En 1965, el régimen castrista expropió la finca El Masío, en Ciego de Ávila, a Constantino Mosquera Sánchez, un inmigrante gallego que llegó a Cuba en 1908 y construyó con décadas de trabajo un próspero predio agrícola. Las 34 caballerías de tierra, el ganado, los vehículos y la maquinaria fueron confiscados bajo el amparo de la Ley de Reforma Agraria. Mosquera murió de un infarto pocos meses después del despojo. Su historia, una entre miles, ilustra el mecanismo sistemático de expropiaciones que el castrismo utilizó para concentrar toda la propiedad en manos del Estado.
La finca El Masío, ubicada en el municipio de Majagua, en la provincia de Ciego de Ávila, era considerada por los habitantes de la zona como \»una joyita\». Sus 34 caballerías —equivalentes a aproximadamente 456 hectáreas— estaban dedicadas al cultivo de caña de azúcar para abastecer al central azucarero local y a la cría de ganado vacuno. Era el resultado de más de cinco décadas de esfuerzo ininterrumpido de un hombre que había llegado a Cuba sin más patrimonio que su voluntad de trabajar.
Constantino Mosquera Sánchez nació en Galicia y emigró a la isla en 1908, en una época en que Cuba recibía a miles de españoles que huían de la pobreza rural de la península ibérica. Se estableció en Ciego de Ávila y, según relatan sus descendientes, trabajó de sol a sol durante años hasta lograr prosperar. Compró tierras, las hizo productivas, adquirió maquinaria y construyó un patrimonio que sostenía no solo a su familia directa, sino también a los trabajadores que empleaba en la finca.
La expropiación llegó en 1965, cuando el proceso de confiscaciones masivas que había comenzado con la promulgación de la Primera Ley de Reforma Agraria en 1959 ya estaba en plena ejecución. A Mosquera le fueron arrebatadas las 34 caballerías de tierra, 120 reses, un camión para el tiro de caña, tres tractores con sus respectivos arados y un jeep Willys. A la familia —compuesta por Constantino, su esposa, su hijo menor y dos hijas— solo se le permitió conservar la casa de vivienda y doce vacas. El resto pasó a manos del Estado sin indemnización ni proceso judicial adversarial alguno.
El costo humano del despojo
Constantino Mosquera no resistió la pérdida. Falleció de un infarto a los 82 años, apenas unos meses después de que le arrebataran la finca, el ganado y los vehículos. Para un hombre que había dedicado toda su vida adulta a construir un patrimonio a partir del trabajo agrícola, la confiscación no fue solo un acto económico: fue la anulación de un proyecto de vida entero. Sus descendientes relatan que el deterioro físico y emocional fue inmediato tras la expropiación.
La historia de Mosquera no es un caso aislado. Desde 1959, el régimen de La Habana instrumentó un mecanismo legal y administrativo para despojar a miles de propietarios —cubanos y extranjeros— de sus tierras, negocios, viviendas y bienes personales. La Primera Ley de Reforma Agraria, promulgada en mayo de 1959, estableció un límite de 30 caballerías (unas 402 hectáreas) para las propiedades agrícolas, pero la aplicación fue ampliándose progresivamente hasta afectar a medianos y pequeños propietarios que en ningún caso podían ser considerados \»latifundistas\». La Segunda Ley de Reforma Agraria, de 1963, redujo aún más el límite y profundizó el proceso de confiscación.
El Estado como único latifundista
El argumento oficial para justificar las expropiaciones fue la eliminación del latifundismo y la redistribución de la tierra entre los campesinos. Sin embargo, la realidad fue que las tierras confiscadas no pasaron a manos de los trabajadores agrícolas, sino que fueron concentradas en el aparato estatal, a través de granjas del pueblo y cooperativas controladas por el gobierno. Como ha señalado la familia Mosquera a través del opositor Michel Iroy Rodríguez, que hizo llegar la historia a esta redacción, el resultado fue paradójico: el Estado se convirtió en el único latifundista del país.
Una de las nietas de Constantino Mosquera aún reside en la casa de la finca El Masío. Lo que alguna vez fue un predio próspero y bien cuidado es hoy un terreno invadido por la maleza y el marabú, la planta espinosa que se ha convertido en el símbolo del abandono de los campos cubanos. Los cañaverales que abastecían al central de Majagua están maltrechos o han desaparecido. El contraste entre lo que fue la finca en tiempos de su propietario original y lo que es hoy refleja con crudeza el fracaso del modelo agrícola impuesto por las autoridades de la isla.
