El régimen de La Habana ha lanzado una nueva ofensiva contra los actores económicos no estatales y los medios independientes que monitorean el mercado paralelo de divisas. Mediante la criminalización de la compraventa de dólares y la creación del delito de \»terrorismo económico\», las autoridades de la isla buscan captar la moneda fuerte que escapa a su control, en medio de una profunda crisis estructural que amenaza con quebrar los pocos emprendimientos que aún sobreviven.
La reciente persecución contra periodistas y ciudadanos que informan de manera autónoma sobre el comportamiento del dólar en el mercado informal no es más que una maniobra de distracción. El gobierno cubano enfrenta una urgente necesidad de captar divisas para sostener su estrategia de dolarización parcial de la economía. Sin embargo, una parte significativa de esos dólares está siendo absorbida por el sector privado, que sobrevive gracias a un esquema financiero paralelo. Ante la incapacidad de controlar este flujo monetario, el ejecutivo cubano ha optado por atacar directamente el centro vital de estos negocios: el acceso a la moneda fuerte.
El régimen de La Habana se encuentra en una encrucijada. Aunque podría decretar la extinción total de las empresas no estatales, una medida de esta magnitud enviaría una señal negativa a los inversores extranjeros que tanto necesita. Además, perjudicaría los intereses de la élite militar y política que opera tras la fachada de negocios \»privados\». Estos establecimientos funcionan como mecanismos de recaudación de divisas para la dictadura, permitiéndole evadir las sanciones internacionales o canalizar ayudas externas destinadas al desarrollo. Un cierre indiscriminado expondría esta red de testaferros y privilegios, por lo que las autoridades han preferido una estrategia de asfixia selectiva.
El invento del \»terrorismo económico\» y la represión financiera
Para ejecutar esta operación de cierre discreto, la dictadura cubana ha cruzado los límites de la represión tradicional al inventar una figura jurídica sin precedentes: el \»terrorismo económico\». Lo que hasta hace unos días era una práctica tolerada, aunque informal, ha sido criminalizada de manera extrema. Con amenazas explícitas y mensajes de respaldo desde la más alta dirección del Estado, se siembra el terror entre la población. Ciudadanos y emprendedores temen ahora responder a anuncios de compraventa de divisas ante el miedo a una encerrona policial, paralizando de facto las transacciones que sostienen a la microempresa en la isla.
Esta ofensiva se inscribe en la crisis sistémica que atraviesa la isla, caracterizada por la hiperinflación, el desabastecimiento crónico y la incapacidad del Banco Central para proveer de dólares al sector productivo. Al bloquear el acceso a la moneda fuerte y perseguir a quienes la intercambian, el gobierno cubano garantiza la quiebra a corto plazo de los emprendimientos genuinos que aún quedan a flote. Los receptores de remesas también se ven atrapados en esta cacería, lo que agudizará el empobrecimiento de la población y, con toda seguridad, acelerará el éxodo migratorio hacia terceros países.
El panorama que se avecina muestra a una ciudadanía acorralada por la escasez y el miedo. La comunidad internacional deberá observar con cautela cómo la falta de libertades económicas se utiliza como un arma más de control social, mientras el régimen prioriza la captación de divisas para su maquinaria por encima de la supervivencia de los cubanos. Las implicaciones políticas de esta medida apuntan a un endurecimiento del modelo autoritario, cerrando cualquier espacio de autonomía económica que pudiera representar una amenaza para el monopolio del poder.
