La Embajada de Estados Unidos en La Habana exigió el cese de los malos tratos contra los presos políticos y se pronunció sobre el grave estado de salud del manifestante del 11J, quien mantiene una protesta de inanición en una prisión de Holguín exigiendo su libertad inmediata.
La sede diplomática estadounidense emitió un mensaje público en el que calificó de \»alarmante\» la situación de Yosvany Rosell García Caso, recluido en la prisión Cuba Sí, en la provincia de Holguín. La declaración del gobierno de Washington se produjo tras una alerta urgente emitida por el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), que denunció el constante hostigamiento y los abusos sistemáticos dentro del sistema penitenciario. Hasta el momento, las autoridades de la isla mantienen un silencio oficial ante las demandas de liberación de todos los ciudadanos encarcelados por motivos estrictamente políticos.
De acuerdo con el reporte del CDPC, Rosell García acumula más de dos semanas en huelga de hambre como método de exigencia para su excarcelación y la de otros reclusos. Durante una reciente visita familiar tras 12 días de inanición, su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez, describió el crítico estado físico del opositor, asegurando que \»tiene la piel pegada en el hueso\». Esta denuncia pone de manifiesto la extrema vulnerabilidad de los activistas encarcelados tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio.
Crisis carcelaria y violaciones sistemáticas de derechos humanos
El caso de Rosell García no es un hecho aislado, sino que refleja el colapso del sistema penitenciario bajo el control de la dictadura cubana. Un informe reciente de la organización Prisoners Defenders documenta la existencia de 1.179 presos políticos en la isla hasta octubre de 2025. El texto advierte sobre el hacinamiento extremo y la propagación de enfermedades como el dengue, la tuberculosis y el virus del Oropouche en las cárceles, sumado a la negación de asistencia médica y la aplicación de torturas físicas y psicológicas contra los reclusos.
La represión institucional ha provocado que al menos una decena de presos políticos se mantengan en huelga de hambre en diversas prisiones, según ha documentado la revista Alas Tensas. Organizaciones de la sociedad civil como Cubalex han señalado la paradoja legal que enfrentan los reclusos: mientras la comunidad internacional reconoce la inanición como una forma legítima de protesta, el régimen de La Habana la tipifica como una infracción grave en su normativa penitenciaria, criminalizando aún más el reclamo de derechos fundamentales.
La advertencia de la diplomacia estadounidense y la presión de las organizaciones defensoras de los derechos humanos evidencian el escrutinio internacional al que se enfrenta el ejecutivo cubano por su política represiva. La persistencia de estas huelgas y el deterioro de la salud de los manifestantes encarcelados podrían derivar en nuevas medidas de exigencia por parte de la comunidad internacional, mientras la sociedad civil continúa sufriendo las consecuencias de un sistema que anula cualquier espacio de disidencia política.
