Un coronel de la Policía Nacional Revolucionaria contactó personalmente a la periodista independiente Camila Acosta para notificarle que ella y su esposo, el escritor Ángel Santiesteban, están acusados por un supuesto delito de “atentado” y deben comparecer ante las autoridades en La Habana, en un procedimiento que excede los canales ordinarios y revela el nivel de prioridad que el régimen asigna a la persecución de voces críticas.
La llamada telefónica, realizada por un oficial que se identificó como coronel Márquez, jefe de la Estación de Policía de Zapata y C —una de las unidades con mayor peso político y estratégico dentro de la capital cubana—, no constituye un hecho aislado. La citación, fijada para las 10:00 de la mañana en la propia estación policial del municipio Plaza de la Revolución, debía ser gestionada en circunstancias normales por un agente de base o un jefe de sector. El involucramiento directo de un mando superior indica una instrucción específica desde niveles jerárquicos elevados del aparato represivo.
La acusación por “atentado” contra Acosta y Santiesteban se enmarca en un patrón documentado de criminalización de la disidencia pacífica en Cuba. La periodista, conocida por su labor de cobertura independiente y por dar voz a sectores excluidos del discurso oficial, ha sido objeto de vigilancia constante, hostigamiento y presiones en los últimos meses. Su esposo, Ángel Santiesteban, es un escritor que ha mantenido posturas críticas frente al sistema político cubano, lo que los convierte en objetivos visibles para una maquinaria estatal que no tolera el ejercicio de libertades fundamentales.
Una citación que rompe los protocolos internos
La participación personal de un coronel en una gestión de este tipo contradice las jerarquías operativas habituales de cualquier institución policial. En un contexto ordinario, las citaciones por supuestos delitos se canalizan a través de auxiliares, instructores o jefes de sector. Que un oficial de rango superior ejecute esta tarea sugiere que el caso ha sido elevado a un nivel de prioridad inusual, coherente con la lógica de un régimen que concentra sus recursos represivos en quienes considera amenazas políticas.
El coronel Márquez instruyó a la periodista y a su esposo a presentarse ante el capitán Pileta en la estación de Zapata y C, ubicada en una zona de La Habana donde se concentran objetivos de alto valor para el gobierno cubano. La elección de esta unidad no parece casual: se trata de una demarcación que alberga dependencias gubernamentales, espacios diplomáticos y áreas residenciales de la élite, lo que refuerza la percepción de que la medida responde a una directiva política más que a un procedimiento judicial ordinario.
Hasta el momento, las autoridades cubanas no han ofrecido una explicación formal sobre la naturaleza exacta del delito de “atentado” que se imputa a la pareja. La vaguedad de la acusación es un recurso común en la práctica represiva de la dictadura, que utiliza figuras jurídicas amplias y ambiguas para justificar detenciones, citaciones coercitivas y procesos sumarios contra disidentes, periodistas independientes y activistas sociales.
Un patrón de represión selectiva contra el periodismo libre
El acoso contra Camila Acosta se suma a una ola de acciones coercitivas que el régimen de La Habana ha intensificado en los últimos meses contra la sociedad civil y los medios de comunicación independientes. Periodistas, opositores, artistas críticos, líderes comunitarios y ciudadanos comunes que ejercen su derecho a la libertad de expresión han sido objeto de vigilancia perenne, amenazas, detenciones arbitrarias, prisión preventiva prolongada y, en algunos casos, desaparición forzada temporal.
Las herramientas de trabajo de estos ciudadanos no son las armas de fuego, sino los teléfonos móviles, las cámaras, los micrófonos y las computadoras. Sin embargo, el régimen cubano criminaliza su labor informativa y la enmarca en categorías despectivas como “elementos”, “contrarrevolucionarios” o “mercenarios” al servicio de intereses extranjeros. Esta narrativa oficial, lejos de sustentarse en pruebas, sirve para deslegitimar y deshumanizar a quienes buscan simplemente documentar la realidad de la isla y difundir información veraz.
El Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que consagra la libertad de opinión y de expresión como un derecho fundamental, es sistemáticamente violado en Cuba. El aparato policial y la mal llamada “Seguridad del Estado” operan en la práctica como instrumentos de control político, asegurando la continuidad de un sistema totalitario que no reconoce la legitimidad de la disidencia ni la existencia de un espacio cívico autónomo.
