La viceministra de Salud Pública de Cuba, Carilda Peña García, confirmó este viernes que el número de muertes asociadas a arbovirosis en la isla ascendió a 55, de las cuales 18 se atribuyen al dengue y el resto al chikunguña, en medio de una crisis sanitaria que el régimen de La Habana tardó meses en reconocer oficialmente.
La funcionaria compareció en el programa televisivo estatal Buenos Días para ofrecer el balance semanal de la situación epidemiológica. Según sus declaraciones, tres nuevos decesos por chikunguña fueron confirmados por las comisiones médicas en los últimos días. Peña García destacó que el grupo etario más vulnerable continúa siendo el de menores de 18 años, patrón que se repite tanto en los casos graves como en los fallecimientos reportados.
Al cierre del jueves, el sistema de vigilancia sanitaria había identificado 2.188 personas con síndrome febril inespecífico en todo el territorio nacional. La viceministra señaló que la red de pesquisa activa se ha ampliado y afirmó que la cantidad de pacientes con estos síntomas presenta una tendencia a la baja. La mayoría de los casos es atendida en sus domicilios bajo seguimiento médico, sin requerir ingreso hospitalario. No obstante, 43 pacientes permanecían internados en salas de cuidados intensivos intermedios, lo que representa un incremento de cinco casos graves respecto al día anterior.
Expansión del chikunguña y subregistro de casos
En cuanto al chikunguña, las autoridades reportaron 372 nuevos casos en una sola jornada, de los cuales 27 fueron confirmados mediante PCR y el resto corresponde a sospechas clínicas. Con estos registros, Cuba acumula 47.756 casos de la enfermedad desde el inicio del brote. Respecto al dengue, la tasa de incidencia de casos sospechosos se situó en 8,32, un valor inferior al registrado en igual período del año anterior, cuando alcanzaba 12,51. Sobre el virus Oropouche, la viceministra descartó la presencia de casos diagnosticados en el país, aunque aseguró que se mantiene la vigilancia clínica, epidemiológica y molecular.
Las propias autoridades sanitarias han reconocido que las cifras oficiales constituyen un subregistro, ya que numerosos enfermos no acuden a los centros médicos por la desconfianza en el sistema o las dificultades de acceso. El gobierno cubano admitió por primera vez el 12 de noviembre la existencia de una epidemia de chikunguña y dengue, pese a que los primeros casos se diagnosticaron en julio y las infecciones comenzaron a multiplicarse aceleradamente durante septiembre y octubre. Ese retraso en la transparencia informativa privó a la población de adoptar medidas preventivas oportunas.
Un escenario propiciado por el colapso estructural
La epidemia ha encontrado en Cuba un terreno especialmente favorable para su propagación, consecuencia directa de la profunda crisis económica que atraviesa el país. La escasez de recursos limita severamente la capacidad de prevención —en particular la fumigación masiva contra los mosquitos vectores—, el control epidemiológico mediante pruebas de laboratorio y la atención a los enfermos, ante la falta crónica de medicamentos e insumos sanitarios básicos. El deterioro del sistema de salud pública, otrora presentado como un logro emblemático del régimen, ha quedado en evidencia ante una crisis que las autoridades no logran contener.
Las implicaciones de este brote epidémico trascienden la esfera sanitaria. La incapacidad del ejecutivo cubano para gestionar la crisis refleja el agotamiento de un modelo que prioriza el control político sobre el bienestar ciudadano. Mientras tanto, la población continúa enfrentando no solo la amenaza de enfermedades evitables, sino también la indefensión ante un sistema que oculta información, minimiza la gravedad de los eventos y responde con tardanza a emergencias que cuestan vidas. La comunidad internacional y los organismos de salud regionales deberían exigir mayor transparencia en los datos epidemiológicos de la isla, así como un acceso sin restricciones para la asistencia técnica y humanitaria que la ciudadanía requiere con urgencia.
