La Habana, Cuba. – La directora nacional de Vigilancia y Lucha Antivectorial del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), Madelaine Rivera Sánchez, reconoció que la persistente escasez de combustible está limitando las campañas de fumigación contra los mosquitos transmisores del dengue y el chikunguña en un momento en que ambas enfermedades circulan por todo el territorio nacional.
En declaraciones difundidas por medios oficiales, la funcionaria admitió que, pese a contar con insecticidas y abate en las provincias, las autoridades sanitarias no disponen del diésel necesario para operar de forma regular los equipos pesados de fumigación adulticida. Para sortear la carencia, técnicos del sistema de salud han modificado algunas máquinas con el fin de sustituir el combustible por agua, una adaptación improvisada cuyos resultados, alcance y número de equipos no han sido precisados por las autoridades.
La estrategia de control vectorial, según el MINSAP, se ha concentrado durante octubre y noviembre en la aplicación de abate en depósitos de agua de viviendas, priorizando las zonas con mayores índices de infestación. Sin embargo, la fumigación para eliminar mosquitos adultos —medida clave para cortar la transmisión— ha quedado relegada a un segundo plano, lo que reduce drásticamente la efectividad de la respuesta sanitaria en comunidades densamente pobladas.
Mientras la crisis de combustible limita la acción estatal, el gobierno cubano vuelve a trasladar el peso de la prevención a los ciudadanos. Las autoridades insisten en que la población debe tapar tanques, limpiar patios, chapear solares y eliminar criaderos. No obstante, esas recomendaciones chocan con la realidad de miles de cubanos que se ven obligados a almacenar agua durante días ante las constantes interrupciones del suministro, mientras la acumulación de basura y el deterioro del saneamiento básico multiplican los focos de reproducción del mosquito Aedes aegypti.
Territorios en alerta y silencio epidemiológico
Los datos oficiales de la semana estadística 44 revelan que siete territorios registraron un aumento de la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores: Pinar del Río, Matanzas, Villa Clara, Ciego de Ávila, Isla de la Juventud, Santiago de Cuba y Guantánamo. Pinar del Río encabeza la lista de las zonas más comprometidas por la presencia simultánea del dengue y el chikunguña, una combinación que eleva el riesgo de cuadros clínicos graves y saturación de los servicios hospitalarios.
A pesar del avance documentado de ambas arbovirosis, el MINSAP no ha informado cuántas personas están enfermas, hospitalizadas o han fallecido a causa de estas enfermedades. La opacidad en la divulgación de estadísticas sanitarias es una constante del sistema de salud cubano, que históricamente ha retrasado o manipulado la publicación de datos epidemiológicos, incluso en contextos de emergencia como los brotes de cólera, influenza pandémica o la propia COVID-19.
Contexto sistémico: una crisis energética que desborda la salud pública
La falta de diésel para las campañas antivectoriales no es un hecho aislado, sino la expresión de la profunda crisis energética que atraviesa la isla. Cuba enfrenta desde hace años un déficit crónico de combustibles, agravado por la caída de los suministros procedentes de Venezuela, la ineficiencia de sus refinerías y las restricciones financieras derivadas del embargo estadounidense y de la mala gestión interna. Los apagones prolongados, la reducción del transporte público y la parálisis de sectores productivos son manifestaciones cotidianas de un colapso que hoy impacta directamente en la capacidad del Estado para proteger la salud de la población.
El deterioro de la infraestructura sanitaria, la falta de insumos médicos y la migración masiva de personal sanitario han debilitado aún más la respuesta ante epidemias. Miles de médicos y enfermeros han abandonado el país en los últimos tres años, buscando mejores condiciones de vida y ejercicio profesional. La salida de especialistas en epidemiología, control de vectores y medicina familiar deja a provincias enteras sin la capacidad técnica necesaria para enfrentar brotes que, en condiciones normales, serían controlables con recursos básicos.
