La activista cubana y coordinadora de Cuba Decide, Rosa María Payá, presentó su candidatura ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el período 2026-2029. En su intervención, Payá trazó una hoja de ruta enfocada en la transparencia, la eficacia y la defensa de las instituciones democráticas, citando el legado de su padre, Oswaldo Payá, como inspiración para proteger a las víctimas de la vulneración sistemática de sus garantías fundamentales.
Ante los representantes de los Estados miembros, la candidata respaldada por el Departamento de Estado de Estados Unidos subrayó que el hemisferio atraviesa una crisis generalizada caracterizada por la erosión democrática, la impunidad y la ruptura del Estado de derecho. Payá advirtió sobre la intensificación de la represión política, incluyendo la persecución digital, y señaló que en este escenario la CIDH se erige como el único vehículo disponible para que numerosas víctimas accedan a la justicia internacional.
Con el objetivo de fortalecer la eficacia y la sostenibilidad financiera del organismo, la activista propuso una serie de medidas concretas. Entre ellas, destacó la necesidad de ajustar la extensión de los informes a modelos utilizados por otras instancias internacionales, reforzar la claridad en los criterios de admisibilidad y explorar el uso responsable de la inteligencia artificial para agilizar la tramitación de casos. Asimismo, enfatizó que la comunicación directa y sistemática con los Estados miembros y las víctimas es clave para la pronta resolución de los procesos.
Payá definió tres prioridades fundamentales para su eventual gestión en la comisión: proteger a los sectores más vulnerables defendiendo los valores democráticos, garantizar un órgano eficaz y transparente, y universalizar el sistema interamericano ampliando su alcance. En este sentido, recordó su trayectoria colaborando con víctimas de racismo, homofobia, violaciones a la libertad religiosa, así como con activistas ambientales, defensores contra la trata de personas y luchadores por los derechos de los migrantes y las mujeres.
La aspirante subrayó que las decisiones de la CIDH deben estar ancladas en la evidencia concreta de violaciones a los principios de la convención y el cuerpo legal del sistema interamericano. Además, abordó el rol de los actores privados en las vulneraciones de derechos, exigiendo la regulación de empresas fabricantes de armas para evitar el tráfico ilícito y garantizar la rendición de cuentas. En materia ambiental, alertó sobre la degradación del medio ambiente como un multiplicador de la crisis de derechos humanos, situando al Caribe en la primera línea de esta amenaza.
Reafirmando su enfoque en el rigor y la objetividad, Payá apeló a su formación científica para asegurar un proceso de toma de decisiones basado en el derecho y la evaluación objetiva de la realidad. «Mi padre dio su vida por los derechos humanos, consciente de que existen más allá de las fronteras de la raza, de la política, de la religión o de la cultura. Ese es el ejemplo que pretendo seguir y mi inspiración para intentar servir en este cuerpo», concluyó su intervención.
Un legado frente a la dictadura cubana
La figura de Rosa María Payá está indisolublemente ligada a la lucha pro-democrática en Cuba. Es hija del fallecido líder opositor Oswaldo Payá, galardonado con el Premio Sájarov del Parlamento Europeo, cuya muerte en 2012 ha sido ampliamente atribuida a la responsabilidad de la dictadura cubana. Desde entonces, la activista ha dirigido la Fundación para la Democracia Panamericana y la iniciativa Cuba Decide, impulsando proyectos sobre seguridad regional, derechos humanos y estabilidad democrática.
A finales de marzo, el gobierno de Estados Unidos anunció oficialmente su candidatura para la CIDH. Las elecciones se llevarán a cabo durante la Asamblea General de la OEA del próximo 27 de junio en Antigua y Barbuda. Tras conocer su nominación, Payá agradeció al ejecutivo estadounidense, particularmente al secretario de Estado, Marco Rubio, por el respaldo que refleja el compromiso con la independencia de la Comisión y su impacto real en la vida de los ciudadanos del hemisferio.
El contexto cubano: represión y crisis estructural
La postulación de Payá cobra una relevancia singular en el contexto actual de la isla, donde la dictadura cubana ha endurecido sus mecanismos de control social y represión política. El régimen de La Habana enfrenta una de sus peores crisis estructurales, manifestada en una hiperinflación galopante, el colapso total de los servicios públicos básicos —como el suministro eléctrico y la salud— y un éxodo migratorio sin precedentes que ha visto partir a cientos de miles de ciudadanos en busca de supervivencia.
En este escenario de vulnerabilidad, las autoridades de la isla han respondido con un incremento en la violencia estatal. La persecución de activistas, periodistas independientes y opositores políticos se ha sistematizado a través de detenciones arbitrarias, juicios sumarios y el hostigamiento digital. La falta de un Estado de derecho independiente y la subordinación total del poder judicial al Partido Comunista convierten a los organismos internacionales, como la CIDH, en la única vía de amparo para los cubanos que sufren abusos.
El gobierno cubano, históricamente reacio a la supervisión internacional, ha ignorado sistemáticamente las resoluciones y pedidos de información de la CIDH respecto a la situación de los derechos humanos en el país. La presencia de una voz crítica y conocedora de la dinámica represiva del régimen de La Habana dentro del organismo interamericano podría significar un escrutinio más riguroso sobre las violaciones que ocurren impunemente en el Caribe, un área a menudo desatendida frente a las crisis de América del Sur.
Implicaciones para el futuro regional
La eventual elección de Rosa María Payá para integrar la CIDH en el período 2026-2029 representaría un cambio de paradigma en la manera en que el sistema interamericano aborda las crisis de derechos humanos en el hemisferio, particularmente en naciones bajo regímenes autoritarios. Su enfoque preventivo, basado en el monitoreo en terreno y el diálogo fundamentado en evidencia, podría presionar a los Estados para cumplir con sus obligaciones internacionales.
Para la ciudadanía cubana y las víctimas de la represión en la región, una Comisión fortalecida y enfocada en la universalización de sus mecanismos podría abrir nuevos espacios de exigibilidad. Mientras la dictadura cubana continúa negando el acceso a relatores internacionales y reprimiendo el espacio cívico, el trabajo de figuras como Payá en foros multilaterales se erige como una herramienta vital para recuperar las libertades fundamentales y exigir justicia por las décadas de impunidad.
