El régimen de La Habana ha desplegado un inusual operativo de seguridad en la provincia de Camagüey, movilizando a más de 330 jinetes para resguardar las zonas rurales y frenar el hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor. La medida, que refleja la profundidad de la crisis alimentaria y la desesperación social, será extendida a otras estructuras productivas del territorio en medio del colapso del sector agropecuario.
Según informó la emisora estatal Radio Cadena Agramonte, los efectivos fueron organizados en 54 brigadas montadas, las cuales conforman a su vez 25 destacamentos de respuesta rápida que representan a igual número de cooperativas. De estas, siete son Cooperativas de Producción Agropecuaria y 18 de Créditos y Servicios. El dispositivo es respaldado por 35 auxiliares de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), autorizados directamente por el Ministerio del Interior (MININT) para integrarse a las rondas de vigilancia en el campo, lo que evidencia la militarización de la respuesta estatal ante un problema de índole económica.
Las autoridades de la isla han señalado que esta estructura de vigilancia deberá ampliarse próximamente a las 10 unidades empresariales de base y a las nueve unidades básicas de producción cooperativa que operan en el municipio cabecera de Camagüey. Esta decisión institucional del gobierno cubano subraya la incapacidad del aparato estatal para garantizar la seguridad de los rebaños a través de los mecanismos regulares, obligando a recurrir a la movilización ciudadana y policial en un esfuerzo por blindar una actividad económica en franco deterioro.
El robo de ganado como síntoma de la crisis sistémica
La magnitud del operativo responde a una escalada delictiva directamente vinculada a la escasez y el hambre. Un análisis presentado por el Gobierno municipal en agosto reveló que durante el primer semestre de 2026 se contabilizaron más de 600 contravenciones en la ciudad de Camagüey. Alrededor del 40% de estos casos estuvo relacionado con delitos considerados graves, entre los que destacan el robo con fuerza, delitos contra la vida y distintas modalidades de hurto de ganado, un fenómeno que golpea indistintamente a productores estatales y al sector campesino y cooperativo.
El problema, sin embargo, trasciende las fronteras de Camagüey y se enmarca en una crisis sistémica de la ganadería cubana. En Villa Clara, uno de los territorios con mayor tradición ganadera del país, las autoridades han advertido sobre el deterioro acelerado de las condiciones para mantener la masa animal, afectada por la falta de agua, la degradación de los pastizales y la escasez crítica de combustible. El periódico oficial Vanguardia reconoció que el sector atraviesa un retroceso marcado por la pérdida sostenida de animales y la imposibilidad de garantizar las condiciones básicas de producción.
A estas limitaciones estructurales se suma el impacto demoledor del hurto y sacrificio clandestino de reses. Según reportes oficiales sobre la situación en Villa Clara, durante el año 2025 se registraron unas 9.000 bajas de animales por este concepto. La tendencia no ha disminuido: en los primeros cinco meses de 2026 se contabilizaron 3.476 hechos delictivos en fincas estatales y privadas. Esta problemática afecta de manera desproporcionada a los productores campesinos y cooperativistas, quienes concentran alrededor del 86% de la masa ganadera de la provincia.
El fracaso del modelo centralizado y la represión rural
La creación de patrullas rurales montadas en Camagüey no es más que un parche frente a la hemorragia productiva que sufre la isla. La crisis ganadera es un síntoma inequívoco del fracaso del modelo económico centralizado. Durante décadas, el régimen ha controlado la tierra, los insumos y la distribución, asfixiando la iniciativa privada y campesina. Hoy, la falta de fertilizantes, el envejecimiento de la maquinaria agrícola y la ineficiencia de las empresas estatales han llevado al sector al borde del colapso absoluto, impidiendo cumplir los planes de acopio de leche y carne.
En este escenario de desabastecimiento generalizado, el hurto de ganado ha dejado de ser un delito estrictamente económico para convertirse, en muchos casos, en una estrategia de supervivencia ante la hiperinflación y la pérdida del poder adquisitivo. Mientras la población enfrenta una escasez crónica de proteínas en los mercados y los precios de la canasta básica se disparan, la inseguridad alimentaria empuja a sectores cada vez más amplios de la sociedad a la ilegalidad. La dictadura cubana responde a esta desesperación ciudadana con un aumento de la represión y la vigilancia policial, en lugar de abordar las causas raíz de la crisis.
Históricamente, Cuba fue un país con una notable tradición ganadera, llegando a ser exportador de carne y lácteos a principios y mediados del siglo XX. Sin embargo, la nacionalización de la tierra y la imposición de un modelo estatal ineficiente tras 1959 destruyeron la productividad del campo. Las estrictas regulaciones que prohíben o dificultan el sacrificio legal de ganado, sumadas al monopolio estatal sobre la comercialización, han creado un mercado negro perverso. El campesino se ve obligado a producir en condiciones precarias, sin insumos, y bajo la constante amenaza del robo, mientras el Estado impone precios de acopio que no cubren los costos de producción.
La respuesta de la dictadura cubana, al desplegar jinetes y fuerzas del MININT, criminaliza una vez más a la población rural. En lugar de flexibilizar el comercio, entregar tierras en propiedad real y permitir la libre importación de insumos agropecuarios, el ejecutivo cubano opta por la represión y el control policial. Esta militarización del campo no resolverá la falta de pasto ni hará aparecer el combustible para bombear agua, sino que simplemente profundizará el miedo y la burocracia en un sector ya asfixiado.
Implicaciones a futuro para la ciudadanía
Las consecuencias de este espiral son evidentes y devastadoras: una menor disponibilidad de alimentos para la población, el empobrecimiento del campesino y el aumento de la conflictividad social en las zonas rurales. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos económicos y sociales observan cómo el modelo impuesto por el régimen de La Habana no solo fracasa en garantizar la seguridad alimentaria, sino que responde a la crisis generada por sus propias políticas con medidas represivas y paliativos burocráticos.
Mientras no se produzca un cambio estructural que libere las fuerzas productivas y respete la propiedad privada, el robo de ganado y la ruina del campo cubano seguirán siendo la tónica de una nación que produce cada vez menos y reprime cada vez más. El despliegue de cientos de jinetes en Camagüey es el retrato perfecto de una isla donde el Estado ha perdido el control de la economía y solo le queda el uso de la fuerza para intentar mantener el orden en medio del desastre.
