LA HABANA, Cuba. — El régimen de La Habana fue reelegido el 16 de noviembre en Doha, Qatar, para el Consejo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) con 152 votos, la cifra más baja entre los nueve países que ocuparán los asientos correspondientes a las Américas durante el periodo 2027-2030. El resultado confirma la progresiva erosión del apoyo diplomático a la isla en un organismo multilateral clave para la gobernanza de internet y las tecnologías digitales.

La votación se desarrolló durante la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT, que se celebra cada cuatro años y que este año se extiende del 9 al 27 de noviembre. La UIT es la agencia de Naciones Unidas responsable de las telecomunicaciones y las tecnologías digitales. Su Consejo actúa como órgano de gobierno entre conferencias: supervisa las actividades y políticas del organismo, y prepara los planes estratégicos y financieros. En total fueron elegidos 48 países para integrar ese Consejo, y las Américas contaban con nueve asientos, todos cubiertos por sendas candidaturas únicas, de modo que la elección se convirtió en un termómetro del respaldo relativo de cada país.

Los resultados reflejan el aislamiento creciente de Cuba dentro de su propia región. México obtuvo 167 votos; Brasil, 165; Argentina y República Dominicana, 162 cada uno; Paraguay, 161; Canadá, 159; y Jamaica y Estados Unidos, 158. Cuba quedó seis votos por debajo de estos dos últimos, ocupando el último lugar entre los elegidos de las Américas. La brecha con el primer lugar fue de quince votos, un margen significativo en una elección donde los Estados miembros votan de manera secreta y pueden optar por no respaldar a un candidato sin exponerse abiertamente.

La tendencia descendente del apoyo a Cuba en la UIT es sostenida. En la conferencia de Dubái, en 2018, la isla sumó 165 votos y quedó en cuarta posición. En Bucarest, en 2022, obtuvo 161 y descendió al sexto lugar. Ahora, en Doha, alcanzó 152 votos, lo que representa una pérdida de 13 votos en ocho años. La delegación cubana ha ocupado un asiento en el Consejo desde la conferencia de Niza de 1989, según afirmó en su momento la propia representación ante el organismo. Esa permanencia histórica contrasta con la pérdida paulatina de consenso que evidencia la última elección.

El canciller del régimen, Bruno Rodríguez Parrilla, celebró la reelección tres días después, el 19 de noviembre. En su cuenta de X escribió que el resultado “refrenda el compromiso de nuestro país de continuar defendiendo el acceso universal, inclusivo y equitativo a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones”. Añadió que, en un contexto donde “algunos países intentan menoscabar la soberanía de los Estados mediante el uso nocivo de las TIC”, Cuba seguirá defendiendo los intereses de los países en desarrollo dentro de la UIT. Rodríguez Parrilla no precisó a qué países ni a qué sistemas se refería, pero el discurso contrasta con la realidad de un país donde el acceso a internet sigue férreamente controlado por el Estado y donde la vigilancia digital es sistemática.

El control interno de las telecomunicaciones

Una semana antes de la votación en Doha, el 9 de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba envió una nota a las embajadas y organismos internacionales acreditados en La Habana en la que recordaba que “no se autoriza la importación y uso en el territorio nacional cubano de terminales de comunicaciones por satélites de Internet de la marca ‘Starlink’”. El documento, al que tuvo acceso el medio independiente 14ymedio, confirma la prohibición expresa del servicio de internet satelital de SpaceX, la empresa de Elon Musk, que en otros países ha permitido a ciudadanos evadir la censura y mantener conectividad en zonas sin infraestructura estatal. Al día siguiente de la elección en Doha, la Policía de Placetas, en Villa Clara, registró viviendas del municipio y ocupó tres antenas de Starlink, según informó el perfil oficialista de Facebook Fuerza Pueblo, lo que evidencia el carácter represivo de la política de telecomunicaciones del gobierno cubano.

La red de ETECSA, la empresa estatal que monopoliza las telecomunicaciones en la isla, aplicó desde el 30 de mayo de 2025 un encarecimiento significativo del acceso a internet móvil. Ese día, la compañía limitó a 360 pesos cada 30 días las recargas nacionales de líneas móviles prepago, con las que se adquieren los paquetes de datos en moneda nacional. Por encima de ese tope, los planes adicionales se venden más caros en pesos o se pagan en dólares, según anunció la propia ETECSA en un comunicado reproducido por el Ministerio de Comunicaciones. La empresa justificó las medidas asegurando que “contribuirán a seguir desarrollando y sosteniendo la red de servicios de telecomunicaciones”. Sin embargo, el 4 de noviembre de 2026, la misma ETECSA admitió en X que la percepción de la calidad de sus servicios —telefonía fija y acceso a internet— “ha disminuido en los últimos meses debido a problemas presentes en la red de telecomunicaciones”, una confesión que desmiente el discurso triunfalista del régimen.

