Amalio Alfaro Matos, ex presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Guantánamo y señalado por aplicar la política represiva del Estado contra opositores y periodistas, ingresó a Estados Unidos el 12 de abril de 2023 mediante el programa de parole humanitario. El antiguo magistrado, que actualmente reside en Tampa, Florida, ha solicitado acogerse a la Ley de Ajuste Cubano para obtener la residencia permanente, lo que ha generado una profunda indignación entre activistas y víctimas de la represión en la isla.
La presencia de Alfaro Matos en territorio estadounidense ha sido denunciada reiteradamente por el periodista y exprisionero político Roberto de Jesús Quiñones Haces, colaborador de CubaNet, quien responsabilizó directamente a este exjuez por haberlo condenado a un año de prisión en 2019. Quiñones Haces detalló que el magistrado le negó el amparo y bloqueó cualquier posibilidad de apelación, vulnerando un derecho fundamental para cualquier acusado en sistemas judiciales que respeten el debido proceso.
«No es justo que alguien que actuó como represor y jamás ha pedido perdón viva aquí, cómodamente, mientras los verdaderos perseguidos siguen atrapados en la Isla», manifestó Quiñones Haces, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos desde 2019. Para el periodista, la trayectoria de Alfaro Matos lo descalifica moralmente para beneficiarse de los mecanismos de asilo y migración que el gobierno estadounidense ofrece a quienes huyen de la persecución política.
El aparato judicial como instrumento de la dictadura
Alfaro Matos inició su carrera en el bufete colectivo de Baracoa y posteriormente ascendió dentro del sistema judicial cubano hasta presidir la Sala de lo Penal en Guantánamo. Según los testimonios de sus víctimas, se convirtió en uno de los jueces más severos contra los opositores en el Oriente cubano, aplicando con rigor la línea dictada por la Seguridad del Estado. En Cuba, como ha documentado reiteradamente la comunidad internacional, no existe separación de poderes; los tribunales están subordinados al Partido Comunista y actúan como un brazo ejecutor de la dictadura cubana contra quienes disienten.
Carta enviada a ‘CubaNet’ por el periodista Roberto Quiñones Haces en 2023 (Archivo)
El activista Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders, ha documentado la participación directa de Alfaro Matos en la condena del opositor Éider Frómeta Allen, vinculado a la campaña #YoVotoNo. Larrondo denunció que el proceso judicial contra Frómeta fue manipulado políticamente y estuvo acompañado de torturas, aislamiento y castigos arbitrarios. Actualmente, el estado de salud del opositor es crítico, y su familia ha sido víctima de amenazas constantes por parte de agentes del régimen de La Habana para forzar su abandono.
Además del caso de Quiñones Haces y Frómeta Allen, el exjuez también fue responsable de ratificar la condena contra los pastores Ramón Rigal y Aida Expósito, quienes fueron sentenciados por el delito de educar a sus hijos en casa. Mientras estos religiosos enfrentan las consecuencias de un sistema penal implacable en Cuba, sus perseguidores, como Alfaro Matos, transitan libremente por las calles de Florida, evidenciando una dolorosa asimetría en el ejercicio de la justicia.
Represión a manifestantes del 11 de julio y posibles fraudes migratorios
En una carta dirigida a la redacción de CubaNet, Quiñones Haces advirtió que Alfaro Matos fue responsable de aplicar la política represiva del Partido Comunista de Cuba (PCC) y la Seguridad del Estado contra los ciudadanos que se manifestaron pacíficamente en julio de 2021. El exjuez firmó severas sentencias de privación de libertad contra aquellos que ejercieron su derecho a la manifestación pública, actuando como un verdugo judicial de la dictadura.
El periodista sugiere además que el exjuez pudo haber mentido a las autoridades estadounidenses al ingresar al país. Al no informar sobre su condición de militante del PCC ni sobre su historial como juez represor al servicio del aparato de seguridad del Estado, Alfaro Matos habría incurrido en un fraude migratorio para beneficiarse del parole humanitario. Quiñones Haces enfatiza que la justicia debe prevalecer y que «no puede ser que quienes negaron libertades vivan hoy bajo su protección».
Contexto sistemico: El colapso institucional y la crisis migratoria
El caso de Amalio Alfaro Matos no es un hecho aislado, sino un síntoma del profundo colapso institucional que atraviesa la isla. El régimen de La Habana ha instrumentalizado el sistema judicial para mantener el control absoluto sobre la población, anulando cualquier atisbo de Estado de derecho. La subordinación de los jueces a las directrices del Partido Comunista garantiza la impunidad de las fuerzas represivas y criminaliza la protesta social, mientras el país se hunde en una crisis económica sin precedentes, marcada por una inflación galopante, apagones prolongados y el desabastecimiento crónico de bienes de primera necesidad.
