Decenas de residentes en la ciudad de Holguín arriesgan su salud diariamente al pescar en ríos altamente contaminados, una medida de supervivencia ante la imposibilidad de adquirir proteínas en el mercado formal. La situación refleja el profundo colapso económico y la hiperinflación que sufre la isla, consecuencia directa de las políticas fallidas del régimen de La Habana, que ha dejado a la población al borde de la inanición.
“Vengo a pescar porque mi salario no da ni para dos libras de carne. Si no saco una claria del río, me acuesto con hambre”, relata Lorenzo Frómeta, uno de los tantos holguineros que lanza su anzuelo en las turbias aguas del río Jigüe. Su caso no es aislado. En las inmediaciones de esta corriente y del río Marañón, decenas de ciudadanos improvisan como pescadores para intentar suplir la falta de alimentos que el mercado estatal y los salarios devaluados ya no garantizan. La escasez ha obligado a la población a ignorar el evidente deterioro ambiental con tal de llevar algo de proteína a sus mesas.
El costo de la supervivencia en aguas residuales
Las imágenes en las orillas del Marañón son un retrato crudo de la crisis cubana. Mientras los pescadores intentan extraer peces de aguas pestilentes, observadores como Luis Ernesto Valdés denuncian el abandono institucional. “Hace años que a ese río no lo limpian. Todas las aguas contaminadas y la basura las echan ahí. Siempre hay gente pescando en esa suciedad. Es que mientras la comida siga cara, la gente comerá lo que sea”, sentencia Valdés. La indiferencia de las autoridades de la isla ante el colapso de los sistemas de saneamiento ha convertido estos cauces en focos permanentes de insalubridad.
La falta de transparencia informativa por parte del gobierno cubano agrava el riesgo sanitario. “Aquí nadie de Salud Pública ha dicho si el pescado está contaminado”, afirma un pescador que pidió ser identificado solo como Carlos, por temor a represalias. El miedo a la dictadura cubana obliga a los ciudadanos a hablar bajo condición de anonimato incluso para describir su propia miseria. Carlos asume el riesgo con resignación: “Tú lo sacas, no apesta tanto, y lo tiras pa’ la jaba. Si estuviera tan malo, pondrían un cartel prohibiendo la pesca. La gente se lo come porque ‘ojos que no ven, corazón que no siente’”.
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Un pescador en el río Marañón (Foto: CubaNet)
Sin embargo, la percepción popular choca con la realidad científica. Un experto del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Holguín, que también solicitó anonimato por temor a ser despedido, advierte sobre los peligros ocultos. “El peligro no es que todo pez de los ríos de la ciudad esté envenenado, sino que no hay garantía sanitaria y existen fuentes conocidas de contaminación. Lo mejor es evitar pescar allí, no entrar en el agua y lavarse inmediatamente con agua limpia y jabón si se produce contacto”. El especialista añade que cocinar el pescado no elimina el riesgo, ya que los metales pesados concentrados en el sedimento son resistentes al fuego, y el simple contacto con el agua puede provocar graves infecciones cutáneas.
Las consecuencias de esta supervivencia forzada son devastadoras para las familias. Odalis Rodríguez, vecina del reparto Santiesteban, recuerda el caso de un conocido: “Mi vecino sacó unas clarias de El Jigüe, se las comió y le dio diarrea. Vendió algunas cosas de la casa para comprar medicamentos en la calle, porque la farmacia está pelá. Lo que supuestamente se ahorró en comida lo gastó en medicinas y estuvo como 15 días sin trabajar”. Este ciclo vicioso de pobreza, enfermedad y desabastecimiento médico ilustra el fracaso integral del sistema estatal cubano.
De aguas cristalinas a fosas sépticas a cielo abierto
El deterioro de los ríos holguineros es un síntoma del colapso infraestructural nacional. El Jigüe y el Marañón, que nacen en las laderas de la Loma de la Cruz, fueron descritos en 1756 por el obispo Pedro Agustín Morell de Santa Cruz como corrientes de aguas cristalinas y saludables. Hoy, funcionan prácticamente como drenaje y vertedero común. Junto a los arroyos Miradero y Milagrito, han recibido durante décadas aguas residuales, basura y desechos de un crecimiento urbano que avanzó sin planificación ni control ambiental.
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Un pescador en El Jigüe (Foto: CubaNet)
Viviendas sin conexión adecuada al alcantarillado descargan de forma directa en los ríos, que acumulan plásticos y escombros. Según datos de la emisora local Radio Angulo, en la capital provincial existen más de 15.000 fosas sépticas con baja cobertura de evacuación, muchas de las cuales terminan vertiendo sus desechos en ríos y arroyos cercanos. “Hace años los ríos de Holguín son basureros y el Gobierno no hace nada”, denuncia Lázaro Domínguez, un residente de 74 años del reparto Pueblo Nuevo, quien confiesa no recordar la última vez que vio pescado en las carnicerías estatales o en las tiendas en moneda libremente convertible.