Un país invadido por el marabú
La imagen de El Masío invadida por el marabú no es una excepción, sino la norma en la Cuba rural del siglo XXI. Décadas de colectivización forzada, falta de incentivos para los productores, burocracia asfixiante y desinversión en el sector agropecuario han convertido a la isla —que en otros tiempos fue exportadora de azúcar, tabaco, café y ganado— en un territorio incapaz de alimentar a su propia población. El gobierno cubano importa actualmente más del 70% de los alimentos que consume la población, con un costo anual que supera los 2.000 millones de dólares, según datos del propio Ministerio de Economía y Planificación.
El central azucarero al que abastecía la finca de Mosquera forma parte de la larga lista de ingenios que han cerrado o reducido su producción a niveles mínimos durante las últimas décadas. En los años noventa, Cuba llegó a producir más de 4 millones de toneladas de azúcar anuales; en la zafra más reciente, la cifra apenas superó las 400.000 toneladas. El colapso de la industria azucarera, otrora el corazón económico de la isla, es una consecuencia directa del modelo de gestión estatal que sustituyó a propietarios como Constantino Mosquera por administradores burocráticos sin autonomía ni recursos.
La herencia del despojo y la crisis estructural
Los descendientes de Constantino Mosquera Sánchez están hoy repartidos entre España y Estados Unidos, integrados en la diáspora cubana que ha crecido de manera exponencial en las últimas décadas. Una de sus nietas, Elvia Alicia Isbern Mosquera, decidió hacer pública la historia del despojo no con la esperanza de recuperar las propiedades —luego de casi seis décadas, la familia ya no abriga esa expectativa—, sino para preservar la memoria de lo ocurrido y evitar que el caso caiga en el olvido.
La expropiación de El Masío se inscribe en un patrón más amplio que afectó a decenas de miles de familias cubanas. Las confiscaciones de bienes inmuebles, tierras, negocios y cuentas bancarias se realizaron sin debido proceso, sin indemnización efectiva y sin posibilidad de recurso judicial en un sistema donde los tribunales respondían a las directrices del poder político. El impacto de esas medidas se extiende hasta el presente: la inseguridad jurídica que caracteriza al régimen cubano —donde ningún ciudadano puede considerarse verdaderamente propietario de su vivienda o su tierra— tiene su origen en aquel proceso de expropiaciones masivas que comenzó en 1959 y se profundizó durante los años sesenta.
La crisis económica que atraviesa Cuba hoy —con inflación descontrolada, desabastecimiento crónico, apagones prolongados y un éxodo migratorio que ha superado el millón de personas en menos de tres años— tiene raíces profundas en las decisiones tomadas durante aquellas décadas fundacionales del castrismo. La eliminación de la propiedad privada productiva, la sustitución del agricultor independiente por el funcionario estatal y la concentración de todos los recursos en manos del gobierno generaron un modelo económico que ha demostrado su ineficiencia a lo largo de más de seis décadas. La finca El Masío, hoy cubierta de marabú, es un monumento silencioso a ese fracaso.
La memoria como resistencia
Más allá de las implicaciones económicas, la historia de la familia Mosquera plantea la cuestión de la memoria histórica y la justicia. La dictadura cubana ha construido durante décadas una narrativa oficial en la que las expropiaciones se presentan como actos de justicia social y redistribución de la riqueza. Sin embargo, testimonios como el de Elvia Alicia Isbern Mosquera desmontan esa versión y muestran el rostro humano del despojo: familias destruidas, patrimonios confiscados sin compensación, vidas truncadas por la arbitrariedad del poder.
La comunidad internacional ha prestado atención limitada al legado de las expropiaciones cubanas, en parte porque la mayoría de los casos ocurrieron hace más de medio siglo y porque los reclamantes se han dispersado por distintos países. No obstante, el gobierno de Estados Unidos mantiene vigente la Ley Helms-Burton, que contempla sanciones a entidades extranjeras que trafiquen con propiedades estadounidenses confiscadas en Cuba, lo que mantiene abierto el debate sobre la legitimidad jurídica de las expropiaciones y la necesidad de una eventual restitución o compensación en un escenario de transición democrática.
Para los descendientes de Constantino Mosquera, la justicia material parece cada vez más lejana. Pero la preservación de su historia cumple una función que trasciende lo individual: reconstruir el relato de lo que fue Cuba antes de que el castrismo lo transformara todo, y documentar el método mediante el cual un régimen autoritario despojó a su población de derechos, propiedades y futuro. Cada finca confiscada, cada negocio arrebatado, cada vida quebrada por la arbitrariedad estatal es una pieza de un puzzle mayor: el de un país que fue despojado de su capacidad productiva y de su memoria para servir a un proyecto político que, seis décadas después, no ha cumplido ninguna de sus promesas.