Un patrón de represión digital sistemática

La dictadura cubana ha profundizado en los últimos años la represión en el entorno digital, un hecho documentado por organizaciones internacionales. Cuba descendió de 21 a 19 puntos sobre 100 en el índice de libertad en internet Freedom on the Net 2026, elaborado por Freedom House, y se mantuvo en la categoría de países “sin libertad en la red”. La organización atribuyó la caída a la crisis energética y a los apagones prolongados que cortaron la conectividad, así como al encarecimiento del servicio. Además, documentó el bloqueo de sitios de noticias independientes, condenas de varios años de cárcel por publicaciones en redes sociales —entre ellas una de 14 años por convocar protestas— y la vigilancia digital sistemática. Según Freedom House, ETECSA parece haber facilitado el pirateo de cuentas de activistas, opositores y periodistas.

El marco normativo refuerza esa orientación represiva. El primero de los objetivos generales que enumera el artículo 3 del Decreto-Ley 35, la norma sobre telecomunicaciones firmada el 13 de abril de 2021, es “coadyuvar a que la utilización de los servicios de telecomunicaciones sean un instrumento para la defensa de la Revolución”, según el texto publicado por el Ministerio de Comunicaciones. La ley subordina explícitamente las comunicaciones a la supervivencia política del régimen, no al derecho ciudadano a la información. Ese mandato legal convierte la red en una herramienta de control ideológico y de vigilancia, en abierta contradicción con los estándares internacionales de libertad de expresión y privacidad que Cuba dice defender en foros como la UIT.

Antecedentes y peso del Consejo de la UIT

La presencia de Cuba en el Consejo de la UIT data de hace más de tres décadas, desde la conferencia de Niza de 1989. Ese historial le ha permitido al gobierno cubano participar en la gobernanza mundial de las telecomunicaciones y defender, al menos formalmente, posiciones favorables a los países en desarrollo. Sin embargo, el descenso sostenido de votos desde 2018 sugiere que ese discurso ya no convence a un número creciente de Estados miembros. La UIT, como agencia de la ONU, tiene un papel técnico y normativo en la definición de estándares globales, la asignación de espectro radioeléctrico y la promoción del acceso a las tecnologías digitales. Que un país con uno de los índices más bajos de libertad en internet de todo el hemisferio ocupe un asiento en ese Consejo plantea serias contradicciones sobre la coherencia del sistema multilateral.

El Consejo recién elegido, con Cuba entre sus miembros, celebrará su primera reunión el 27 de noviembre en Doha, último día de la conferencia. En esa sesión extraordinaria se nombrarán los presidentes y vicepresidentes de los grupos de trabajo para los próximos cuatro años, según la convocatoria enviada por la UIT a sus Estados miembros el 22 de octubre. Para La Habana, mantenerse en ese órgano representa una oportunidad de proyectar influencia diplomática y de resistir las presiones internacionales por su historial de censura y represión digital. Sin embargo, el bajo respaldo obtenido limita su margen de maniobra y envía una señal inequívoca de desgaste.

Consecuencias para la ciudadanía

Mientras el régimen de La Habana celebra su reelección en Doha, la realidad cotidiana de los cubanos en materia de conectividad es sombría. El monopolio de ETECSA, los precios en dólares, los apagones que interrumpen el servicio, la prohibición de Starlink y el bloqueo de sitios independientes configuran un panorama de aislamiento digital agravado. La ciudadanía no accede a un internet libre y asequible, sino a una red vigilada, cara y sujeta a la discrecionalidad del poder. La permanencia de Cuba en la UIT no modifica esa realidad, y el contraste entre la diplomacia internacional y el día a día en la isla se ha convertido en una constante del modelo político cubano.

El resultado de Doha también tiene implicaciones políticas de mediano plazo. La caída sostenida de respaldo en un organismo técnico de la ONU refleja el desgaste general del régimen ante la comunidad internacional, incluso entre aliados tradicionales. Cada voto perdido es un síntoma de la erosión de la credibilidad cubana en un escenario global donde la libertad de expresión y el acceso a la información son valores cada vez más valorados. Si la tendencia continúa, la isla podría enfrentar en el futuro una pérdida real de presencia en los órganos rectores de las telecomunicaciones mundiales, lo que reduciría aún más su capacidad de influir en las normas que rigen el ecosistema digital. Para la ciudadanía cubana, sin embargo, el cambio más urgente no vendrá de los foros multilaterales, sino de una apertura interna que hoy parece tan lejana como los 152 votos que la mantienen en el Consejo.