El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una nueva licencia que autoriza, bajo condiciones estrictas, la descarga de gas licuado de petróleo (GLP) en Venezuela. La medida, diseñada para aliviar necesidades humanitarias en el país suramericano, tiene una resonancia directa en la profunda crisis energética y de combustibles que sufre la isla caribeña, históricamente dependiente del flujo de hidrocarburos desde la nación bolivariana.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) publicó la «Licencia General 40D», un instrumento regulatorio que permite realizar todas las transacciones ordinarias y necesarias para la entrega y descarga de GLP en territorio venezolano. Esta autorización mantendrá su vigencia hasta el 5 de septiembre de 2025 a las 12:01 a.m. (hora del Este), condicionada a que el combustible haya sido cargado en un buque tanque a más tardar el 7 de julio del presente año.
La disposición abarca de manera específica las operaciones que involucren al Gobierno de Venezuela, a la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y a cualquier entidad en la que la petrolera estatal tenga una participación directa o indirecta del 50 por ciento o superior. Al levantar de manera temporal las restricciones impuestas por las Órdenes Ejecutivas 13850, 13857 y 13884, Washington busca atender el déficit de gas de cocina en el país suramericano sin desmantelar el andamiaje de sanciones generales que pesa sobre el aparato económico venezolano.
Firmada por Lisa M. Palluconi, directora interina de la OFAC, la «Licencia General No. 40D» reemplaza y deja sin efecto la anterior «Licencia General No. 40C». Las autoridades estadounidenses han subrayado que esta concesión no exime a las partes del cumplimiento de los requisitos establecidos por otras agencias federales, como la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio, manteniendo un estricto control sobre el flujo de hidrocarburos en la región.
El impacto en la dependencia energética de la isla
Aunque la medida está diseñada estrictamente para aliviar la escasez de gas en Venezuela, su impacto geopolítico trasciende las fronteras del país suramericano. El régimen de La Habana depende históricamente de los envíos de combustible subsidiado desde Venezuela para mantener a flote su precaria matriz energética. Cualquier fluctuación en la producción, capacidad de descarga o flujo comercial de PDVSA se traduce inmediatamente en alivio o escasez para los hogares cubanos.
En Cuba, el desabastecimiento de gas licuado de petróleo ha alcanzado niveles críticos en los últimos años. Durante meses, la población ha enfrentado esperas interminables, que en algunos municipios superan los 60 o 90 días, para la recarga de los cilindros de gas, el principal medio de cocción en la isla. Ante la incapacidad del gobierno cubano para garantizar este servicio básico, miles de familias han recurrido a cocinar con leña, lo que ha generado no solo una alarmante deforestación en zonas periféricas, sino también problemas respiratorios derivados de la inhalación de humo en espacios cerrados.
La crisis del GLP es un síntoma más del colapso estructural que atraviesa la nación. La falta de divisas, la ineficiencia de la empresa estatal Cupet y la dependencia absoluta del exterior han dejado a la ciudadanía en una vulnerabilidad extrema. Cuando la desesperación ha derivado en protestas espontáneas por la falta de gas o electricidad en los barrios, la dictadura cubana ha respondido con la habitual represión, despliegue policial y criminalización del descontento social, en lugar de ofrecer soluciones estructurales o rendir cuentas por la debacle.
Antecedentes de un intercambio desigual
Históricamente, el acuerdo petrolero entre Caracas y La Habana, surgido a inicios de siglo durante la era de Hugo Chávez, garantizó el suministro de más de 50.000 barriles diarios de petróleo y derivados a la isla a cambio de servicios médicos y de inteligencia. Sin embargo, la caída en la producción venezolana y el endurecimiento de las sanciones de EE.UU. contra PDVSA mermaron drásticamente estos envíos. El ejecutivo cubano ha tenido que buscar alternativas en el mercado internacional, pagando precios de contado que la economía planificada e ineficiente no puede sostener, profundizando la inflación y la escasez de productos básicos.
Más allá del gas de cocina, el sector energético cubano está en estado terminal. Las termoeléctricas sufren averías constantes debido a la falta de mantenimiento, inversión y piezas de reparto, lo que provoca apagones que superan las 10 o 12 horas diarias en diversas provincias. Esta situación ha sido un catalizador del masivo éxodo migratorio que vive el país, con cientos de miles de cubanos abandonando la isla ante la imposibilidad de mantener una calidad de vida mínima y la asfixia de las libertades ciudadanas.
Contexto geopolítico y consecuencias a futuro
La autorización de la OFAC, al asegurar la descarga de GLP en Venezuela, podría liberar marginalmente algunas cuotas de producción o capacidad logística en la región que, indirectamente, podrían incidir en los flujos comerciales hacia la isla. Sin embargo, el gobierno estadounidense mantiene un escrutinio severo sobre cualquier operación que beneficie a las autoridades de la isla, por lo que el margen de maniobra para el régimen de La Habana sigue siendo extremadamente estrecho y sujeto a la volatilidad internacional.
El manejo de las sanciones y excepciones por parte de Washington demuestra una estrategia enfocada en mitigar el daño humanitario sin legitimar a los actores sancionados. No obstante, en Cuba, la narrativa oficial suele capitalizar estas medidas internacionales para justificar sus propios fracasos internos, omitiendo que la raíz del desabastecimiento energético reside en la falta de un modelo económico productivo, la corrupción institucionalizada y el embargo interno que el poder ejerce sobre la iniciativa privada y las libertades.
En definitiva, mientras Washington ajusta su política de sanciones para mitigar impactos humanitarios en Venezuela, las autoridades de la isla continúan sin presentar un plan viable para el rescate de su sector energético. La dependencia externa, sumada a la intransigencia ideológica, mantiene a Cuba en un ciclo de crisis del que parece imposible salir sin un cambio profundo en la gestión del poder. La ciudadanía, mientras tanto, seguirá midiendo el tiempo de espera por un balón de gas en medio de la oscuridad de los apagones, aguardando respuestas que el Estado no parece capaz, ni dispuesto, a ofrecer.