La falta de combustible para fumigar se suma a la escasez de medicamentos para el tratamiento sintomático del dengue, la carencia de reactivos para confirmar casos en laboratorios y la ausencia de campañas masivas de educación sanitaria con financiamiento real. En este escenario, el régimen de La Habana insiste en medidas de autocuidado que, si bien son necesarias, no sustituyen la responsabilidad estatal de garantizar servicios públicos esenciales como el abasto de agua potable, la recogida de desechos sólidos y el control químico y biológico de vectores.
Antecedentes: epidemias recurrentes y desinformación oficial
La actual crisis sanitaria se produce en un contexto de epidemias recurrentes de dengue y chikunguña que la isla ha vivido durante la última década. En 2022 y 2023, numerosas provincias reportaron brotes importantes, con hospitales desbordados y miles de casos sospechosos que nunca fueron reflejados en las cifras oficiales. Organizaciones independientes y testimonios de ciudadanos documentaron un subregistro sistemático y la práctica de no reportar fallecimientos por dengue para evitar alarmas internacionales que pudieran afectar el turismo y la cooperación médica.
El silencio estadístico se ha convertido en una herramienta de control de la dictadura cubana, que prioriza la imagen internacional del sistema de salud como logro de la revolución sobre la transparencia y el derecho a la información de los ciudadanos. Mientras tanto, la falta de acceso a datos oportunos impide que la propia población adopte medidas de protección basadas en evidencia y dificulta la labor de la comunidad científica internacional para monitorear la evolución de las enfermedades en la región.
La carga recae sobre una población agotada
Las recomendaciones gubernamentales de eliminar criaderos y mantener patios limpios resultan especialmente crueles en un contexto donde los propios servicios públicos fallan. Decenas de miles de cubanos deben almacenar agua en tanques, cubos y recipientes improvisados porque el suministro por tubería llega solo unas horas al día o cada varios días. Esos depósitos, si no reciben abate con regularidad, se convierten en criaderos ideales para el mosquito transmisor. La escasez de tapas herméticas, la falta de acceso a mallas o cubiertas adecuadas y el hacinamiento en viviendas precarias agravan el riesgo.
Asimismo, la acumulación de basura en calles y vertederos improvisados, producto de la crisis del combustible que impide la recogida regular de desechos, amplía los focos de infestación. La insalubridad se ha normalizado en muchas ciudades, y la ciudadanía queda atrapada entre la exigencia de asumir tareas que competen al Estado y la imposibilidad material de cumplirlas sin los recursos mínimos que el propio gobierno no garantiza.
La falta de fumigación tiene implicaciones de mediano plazo que van más allá del contagio inmediato. La persistencia del vector y la circulación simultánea de múltiples serotipos del dengue incrementan la probabilidad de casos graves, con hemorragias y complicaciones orgánicas que requieren hospitalización y transfusiones, recursos hoy escasos en los hospitales cubanos. La combinación de desabastecimiento de hemoderivados, carencia de equipos de cuidados intensivos y exilio de especialistas anticipa un escenario de alta letalidad ante un eventual pico epidémico.
Conclusión: la salud como rehén de la crisis estructural
La confesión de la directora de Vigilancia y Lucha Antivectorial sobre la falta de diésel para fumigar expone no solo una carencia logística coyuntural, sino el fracaso de un modelo que antepone la narrativa ideológica a las necesidades básicas de la población. Mientras el gobierno cubano pide sacrificio y disciplina, la realidad demuestra que sin electricidad estable, sin agua corriente, sin combustible y sin transparencia, la prevención comunitaria se convierte en una carga desproporcionada para una ciudadanía agotada por años de escasez.
Las implicaciones políticas de esta crisis son profundas. La incapacidad de fumigar en pleno brote de dengue refuerza la percepción de abandono entre los cubanos y alimenta el éxodo migratorio, particularmente entre jóvenes y profesionales de la salud. Al mismo tiempo, la falta de rendición de cuentas y la manipulación de datos sanitarios erosionan la credibilidad interna y externa de las instituciones, dificultando la cooperación internacional y la asistencia humanitaria que podrían aliviar la emergencia. La salud pública en Cuba no es víctima de un accidente, sino el resultado previsible de decisiones políticas que priorizan el control social sobre el bienestar ciudadano.




