Las autoridades del condado de Miami-Dade prohibieron la operación de dos empresas presuntamente ligadas al aparato militar cubano, en coordinación con la ofensiva federal contra las estructuras económicas del régimen de La Habana. La medida también afecta a Adys Lastres Morera, detenida recientemente por sus vínculos con el conglomerado empresarial GAESA.
El recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández, informó que Sta Elena Investments LLC y Remas Investments LLC no están autorizadas para operar en la jurisdicción. Asimismo, se les ha vedado la posibilidad de obtener o renovar el Impuesto Local sobre Actividades Comerciales. La decisión se produce tras la detención de Lastres Morera y la revocación de su residencia permanente en Estados Unidos, un caso que las autoridades federales conectan directamente con el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el brazo económico de las Fuerzas Armadas cubanas.
La acción local se suma al endurecimiento de la política de Washington hacia la dictadura cubana. Recientemente, el ejecutivo estadounidense emitió una orden ejecutiva que amplía las sanciones contra personas y entidades vinculadas al aparato de seguridad, actos de corrupción y graves violaciones de derechos humanos en la isla. La normativa permite confiscar bienes en jurisdicción estadounidense, prohibir transacciones y suspender el ingreso al país a los sancionados, incluyendo a sus familiares adultos y a quienes operen en sectores estratégicos como energía, defensa, minería o finanzas.
El monopolio militar frente al colapso social
El caso de Adys Lastres Morera ha cobrado especial relevancia debido a su parentesco con Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva de GAESA, recientemente incluida en la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Este conglomerado militar es el verdadero centro de poder económico de la dictadura cubana, monopolizando sectores estratégicos como el turismo, las remesas, la banca y el comercio minorista en divisas. Mientras la población civil sufre un colapso sistémico marcado por la hiperinflación, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y la represión social generalizada, la cúpula militar acumula riquezas y ejerce un control absoluto sobre los escasos recursos del país.
La determinación del condado de Miami-Dade refleja una creciente articulación entre los gobiernos locales y federales para asfixiar financieramente a las élites del régimen de La Habana. Al bloquear las redes de inversión y operaciones inmobiliarias en territorio estadounidense, estas medidas buscan limitar la capacidad de la dictadura para lucrarse y operar con impunidad en el extranjero. Sin embargo, el impacto real sobre la cúpula militar dependerá de la continuidad de estas políticas, en un escenario donde el éxodo migratorio masivo y la crisis de legitimidad en la isla continúan profundizándose sin respuestas estructurales por parte del gobierno cubano.
