmente con la realidad interna, donde la dictadura cubana mantiene intacto el monopolio del Partido Comunista, prohíbe la oposición organizada y mantiene encarceladas a cientos de personas por participar en protestas antigubernamentales.
El estallido social como espejo de la crisis estructural
La advertencia de Díaz-Canel sobre un supuesto plan estadounidense para provocar un estallido social obvia el hecho de que la isla atraviesa una profunda crisis estructural que no requiere de injerencia externa para detonar. La economía cubana sufre una hiperinflación galopante, un desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y colapsos sistemáticos en el servicio eléctrico y el sector de la salud. El modelo centralizado y la falta de incentivos productivos han llevado a la quiebra del aparato estatal, mientras la población sobrevive en la informalidad y depende casi exclusivamente de las remesas.
Paralelamente, el régimen de La Habana enfrenta el mayor éxodo migratorio de su historia contemporánea. Cientos de miles de cubanos han abandonado la isla en los últimos años huyendo de la falta de oportunidades y la asfixiante represión política. El temor a un nuevo levantamiento popular, similar al ocurrido el 11 de julio de 2021 (11J), es latente en la cúpula de poder. La respuesta del gobierno cubano ante el descontento no ha sido la apertura o la autocrítica, sino el incremento de la vigilancia policial, la criminalización de la disidencia y la aplicación de leyes arbitrarias para silenciar a la prensa independiente y a los activistas de derechos humanos.
Implicaciones futuras y el papel de la comunidad internacional
El cruce de acusaciones entre Washington y La Habana augura un periodo de alta tensión bilateral, con la ciudadanía cubana atrapada en el medio de una pugna de poder. Mientras el gobierno cubano utiliza el discurso del «sitio sitiado» para justificar el endurecimiento del control interno y la nula apertura democrática, las sanciones estadounidenses amenazan con profundizar el sufrimiento de la población civil sin necesariamente democratizar el sistema desde arriba.
El futuro inmediato de Cuba se debate entre la presión externa y la intransigencia de una cúpula que prefiere arriesgar un conflicto bélico antes que ceder su monopolio político. La comunidad internacional observa con cautela cómo se desarrollará esta nueva etapa, en la que la supervivencia de la dictadura cubana dependerá tanto de su capacidad de represión interna como de su habilidad para mantener apoyos diplomáticos y económicos en un escenario global cada vez más hostil para los regímenes autoritarios.
