El Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) confirmó tres nuevos decesos asociados a la epidemia de dengue y chikunguña, elevando la cifra de fallecidos a 47 en toda la isla. La viceministra del sector, Carilda Peña García, admitió que la gran mayoría de las víctimas son menores de 18 años, evidenciando el profundo deterioro del sistema sanitario frente a enfermedades prevenibles.
En una comparecencia en la televisión estatal, la funcionaria detalló que de los tres nuevos decesos notificados, uno corresponde al dengue y dos al chikunguña. Además, informó que en la última jornada se registraron 3.275 casos de síndrome febril inespecífico y 1.417 nuevos contagios de chikunguña, sumando un acumulado oficial de 44.604 afectados. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), basándose en estadísticas proporcionadas por el propio régimen de La Habana, contabilizó 25.995 contagios de dengue hasta finales de noviembre, una cifra que las autoridades locales omiten en sus partes diarios.
La gravedad de la situación queda reflejada en las 53 personas que permanecen ingresadas en unidades de cuidados intensivos debido a complicaciones derivadas de ambas arbovirosis. Incluso, las autoridades sanitarias reconocieron que las estadísticas oficiales representan un subregistro, ya que numerosos enfermos evitan acudir a los centros médicos por la deficiente atención y la escasez de recursos. El gobierno cubano se vio obligado a reconocer la epidemia recientemente, a pesar de que los primeros diagnósticos se remontan a julio y los contagios se dispararon en los meses posteriores.
Impacto de la crisis estructural en la salud pública
La expansión descontrolada de estos virus encuentra un terreno propicio en la profunda crisis económica que atraviesa la isla. La falta de recursos ha mermado drásticamente la capacidad de prevención, como la fumigación masiva contra los mosquitos vectores, así como el control mediante pruebas de laboratorio. A esto se suma la ausencia de medicamentos e insumos básicos en los hospitales, lo que agrava el cuadro clínico de los pacientes y limita cualquier respuesta efectiva por parte del sistema de atención.
La inacción y el ocultamiento inicial por parte de las autoridades de la isla han cobrado un alto precio en vidas humanas, especialmente entre la población infantil. La incapacidad del régimen para garantizar condiciones sanitarias básicas y el acceso a tratamientos médicos refleja el abandono sistemático del bienestar ciudadano. Ante la escalada de la crisis epidemiológica, la población cubana se enfrenta a un panorama desalentador, donde la supervivencia depende cada vez más de la autosuficiencia ante el desplome total de los servicios públicos.
