El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) ha confirmado la cifra de 50 feminicidios en Cuba durante el presente año 2026, un número que supera los 48 casos verificados durante todo el año anterior. Los crímenes recientes de dos mujeres en Camagüey y Santiago de Cuba evidencian el agravamiento de la violencia machista en la isla, en medio del silencio institucional y la falta de políticas públicas eficaces por parte del régimen de La Habana.
El balance independiente actualizado por el OGAT refleja un incremento alarmante de la violencia letal contra las mujeres. La organización, que monitorea estos casos ante la ausencia de estadísticas oficiales transparentes, reportó el repunte tras la confirmación de dos nuevos crímenes en provincias del país. Estos sucesos ponen de manifiesto la vulnerabilidad de las mujeres cubanas frente a la violencia de género, agravada por el contexto de crisis social, inseguridad y colapso económico que atraviesa la nación.
Con estos sucesos, la estadística del OGAT contabiliza también 21 intentos de feminicidio y dos homicidios de hombres por razones asociadas a violencia de género durante 2026. Los datos reflejan un aumento sostenido respecto a la totalidad del año anterior, periodo en el que el 83,3 % de las víctimas —40 de un total de 48— murieron a manos de parejas o exparejas. Esta tendencia ascendente demuestra que la violencia machista no es un hecho aislado, sino un fenómeno sistémico que cobra cada vez más vidas en la isla.
Crueldad y misoginia en Camagüey
Uno de los crímenes validados por el observatorio es el asesinato de Bertha Veitia López, de 64 años. Su cadáver fue hallado en un platanal del municipio camagüeyano de Nuevitas, días después de haber sido agredida el 26 de agosto por un presunto conocido. Veitia López, quien laboraba como auxiliar en el hospital de la localidad y era reconocida en su comunidad por su generosidad, fue localizada en condiciones que el OGAT calificó como de \»gran crueldad y misoginia\». Las autoridades locales mantienen arrestado al sospechoso del crimen, aunque la lentitud y opacidad del proceso judicial reflejan la ineficacia del sistema para proteger a las víctimas y garantizar la justicia.
Asesinato a manos de un recluso fugado en Santiago de Cuba
Por otra parte, el organismo independiente constató la muerte de Yadelaine Roque Torres, una joven de 25 años y madre de una niña pequeña. Fue agredida a las puertas de su vivienda el 4 de septiembre en el poblado rural de Sabana, en Santiago de Cuba. Según los detalles publicados por el OGAT, a partir de denuncias iniciales del periodista Yosmany Mayeta Labrada, el agresor —identificado como Yorgelis Vidal Ayarde, de 24 años— se había fugado de un centro penitenciario cercano y utilizó un arma blanca para cometer el ataque. Roque Torres falleció a causa de las heridas tras ser trasladada de urgencia al Hospital Ambrosio Grillo. Horas más tarde, el atacante fue encontrado sin vida en el puente de Marimón, en el distrito José Martí, tras haberse suicidado.
El subregistro y la censura del Estado
El subregistro independiente elaborado por el OGAT se sustenta en la labor de una red interna de observadoras, el cotejo de testimonios de allegados y la verificación en plataformas digitales. Sin embargo, la organización ha reiterado que sus cómputos son parciales debido a las limitaciones impuestas por la dictadura cubana para acceder a informes forenses, actuaciones policiales y expedientes judiciales de carácter oficial. La opacidad informativa y el control absoluto sobre las instituciones impiden dimensionar con exactitud la tragedia, dejando a las víctimas en un estado de total desamparo legal y social.
Contexto: La crisis estructural y el desamparo de las mujeres
El aumento de los feminicidios en Cuba no puede desvincularse de la profunda crisis estructural que atraviesa el país. La falta de oportunidades, la inflación galopante, el desabastecimiento crónico y el colapso de los servicios públicos han generado un caldo de cultivo para la violencia en los hogares. El hacinamiento en viviendas precarias, la falta de privacidad y el estrés constante por la supervivencia diaria exacerban los conflictos familiares. A pesar de la promulgación del Decreto-Ley 399 en 2023, que supuestamente tipificaba el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer, la realidad demuestra que las medidas gubernamentales son insuficientes y meramente formales. El gobierno cubano carece de la voluntad política y los recursos para implementar políticas de prevención reales, dejando a las mujeres solas frente a sus agresores.
El caso de Yadelaine Roque Torres evidencia además el colapso del sistema penitenciario y la inseguridad ciudadana bajo el régimen de La Habana. La fuga de un recluso y su capacidad para cometer un asesinato brutal en las puertas de la vivienda de la víctima exponen la ineficacia de las fuerzas del orden. Mientras las autoridades de la isla destinan enormes recursos a la represión política, la persecución de opositores y el control social, la seguridad ciudadana y la protección de las mujeres quedan relegadas a un segundo plano. La dictadura prioriza el control del poder sobre la vida de los ciudadanos, lo que se traduce en impunidad para los agresores y justicia fallida para las víctimas.
La fractura social también se manifiesta en el éxodo migratorio masivo, que ha desintegrado redes de apoyo familiar y comunitario. Con la salida de cientos de miles de cubanos, muchas mujeres se han quedado al frente de sus hogares en condiciones de extrema vulnerabilidad, sin el respaldo necesario para enfrentar situaciones de violencia o denunciarlas. Las casas de refugio para víctimas de violencia de género son prácticamente inexistentes en el país, y las instituciones estatales, como la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), responden a la línea del partido antes que a las necesidades reales de las mujeres agredidas.
Antecedentes de una lucha silenciada
Históricamente, el régimen cubano ha utilizado la retórica de la igualdad de género como un instrumento de propaganda internacional, mientras en el interior del país se invisibilizaba el problema de la violencia machista. Durante décadas, el Estado negó la existencia de feminicidios, argumentando que el modelo socialista había erradicado las desigualdades de clase que, según su discurso, originaban la violencia. Sin embargo, desde hace unos años, el trabajo incansable de plataformas independientes como el OGAT y la Red Femenina de Cuba ha logrado romper el muro de silencio, documentando casos que el ejecutivo cubano se niega a reconocer oficialmente con cifras claras, actualizadas y desagregadas.
Consecuencias y perspectivas
El escalamiento de la violencia de género en Cuba durante 2026 augura un futuro sombrío si no se adoptan medidas estructurales urgentes. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos deben exigir al régimen de La Habana transparencia en las cifras, acceso a la justicia para las víctimas y la implementación de políticas de protección real, que incluyan educación en igualdad y un sistema judicial imparcial. Mientras la dictadura mantenga su política de censura y represión, las mujeres cubanas seguirán pagando con sus vidas la inacción de un sistema que las ha condenado al desamparo absoluto. La sociedad civil, a pesar de los riesgos y la hostilidad estatal, continúa su labor de monitoreo, demostrando que la realidad de la violencia machista en Cuba no puede ser ocultada por mucho tiempo.
