HOLGUÍN, Cuba. ― La incapacidad de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) para abastecer el mercado nacional ha derivado en una profunda crisis de conectividad, obligando a los ciudadanos a pasar días en colas interminables o recurrir a un mercado negro donde una tarjeta SIM supera los 25.000 pesos cubanos. La escasez de líneas telefónicas, sumada a la reciente subida de tarifas, evidencia el colapso estructural de los servicios básicos bajo la gestión del régimen de La Habana.
Las afueras de las oficinas comerciales de ETECSA en ciudades como Holguín se han convertido en escenarios de desesperación. Testimonios de residentes locales señalan que la Policía debe intervenir constantemente para organizar multitudes donde abundan los \»coleros\» dedicados a la reventa. El proceso para adquirir una línea se ha vuelto una odisea burocrática: los usuarios deben inscribirse en listas, verificar su posición en horas de la noche y, en muchos casos, pernoctar en las aceras para no perder el turno, todo con la única esperanza de acceder a un servicio elemental de comunicación.
La diferencia entre la oferta oficial y el mercado informal es abismal. Mientras que el gobierno cubano mantiene un precio legal de 1.500 pesos para la activación de líneas, la escasez ha disparado los precios en redes sociales y portales de anuncios hasta multiplicarlos por veinte. Esta disparidad económica es el resultado directo de la falta de divisas para compras en el mercado internacional, un problema que la propia presidenta ejecutiva de ETECSA, Tania Velázquez Rodríguez, ha reconocido públicamente al admitir que la entidad estatal no cuenta con el inventario suficiente para comercializar.
Un colapso estructural que profundiza la desigualdad social
La crisis actual no es un fenómeno aislado, sino la culminación de años de mala gestión institucional. Aunque en 2015 las autoridades permitieron la contratación de múltiples líneas y en 2018 habilitaron el acceso a internet por datos móviles, la infraestructura nunca acompañó la demanda creciente. La situación se ha agravado recientemente con el denominado \»tarifazo\» impulsado por el ejecutivo cubano, que elevó drásticamente los costos de los planes de datos adicionales hasta los 11.760 pesos por 15 GB, en un país donde el salario medio no logra cubrir las necesidades básicas de alimentación.
Esta política tarifaria consolida un sistema de exclusión financiera, donde solo quienes acceden a divisas en dólares pueden garantizar su conectividad, marginando a la mayoría de la población y generando una brecha profunda en el acceso a la información. La centralización de las ventas en pocas oficinas no solo estimula la reventa, sino que expone a los cubanos a riesgos de seguridad, con un aumento de denuncias por estafas en transacciones fuera de los canales oficiales. Mientras la dictadura cubana mantiene su control absoluto sobre las telecomunicaciones, la ciudadanía enfrenta el aislamiento forzado, una realidad que agrava el colapso social y empuja a miles de cubanos hacia el éxodo migratorio ante la falta de libertades y perspectivas de mejora.