Esta crisis estructural ha desencadenado el mayor éxodo migratorio en la historia reciente de Cuba. Cientos de miles de cubanos han abandonado la isla en los últimos años, huyendo de la falta de oportunidades y de la represión sistemática. El gobierno cubano, lejos de ofrecer soluciones, ha utilizado la migración como una válvula de escape para aliviar la presión social interna, permitiendo incluso la salida de figuras vinculadas al aparato represivo, ya sea para evitar conflictos internos o como parte de estrategias de infiltración y evasión de responsabilidades penales.
Los programas migratorios de Estados Unidos, como el parole humanitario implementado por la administración Biden, nacieron con el objetivo de ofrecer vías legales y seguras a los cubanos que escapan de la persecución. Sin embargo, la falta de una fiscalía rigurosa en los filtros migratorios ha permitido que individuos con un historial comprobado de violaciones a los derechos humanos se beneficien de estas políticas. La llegada de exfuncionarios y represores a territorio estadounidense no solo representa una afrenta moral para las víctimas de la dictadura, sino que también plantea serios desafíos de seguridad nacional e integridad del sistema de asilo.
Antecedentes de impunidad y escrutinio legislativo en EE.UU.
La preocupación por el ingreso de represores cubanos a Estados Unidos ha trascendido el ámbito de la sociedad civil y ha llegado al Congreso. En una audiencia del Subcomité de Seguridad Marítima y del Transporte de la Cámara de Representantes celebrada a principios de mayo, el congresista cubanoamericano Carlos Giménez interrogó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sobre la permanencia en el país de funcionarios cubanos acusados de represión. Noem reconoció que programas como el parole han sido «pervertidos» y afirmó que su departamento está tomando medidas para restaurar la integridad del sistema migratorio.
El escrutinio legislativo también ha puesto bajo la lupa a otros exfuncionarios de la isla que han logrado establecerse en EE.UU. recientemente. Tal es el caso de Anabel Campos Castro, exdirectora de un Joven Club en Guantánamo y testigo clave en juicios políticos, quien también reside actualmente en territorio estadounidense. Estos casos evidencian un patrón preocupante donde individuos que sostuvieron el andamiaje represivo del régimen logran evadir la justicia en Cuba y reinventar sus vidas en el exilio, amparados en el anonimato y en las fisuras de los procesos de verificación migratoria.
Las autoridades de la isla han mantenido un silencio cómplice respecto a la salida de estos operadores de justicia. Para el ejecutivo cubano, la migración de figuras como Alfaro Matos representa una oportunidad para limpiar la fachada institucional sin desmantelar el aparato represivo, que sigue operando a través de nuevos funcionarios igualmente subordinados a la Seguridad del Estado. La impunidad con la que estos individuos abandonan el país contrasta dramáticamente con los obstáculos burocráticos y las represalias que enfrentan los activistas, periodistas y opositores que intentan salir legalmente de la isla.
Consecuencias a futuro y exigencia de justicia
La permanencia de Amalio Alfaro Matos en Estados Unidos plantea un debate ineludible sobre la responsabilidad penal de los funcionarios de la dictadura cubana en el exilio. Organizaciones de derechos humanos y exiliados han comenzado a presionar para que se revisen los casos de individuos que, habiendo participado en la represión política, omitieron esta información en sus solicitudes migratorias. La aplicación de leyes como la Ley de Responsabilidad por la Protección de Víctimas de la Tortura podría derivar en procesos de deportación para aquellos cuyo pasado esté manchado por abusos de poder.
Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación cómo el régimen de La Habana continúa operando con total impunidad en su accionar interno. El caso del exjuez de Guantánamo es un recordatorio de que la crisis cubana no termina en las costas de la isla, sino que se proyecta hacia la diáspora y el sistema internacional. La exigencia de que se investigue a Alfaro Matos y a otros represores radicados en el exterior se erige como una deuda pendiente con las víctimas, quienes continúan luchando por la verdad y la justicia desde ambos lados del Estrecho de la Florida. La respuesta de las autoridades estadounidenses ante estas denuncias será crucial para determinar el futuro de las políticas migratorias hacia Cuba y la credibilidad del compromiso con los derechos humanos en la región.
