La tragedia sísmica que azota a Venezuela ha dejado al descubierto no solo la vulnerabilidad estructural del país sudamericano, sino también la indolencia del régimen de La Habana ante la vida de sus ciudadanos. Con al menos 1.450 muertos, 3.150 heridos y decenas de miles de desaparecidos tras los terremotos del 24 de junio, una treintena de cubanos permanece sin localizar, atrapados en un limbo burocrático y de escombros donde el pueblo ha tenido que asumir el rescate por su cuenta ante la ausencia de maquinaria y especialistas.
Addis Zaldívar Rodríguez, una madre cubana de 64 años, viajó a Venezuela hace un mes con el único propósito de visitar a su hija, Leina Moya. Hoy, su nombre figura en las listas no oficiales de desaparecidos tras el doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió al país suramericano con apenas 39 segundos de diferencia. La urbanización Caribe de Caraballeda, en el estado de La Guaira, se ha convertido en el epicentro de la desesperación para esta familia, donde los escombros de la residencia Hoyo 2 sepultan la esperanza de un reencuentro.
Con el paso de las horas, la ciudadanía ha ido tejiendo un doloroso mapa de cubanos en paradero desconocido. Entre ellos figuran Olivia Hernández Pérez, una psicóloga habanera de 28 años, y su pareja, Silvio René Garzón Molina. También se encuentran los hermanos Vanessa y Dayan Martínez, dos menores originarios de Mayabeque que residían con su padre en La Guaira, además de Reinier Campos y otros coterráneos cuyos familiares enfrentan una agonizante incertidumbre. Para todos, el tiempo se agota entre réplicas que no cesan y la inoperancia de las instituciones encargadas de protegerlos.
Ante la magnitud del desastre, el gobierno cubano, a través de Miguel Díaz-Canel, ha emitido una declaración asegurando que se mantiene en «contacto permanente con las autoridades venezolanas y nuestra embajada» para brindar ayuda posible. Sin embargo, este comunicado ha sido percibido como un mero ejercicio diplomático. Llama la atención el uso del término «nación hermana», una retórica poco habitual desde la captura de Nicolás Maduro y el posterior acercamiento de Delcy Rodríguez hacia Estados Unidos, lo que evidencia un intento del ejecutivo cubano por maquillar su preocupación institucional en medio de un complejo tablero geopolítico.
En contraste con la suerte de los ciudadanos comunes, la misión médica cubana —que opera en los 24 estados venezolanos bajo denuncias reiteradas de explotación y condiciones asimiladas a la esclavitud moderna— se apresuró a confirmar que todos sus miembros se encuentran «a salvo». Las autoridades de la isla difundieron imágenes en el terreno para asegurar que sus profesionales ya se encontraban allí antes del sismo, dejando en evidencia un trato diferenciado y preferencial hacia el personal utilizado como herramienta diplomática, frente al abandono de los cubanos que viajan por motivos familiares o migratorios.
El colapso institucional en Venezuela y la respuesta tardía
La tragedia ha puesto de manifiesto la precariedad de la gestión del desastre en Venezuela, un país situado en una peligrosa franja sísmica. A diferencia de naciones como Chile y México, que han integrado sistemas de alertas tempranas (SENAPRED y SASMEX, respectivamente), normativas de construcción estrictas y una cultura cívica de prevención, el país sudamericano enfrenta una alta vulnerabilidad. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), alineada al gobierno bolivariano, presume de haber entrenado a más de 65 mil personas en prevención desde 1998, pero la realidad del terreno demuestra que no existe una red de emergencia funcional ni una cultura de simulacros.
La nación que Delcy Rodríguez hereda tras la extracción de Maduro por fuerzas estadounidenses ha demostrado una alarmante falta de preparación para sismos de alta intensidad. La escasez de equipos de rescate especializados, bomberos estructurales y maquinaria pesada para abrir caminos se convierte en un obstáculo insalvable en un contexto marcado por décadas de desinversión en infraestructuras. Las edificaciones en Venezuela no han estado sujetas a los estándares de ingeniería antisísmica exigidos en Japón o Chile, lo que multiplicó los efectos devastadores del doblete sísmico.
