El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, aseguró que el gobierno cubano está dispuesto a dialogar con Estados Unidos para abordar asuntos bilaterales. La oferta se produce en uno de los momentos de mayor tensión diplomática, tras la imputación formal de Raúl Castro por el derribo de aviones de Hermanos al Rescate en 1996 y el endurecimiento de sanciones contra el conglomerado militar GAESA.
A través de la red social X, el diplomático expuso la postura oficial de las autoridades de la isla, rechazando que Cuba represente una amenaza para la seguridad nacional de Washington. Asimismo, Fernández de Cossío defendió el sistema político imperante en el país y culpó directamente a la política estadounidense por el profundo colapso económico que sufre la población, calificándolo de \»plan calculado\» para causar dolor. El funcionario afirmó que, a pesar del deterioro en las relaciones, el ejecutivo cubano mantiene su disposición al diálogo bilateral.
El pronunciamiento del viceministro llega apenas días después de que fiscales federales estadounidenses presentaran cargos criminales contra Raúl Castro por el derribo de dos aeronaves civiles de la organización Hermanos al Rescate en aguas internacionales en 1996, un ataque que costó la vida a tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente. El exgobernante enfrenta imputaciones por asesinato, destrucción de aeronaves y conspiración, marcando una de las acciones judiciales más contundentes contra una figura histórica de la dictadura cubana. Desde La Habana, Fernández de Cossío calificó el proceso legal como un \»acto canalla\» y amenazó con una \»resistencia feroz\» ante cualquier intento de acción estadounidense en territorio nacional.
Escalada diplomática y crisis estructural
La tensión bilateral se ha visto agravada por la reciente ampliación de sanciones por parte de Washington contra el conglomerado empresarial GAESA, el brazo económico de las Fuerzas Armadas que controla sectores estratégicos como el turismo, las remesas y el comercio minorista en la isla. Las autoridades estadounidenses sostienen que estas medidas buscan asfixiar las fuentes de financiamiento del aparato represivo. Sin embargo, el régimen de La Habana las utiliza como coartada principal para justificar la severa crisis económica, el desabastecimiento galopante y la inflación que han provocado un éxodo migratorio sin precedentes, desviando la atención de la ineficiencia del modelo estatal y la falta de libertades ciudadanas.
El endurecimiento de la postura estadounidense, liderado por figuras como el secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha advertido sobre la presencia de operaciones de inteligencia rusas y chinas en territorio cubano, contrasta con las movilizaciones políticas organizadas por el gobierno cubano frente a la embajada de EE.UU. Mientras Miguel Díaz-Canel acusa a Washington de promover una campaña de \»mentiras\» y reivindica el derecho a la \»legítima defensa\», la ciudadanía continúa soportando las consecuencias de una gestión fallida. La retórica de diálogo de la cancillería contrasta abismalmente con la realidad interna de represión y miseria, dejando un escenario bilateral estancado donde las víctimas de la dictadura y la población civil siguen siendo las más perjudicadas.
