La vicecanciller cubana, Josefina Vidal, aseguró durante una visita a Ottawa que el régimen de La Habana se está preparando para defender la isla ante una eventual confrontación militar con Estados Unidos. En un intento por eludir la presión internacional derivada de las nuevas medidas de Washington, la funcionaria buscó el respaldo del gobierno canadiense y denunció el impacto de las sanciones en la economía nacional y en empresas extranjeras.
En declaraciones a la agencia The Canadian Press, Vidal sostuvo que aunque el ejecutivo cubano no desea un enfrentamiento, existen \»amenazas públicas\» de una acción militar por parte de Washington. Su gira por la capital canadiense incluyó reuniones con parlamentarios, funcionarios y empresarios, con el objetivo de articular una respuesta conjunta frente al endurecimiento de la política estadounidense hacia la isla. La diplomática intentó posicionarse como víctima de un \»castigo colectivo\», omitiendo la responsabilidad de la dictadura cubana en el colapso económico y la sistemática violación de los derechos humanos que han motivado estas medidas coercitivas.
El diferendo bilateral ha alcanzado uno de sus puntos más álgidos tras las recientes órdenes ejecutivas de la Casa Blanca. El gobierno estadounidense declaró una emergencia nacional respecto a Cuba y estableció aranceles a naciones que suministren petróleo a la isla. Posteriormente, se implementó un nuevo programa de sanciones dirigido a sectores estratégicos como energía, defensa, minería y finanzas. Esta ofensiva incluye la designación del conglomerado militar GAESA, brazo económico de la dictadura, lo que busca asfixiar el flujo de divisas que sostiene al aparato represivo en detrimento del bienestar popular.
Impacto en la inversión extranjera y la crisis energética
Las afirmaciones de Vidal sobre el perjuicio a terceros países cobran relevancia ante la reciente retirada de la hotelera canadiense Blue Diamond Resorts y la reducción de operaciones de Sherritt International en la planta de níquel y cobalto en Moa, Holguín. Esta última paralización responde directamente a la falta de suministro de combustible, un problema crónico en la isla que las autoridades atribuyen al embargo, pero que evidencia la incapacidad estructural del régimen de La Habana para garantizar la viabilidad de su economía y honrar sus compromisos comerciales.
La estrategia diplomática del gobierno cubano busca desesperadamente aliados para mitigar el aislamiento financiero, en medio de una profunda crisis sistémica caracterizada por una inflación galopante, apagones prolongados, desabastecimiento y un éxodo migratorio sin precedentes. Mientras las autoridades de la isla intentan vender al exterior una narrativa de agresión externa, la realidad interna refleja un estado policial que reprime a la disidencia y ahoga cualquier atisbo de protesta social. La postura que asuma la comunidad internacional, particularmente socios comerciales como Canadá, será determinante para evaluar si la presión sobre la cúpula gobernante logra forzar una apertura democrática o si el régimen continuará instrumentalizando el conflicto con Washington para justificar el colapso de la nación.