En La Guaira, uno de los territorios más castigados, la ausencia de rescatistas profesionales ha obligado a que «el pueblo rescate al pueblo». Leina Moya, hija de Addis, ha relatado cómo los vecinos remueven escombros con las manos y herramientas improvisadas, ante la ausencia de retroexcavadoras en puntos críticos. La joven ha identificado un posible «hueco de vida», un espacio entre los restos de la estructura donde su madre podría haber sobrevivido, una esperanza que no resulta irracional dado que equipos internacionales han logrado rescatar personas con vida tras pasar más de cuatro días bajo los escombros en Caraballeda.
Sin embargo, las denuncias sobre la gestión de las autoridades venezolanas ensombrecen el panorama. Leina Moya reportó que, en el edificio Hoyo 2, los esfuerzos institucionales se centraron exclusivamente en rescatar a un comisario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Una vez que la policía científica extrajo a su jefe utilizando maquinaria, abandonaron el sitio, dejando atrás el cuerpo de otra víctima y a los demás residentes atrapados. Mientras tanto, un equipo de rescatistas de Mérida apenas llegó a la zona días después, esperando aún la asignación de maquinaria adecuada para iniciar los trabajos.
Contexto: La crisis estructural cubana y la diáspora desprotegida
La presencia de cubanos en Venezuela no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa de la profunda crisis estructural que asola a la isla. La inflación galopante, el colapso de los servicios públicos, el desabastecimiento crónico y la falta de libertades impulsadas por la dictadura cubana han forzado a miles de ciudadanos a buscar refugio y oportunidades económicas en cualquier rincón del mundo, incluyendo naciones con altos índices de vulnerabilidad y inestabilidad política como Venezuela. La migración ya no es solo hacia el norte, sino un fenómeno hemisférico donde los cubanos se convierten en carne de cañón ante desastres naturales.
Esta tragedia sísmica expone la falta de protección consular y el desamparo absoluto que sufren los cubanos en el exterior. El régimen de La Habana ha mantenido históricamente una política exterior basada en la supervivencia del aparato gubernamental, priorizando alianzas estratégicas y el envío de misiones médicas a cambio de recursos, por encima de la seguridad y los derechos de sus ciudadanos comunes. Cuando un cubano no forma parte del engranaje propagandístico o de extracción de divisas del Estado, queda a merced de la buena voluntad de terceros, como se evidencia en la lenta e insuficiente respuesta oficial ante los desaparecidos en La Guaira.
Además, la inestabilidad política en Venezuela, en medio de una transición forzada tras la salida de Maduro, agrava la vulnerabilidad de los migrantes cubanos. La dictadura cubana, acostumbrada a operar de la mano con el chavismo, se encuentra ahora en un terreno diplomático incierto. Esta desconexión política se traduce directamente en una falta de canales efectivos de ayuda para los cubanos atrapados bajo los escombros, demostrando que, para el poder en La Habana, la vida humana es prescindible cuando no reporta beneficio político o económico inmediato.
Antecedentes de abandono y desidia institucional
El patrón de abandono estatal ante desastres no es nuevo para los cubanos. En la isla, eventos como el huracán Ian en Pinar del Río o el incendio de la base de supertanqueros en Matanzas demostraron cómo el gobierno cubano minimiza la magnitud de las tragedias, censura las peticiones de ayuda de la población y responsabiliza a los ciudadanos de su propia supervivencia mediante la imposición de «medidas del periodo especial». La exportación de este modelo de gestión ineficaz y autoritario se refleja ahora en la tragedia venezolana, donde las instituciones inoperantes privilegian a sus cuadros y abandonan a la población civil.
La falta de maquinaria y equipos de rescate en Venezuela es un reflejo del deterioro institucional que ambos regímenes comparten. Al igual que en Cuba, donde el bloqueo burocrático impide una respuesta rápida ante emergencias, en La Guaira los vecinos deben organizarse a través de internet para suplir las deficiencias del Estado. La esperanza de Leina Moya y otras familias reside ahora en la solidaridad internacional y en equipos como el salvadoreño, que ha logrado localizar sobrevivientes cerca de la zona donde se presume está Addis Zaldívar.
El reloj sigue corriendo en contra de los desaparecidos. Mientras las réplicas de magnitud 4,6 siguen sacudiendo la falla tectónica entre la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana, la angustia de los familiares crece. El desenlace de esta tragedia no solo marcará la vida de decenas de familias cubanas y venezolanas, sino que dejará un saldo político innegable: la demostración palpable de que tanto el régimen de La Habana como las autoridades encargadas en Caracas son incapaces de garantizar el derecho fundamental a la vida y a la protección de sus ciudadanos en los momentos de mayor vulnerabilidad.