Contexto: La represión como respuesta a la presión externa
El abogado y columnista René Gómez Manzano, en un análisis reciente, ha planteado que la sucesión de actos represivos registrados en la isla durante las últimas semanas podría interpretarse como una respuesta del régimen a las presiones internacionales y a la política de la administración estadounidense encabezada por Donald Trump. Aunque el propio Gómez Manzano admite que los casos individuales no permiten establecer una relación causal directa, el patrón represivo sugiere una intencionalidad política.
La historia ofrece fundamentos sólidos para esta interpretación. Durante la llamada “Primavera Negra” de 2003, el régimen encarceló a 73 opositores pacíficos en una operación masiva que el propio Fidel Castro justificó abiertamente como una respuesta a la política del gobierno de George W. Bush y a las acciones de la entonces Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana. En una entrevista con el periodista Ignacio Ramonet, Castro admitió que el costo político de aquellos encarcelamientos había sido calculado, y que la medida estaba dirigida “principalmente para el enemigo que nos estaba provocando y organizando todo esto”.
Aquella declaración histórica revela la lógica interna del poder cubano: la represión contra ciudadanos indefensos no es un asunto de justicia penal, sino una herramienta de comunicación política dirigida a actores externos. Los disidentes y periodistas independientes se convierten en moneda de cambio, en rehenes cuya libertad se sacrifica para enviar mensajes de desafío o venganza a gobiernos extranjeros.
Antecedentes: La “Primavera Negra” y la continuidad del patrón represivo
La “Primavera Negra” de marzo de 2003 marcó un punto de inflexión en la política represiva del régimen cubano. Aquellos encarcelamientos masivos de opositores pacíficos, periodistas independientes, bibliotecarios y activistas de derechos humanos fueron presentados por el gobierno como una defensa de la soberanía nacional frente a la injerencia extranjera. En realidad, constituyeron una demostración de fuerza brutal contra la sociedad civil emergente en la isla.
Veinte años después, el patrón se repite con menor intensidad pero con la misma lógica. La citación a Camila Acosta y Ángel Santiesteban no es un hecho aislado: se produce en un contexto de creciente descontento social por la crisis económica, el desabastecimiento, la inflación galopante y el deterioro de los servicios públicos básicos. La dictadura cubana, incapaz de resolver los problemas estructurales que ella misma ha generado, recurre a la represión como mecanismo de contención social y como mensaje a la comunidad internacional.
El exilio cubano y las organizaciones de derechos humanos han documentado un incremento sostenido de las detenciones arbitrarias y los hostigamientos contra periodistas y opositores. La comunidad internacional, a través de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las relatorías de libertad de expresión, ha condenado reiteradamente la persecución sistemática contra la prensa independiente en Cuba. Sin embargo, el régimen de La Habana insiste en su narrativa de victimización y en la criminalización de quienes ejercen el derecho a informar.
Las consecuencias para la ciudadanía y las implicaciones políticas
La citación a Camila Acosta y su esposo no solo afecta a dos individuos: envía un mensaje intimidatorio a toda la sociedad cubana y al periodismo independiente en particular. Si una periodista con trayectoria visible y reconocimiento internacional puede ser acusada de un delito tan grave como el “atentado” sin que se presenten pruebas, cualquier ciudadano que exprese una opinión crítica, que comparta información o que participe en protestas pacíficas puede ser el siguiente.
El impacto disuasorio de estas acciones represivas es su objetivo principal. El régimen busca generar miedo, autocensura y parálisis en la sociedad civil. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que la represión selectiva rara vez logra silenciar la demanda de libertad. Al contrario, visibiliza la naturaleza autoritaria del poder y fortalece la solidaridad entre quienes resisten.
Para la comunidad internacional, el caso de Camila Acosta representa una prueba más de la necesidad de mantener una postura firme frente a la dictadura cubana. Las presiones diplomáticas, las sanciones selectivas contra los responsables de violaciones de derechos humanos y el monitoreo constante de la situación en la isla son herramientas indispensables para proteger a los defensores de la libertad y para mantener viva la esperanza de una transición democrática en Cuba. El silencio o la indiferencia serían interpretados por el régimen como una licencia para intensificar la represión.
La citación del coronel Márquez a Camila Acosta es, en última instancia, un recordatorio de que el verdadero delito en Cuba no es el “atentado” que se imputa a esta periodista y a su esposo, sino la osadía de ejercer el periodismo libre, de pensar de manera independiente y de reclamar los derechos que consagra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mientras el aparato represivo siga intacto y los responsables no rindan cuentas, la libertad de expresión en la isla seguirá siendo un acto de valentía condenado por el poder.