El colapso del salario y la canasta básica
La decisión de pescar en aguas tóxicas está directamente ligada a la devaluación salarial. En julio pasado, el ejecutivo cubano anunció un aumento del salario mínimo general, que pasó de 2.100 a 3.210 pesos, un incremento del 53%. En septiembre de 2025, la pensión mínima pasó de 1.528 a 3.056 pesos. Sin embargo, el propio gobierno reconoció que estos nuevos montos seguían siendo insuficientes para cubrir la canasta básica de bienes y servicios. Esta admisión oficial confirma que las medidas económicas del régimen son meros parches cosméticos que no resuelven la incapacidad del trabajador cubano para alimentarse.
La inflación galopante en los mercados agrícolas y el sector informal hace que un salario mensual apenas alcance para comprar un par de libras de carne de cerneo o pollo, productos que además escasean de manera crónica. Ante la imposibilidad de acceder a fuentes alternativas de proteína, la población ha tenido que recurrir a la pesca furtiva en ecosistemas urbanos degradados, asumiendo riesgos sanitarios que en condiciones normales serían inaceptables.
Una flota pesquera en ruinas
La ausencia de pescado en los mercados estatales no es una casualidad, sino el resultado de años de desinversión y mala gestión. La Ley de Pesca entró en vigor el 5 de agosto de 2020, pero no logró los resultados esperados, según reconoció Miladys Naranjo Blanco, viceministra del Ministerio de la Industria Alimentaria. La ineficacia del marco legal fue admitida incluso por Miguel Díaz-Canel ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre de 2022, cuando reconoció con cinismo que Cuba contaba con una ley de pesca pero no tenía pescado.
Los antecedentes de este desastre productivo son evidentes. Hace más de una década, en 2014, el periódico oficialista Granma ya reconocía el deterioro constructivo y la obsolescencia tecnológica de buena parte de la flota pesquera nacional. Una década después, en 2024, pescadores consultados por la agencia IPS denunciaron la parálisis del sector debido a la falta de hielo, combustible y artes de pesca. La incapacidad del Estado para mantener una industria alimentaria viable demuestra el fracaso del modelo económico centralizado.
Contexto: el fracaso sistémico de la economía centralizada
El fenómeno de la pesca en ríos contaminados en Holguín no es un hecho aislado, sino una manifestación más de la crisis estructural que atraviesa Cuba. La isla se encuentra sumida en una espiral de hiperinflación, desabastecimiento crónico y fragmentación monetaria que ha empobrecido a más del 60% de la población en los últimos años. La falta de soberanía alimentaria es una constante, producto de un sistema que prioriza el control político sobre el desarrollo productivo y la inversión extranjera.
Este escenario de miseria extrema es uno de los motores principales del mayor éxodo migratorio en la historia reciente del país. Cientos de miles de cubanos han optado por el abandono de la isla ante la imposibilidad de prosperar y la asfixia represiva de la dictadura cubana. Quienes se quedan, como los pescadores de El Jigüe y el Marañón, se ven obligados a interactuar con infraestructuras colapsadas y ecosistemas muertos para intentar sobrevivir en un entorno donde el Estado ha abandonado sus obligaciones más básicas.
La represión social y la censura impiden que estas crisis locales se debatan abiertamente en los medios de comunicación oficialistas. La ciudadanía, atrapada entre el hambre y el miedo a las represalias por expresar su descontento, subsiste en la informalidad y en la vulnerabilidad. El deterioro ambiental es paralelo al deterioro de los derechos civiles y políticos; ambos son síntomas de un régimen que ha despojado a la nación de sus recursos y de su futuro.
Consecuencias y panorama futuro
Las implicaciones a futuro de esta crisis son alarmantes. El consumo continuo de fauna acuática contaminada por metales pesados y bacterias patógenas amenaza con desatar brotes de enfermedades gastrointestinales y problemas de salud a largo plazo en la población holguinera. Esto ejercerá una presión adicional sobre un sistema de salud pública que ya se encuentra en estado de colapso, con farmacias vacías y hospitales carentes de recursos básicos.
Ante la inacción del régimen de La Habana, la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos continúan documentando el deterioro de las condiciones de vida en la isla. Sin embargo, la respuesta diplomática suele ser tímida frente a un gobierno que instrumentaliza la soberanía nacional para evadir la responsabilidad sobre el bienestar de sus ciudadanos. Mientras la dirigencia cubana mantenga su negativa a implementar reformas estructurales que liberalicen la economía y respeten las libertades fundamentales, escenas como la de cubanos pescando en vertederos tóxicos seguirán siendo el símbolo más crudo de la realidad nacional. La supervivencia en Cuba se ha convertido en un ejercicio de riesgo extremo, donde el hambre impuesta por el poder obliga a la población a elegir entre el veneno de las aguas contaminadas y el vacío de los estómagos.
