El gobierno cubano ha extendido temporalmente la aplicación de la Resolución 56 del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), otorgando una tregua a los negocios privados que enfrentaban el cese inminente de sus operaciones de comercialización mayorista. Sin embargo, esta prórroga no representa una apertura, sino el aplazamiento de una sentencia de muerte económica. Las autoridades de la isla mantienen su objetivo de reducir el emprendimiento a su mínima expresión, condicionando su supervivencia a la subordinación total a la ineficiente empresa estatal socialista.
La decisión de postergar la entrada en vigor de la medida, anunciada por la ministra Betsy Díaz Velázquez, responde a un proceso de depuración controlada más que a un cambio de política económica. El ejecutivo cubano ha dejado claro que los denominados «actores económicos estatales» podrán continuar sus operaciones mayoristas únicamente mientras los gobiernos locales y los máximos decisores nacionales evalúan qué negocios sobreviven y cuáles son eliminados. El criterio fundamental para esta selección no es la rentabilidad, la eficiencia o la aportación a la economía nacional, sino el grado de vinculación y subordinación de estos negocios al sector estatal.
El verdadero propósito de esta maniobra burocrática es evitar que el sector privado haga sombra a la empresa estatal o compita con los negocios asociados a la élite en el poder. Más que una estrategia para resolver la profunda crisis que atraviesa la isla, la «estatalización» del emprendimiento responde a una lógica de control político absoluto. El régimen de La Habana prioriza el monopolio del poder por encima de los innegables beneficios que traería la liberación total de las fuerzas productivas, temiendo que una clase empresarial autónoma erosion su hegemonía ideológica.
En la práctica, el gobierno permite la existencia de negocios privados solo si estos están plegados a sus decisiones y propósitos, carentes de verdadera autonomía. Esto le permite proyectar hacia el exterior una ilusión de reformismo y apertura económica, útil para la percepción política internacional, mientras en el interior asistimos a un maratónico retroceso en las libertades económicas y ciudadanas. La duda sobre el carácter genuinamente «privado» de estas empresas es una constante, pues su origen de capital puede ser privado, pero su funcionamiento está supeditado a las directrices del Estado.
De hecho, el propio discurso oficial evita sistemáticamente utilizar el término «sector privado», prefiriendo la etiqueta de «sector no estatal». Esta elección semántica no es casual y describe con precisión la visión del gobierno: un apéndice excluido y discriminado del sistema económico. En la Constitución cubana, que consagra un socialismo «irrevocable e inextinguible», fenómenos como la acumulación de capital, la libre competencia con el Estado o la creación de gremios y sindicatos independientes del control del Partido Comunista están estrictamente prohibidos.
La falta de independencia se manifiesta en el estrecho margen de maniobra que tienen los emprendedores para expandir sus negocios o desarrollar nuevas metas. La aprobación de una mipyme no depende de la demanda del mercado o de la viabilidad del proyecto, sino de la decisión de comisiones municipales que, con frecuencia, carecen de formación económica. Estas comisiones se guían por un nomenclador de necesidades regionales definido por el Estado, priorizando sectores como la producción de alimentos, materiales de construcción o transporte de pasajeros, mientras descartan otras iniciativas igualmente válidas.
Si un ciudadano posee el capital y el conocimiento para fabricar calzado o elaborar perfumes, pero esta actividad no está contemplada en el plan de desarrollo local, su proyecto es frustrado. En caso de que el emprendedor acepte las reglas impuestas, debe invertir su capital donde el gobierno le indique. Esto lo somete a una inseguridad jurídica permanente, ya que el negocio puede ser extinguido arbitrariamente si las prioridades del gobierno local cambian, o si una empresa estatal o de capital extranjero decide asumir esa función económica.
Antecedentes de un control asfixiante
Esta hostilidad hacia la iniciativa individual no es un fenómeno nuevo, sino una constante en la historia reciente de la isla. A mediados de la década de 1990, tras la profunda crisis del Periodo Especial, la dictadura cubana se vio obligada a legalizar el trabajo por cuenta propia como un mal necesario. Surgieron entonces las primeras «paladares» y el arrendamiento de habitaciones, enfocados principalmente a suplir carencias en el sector turístico. Sin embargo, estas concesiones estuvieron marcadas por innumerables limitaciones diseñadas para mantener a los emprendedores en desventaja frente a los establecimientos del régimen.
Fidel Castro nunca ocultó su rechazo a la legalización del trabajo por cuenta propia, una medida que contradecía frontalmente la «Ofensiva Revolucionaria» de finales de los años 60, mediante la cual se aniquiló todo indicio de propiedad privada en la isla, hasta el punto de extinguir al más humilde vendedor callejero. Ese reflejo totalitario de anexión de la economía al control partidista sigue vigente en la mentalidad de los máximos decisores nacionales actuales.
La naturaleza coyuntural de estas aperturas quedó demostrada a finales de los años 90. Con la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela en 1998 y el flujo de subsidios petroleros y económicos hacia la isla, el gobierno cubano suprimió abruptamente la concesión de nuevas licencias. Al desaparecer la necesidad apremiante, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cerró el grifo. Una dinámica similar se repitió tras la «actualización» del modelo económico impulsada por Raúl Castro en 2010; apenas tres años después, en 2013, el Decreto 315 impuso nuevas restricciones bajo el pretexto de «ordenar» el sector, ahogando nuevamente la incipiente actividad emprendedora.
Impacto en la crisis estructural
El cerco actual contra las mipymes ocurre en medio de una crisis estructural sin precedentes. Cuba sufre una hiperinflación galopante, un desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y un colapso total de su sistema energético. En este escenario, las autoridades de la isla han encontrado en el sector no estatal un chivo expiatorio ideal para justificar el fracaso del modelo socialista, acusando a los empresarios de especulación y enriquecimiento ilícito, mientras ignoran la incapacidad de la empresa estatal para abastecer al mercado.
La desconexión entre los precios de las tiendas estatales en moneda libremente convertible y los mercados mayoristas privados ha sido utilizada por el gobierno para criminalizar al emprendedor. Sin embargo, la inflación en Cuba responde fundamentalmente a la emisión monetaria inorgánica del Estado y a la inexistencia de una economía productiva. Asfixiar a los mayoristas privados no resolverá la devaluación del peso cubano, sino que concentrará aún más el poder de fijación de precios en manos del monopolio estatal, empeorando el acceso a bienes básicos para la población.
El exterminio o la subordinación forzosa del sector mayorista privado agravará inevitablemente la escasez. Al cortar las cadenas de suministro independientes, el régimen de La Habana devuelve el monopolio del comercio a un aparato estatal corrupto e ineficiente. Esta política de ahogo productivo es también un catalizador del éxodo migratorio que ha vaciado a la isla de su fuerza laboral más calificada y emprendedora. Los jóvenes y profesionales prefieren abandonar el país antes que operar bajo el yugo de una burocracia que penaliza el éxito y la innovación.
La prórroga de la Resolución 56 es, en esencia, un acto de represión económica disfrazado de reordenamiento. Mientras la dictadura cubana proyecte hacia el exterior una ilusión de reformismo para captar financiamiento internacional, en el interior aplica medidas que aniquilan cualquier atisbo de prosperidad autónoma. Las consecuencias de esta política serán un empobrecimiento mayor de la ciudadanía, el aislamiento de la economía nacional y el refrendo de un modelo que antepone la supervivencia política de una élite sobre el bienestar básico de la nación.
