Se cumplen 66 años de la promulgación de la Primera Ley de Reforma Agraria en Cuba, un hito que el régimen de La Habana conmemora como un acto de justicia social, pero que en la práctica marcó el inicio de la expropiación estatal, la destrucción de la producción agroindustrial y el empobrecimiento estructural de la nación. La medida, rubricada en la Sierra Maestra en 1959, sentó las bases del monopolio gubernamental sobre la tierra, cuyas consecuencias de desabastecimiento, inflación y miseria se padecen con crudeza en la actualidad.
El 17 de mayo de 1959, en el campamento de La Plata, en lo intrincado de la Sierra Maestra, se firmó la denominada Primera Ley de Reforma Agraria. Lejos de las instituciones republicanas y bajo un estricto halo de secretismo, el entonces primer ministro Fidel Castro orquestó una redacción que no estuvo a cargo de juristas o expertos en la materia, sino de figuras políticas y militares como el Che Guevara, Vilma Espín, Alfredo Guevara y Antonio Núñez Jiménez. Esta operación, ajena a todo control democrático y a la debate público, transfería la titularidad de las grandes propiedades rurales y agroindustriales de manos privadas al control omnímodo del Estado, configurando un régimen terrateniente de carácter único en la región.
Publicitada en su momento como un acto reivindicativo para los campesinos desposeídos, la normativa nunca redistribuyó verdaderamente la tierra ociosa entre los agricultores independientes. Por el contrario, el gobierno cubano consolidó una estructura burocrática que enmascaraba el naciente totalitarismo bajo prememas socializantes. Cuatro años después, el 3 de octubre de 1963, una segunda ley profundizó esta dinámica confiscatoria, reduciendo aún más la propiedad privada y consolidando el modelo colectivista que ahogaría de manera irreversible la productividad del campo cubano.
Es innegable que el sector agrario cubano antes de 1959 presentaba desigualdades complejas, heredadas del colonialismo español y arraigadas en la etapa republicana. La propia Constitución de 1940, en su artículo 90, proscribía el latifundio y establecía la necesidad de revertir la tierra al cubano, reconociendo la pertinencia de una reforma que maximizara la pequeña y mediana propiedad. Sin embargo, el modelo impuesto por la dictadura cubana no buscaba un equilibrio socioeconómico ni el fortalecimiento de la clase campesina, sino la eliminación de cualquier actor económico autónomo que pudiera representar una contraparte de poder frente al Estado.
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La implementación de estas leyes no solo confiscó hectáreas de tierra, sino que desmanteló un entramado agroindustrial altamente productivo. Cientos de poblados, ferrocarriles y asentamientos rurales fueron arrasados o abandonados, provocando una drástica disminución de la población campesina y el desmantelamiento de culturas agrarias que eran el verdadero asiento de la cubanidad. La retórica oficialista de celebrar el 17 de mayo como el «Día del Campesino» contrasta de forma grotesca con la realidad actual: extensas áreas antes fértiles hoy están invadidas por el marabú, un arbusto espinoso que crece imparable donde alguna vez hubo potreros, grúas transbordadoras y prósperos bateyes azucareros.
Las cifras de la producción cubana previas a la intervención estatal evidencian la magnitud del desastre económico. En 1958, a pesar del conflicto bélico que vivía la isla, Cuba contaba con 161 centrales azucareros que produjeron 5,8 millones de toneladas de azúcar. La producción de arroz alcanzó las 135.000 toneladas, los frijoles 37.100 y el café 43.900 toneladas. La ganadería vacuna sumaba seis millones de cabezas, casi una res por cada habitante, con una producción lechera estimada en 400 millones de litros y una capacidad de generar 100 millones de huevos. Ese nivel de producción y autosustento es hoy una quimera para un país que depende en más del 80% de la importación de alimentos para sobrevivir.
Impacto sistémico: del colapso agrario al éxodo migratorio
El colapso del sector agrario no es un fenómeno aislado, sino el epicentro de la crisis estructural que define a la Cuba contemporánea. La incapacidad de las autoridades de la isla para garantizar la soberanía alimentaria ha derivado en una inflación galopante, donde los productos básicos son inalcanzables para el salario promedio de un trabajador estatal. Los mercados agropecuarios sufren un desabastecimiento crónico, y los escasos productos que llegan a ellos lo hacen a precios especulativos, producto de la ineficiencia en la cadena de distribución y la asfixia impositiva controlada por el ejecutivo cubano.
Esta asfixia económica en el campo ha sido uno de los motores primarios del éxodo migratorio sin precedentes que vive la nación. La falta de oportunidades, el acoso burocrático a los productores privados que intentan surgir bajo las restricciones del Estado, y la precariedad extrema en las zonas rurales han provocado que miles de campesinos y trabajadores agrícolas abandonen sus tierras. La juventud rural ha optado masivamente por la migración hacia centros urbanos o, en su defecto, por arriesgar sus vidas en la peligrosa ruta migratoria hacia Estados Unidos y otros países de la región, dejando un campo envejecido, despoblado y tecnológicamente estancado.
La represión y el control estatal sobre la tenencia de la tierra siguen siendo herramientas fundamentales de la dictadura cubana para mantener el statu quo. Cualquier intento de autonomía productiva, asociacionismo independiente o acumulación de capital por parte de los agricultores es rápidamente neutralizado bajo el temor de la emergencia de una clase media rural. Las promesas de las autoridades de «actualizar» el modelo económico han chocado repetidamente con la realidad de una legislación que sigue privilegiando el monopolio estatal sobre la tierra, impidiendo el desarrollo de un sector agropecuario dinámico y competitivo.
Un futuro condicionado por la pobreza institucionalizada
Mientras las leyes que legitiman la pobreza y el monopolio estatal de la tierra se mantengan vigentes, la mendicidad material y moral seguirá siendo el destino forzoso para gran parte de la población cubana. La promesa de una futura ley para la posesión y tenencia de la tierra, esgrimida recurrentemente por el régimen de La Habana, genera un escepticismo generalizado entre los expertos y la propia ciudadanía, ya que no se vislumbra una voluntad política real de desmontar el aparato confiscatorio que destruyó al campo cubano hace más de seis décadas.
La recuperación de la soberanía alimentaria, el freno al éxodo migratorio y la estabilización económica del país dependen, inevitablemente, de la restitución de los derechos de propiedad y de la liberación de las fuerzas productivas. Sin embargo, mientras la prioridad del gobierno cubano sea el control político absoluto por encima del desarrollo nacional, el campo seguirá siendo un reflejo de marabú y abandono, y el 17 de mayo continuará siendo, más que una celebración, el recordatorio anual de un desastre económico que pauperizó a toda una nación.
