La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó un amplio paquete legislativo que modifica aspectos centrales de la vida económica, laboral y administrativa de Cuba, mientras suspende de facto las elecciones municipales bajo el pretexto de la crisis. Las nuevas normativas abarcan la tierra, la vivienda, el trabajo y la identidad personal, en un intento del gobierno cubano por reordenar un sistema al borde del colapso productivo sin ceder el monopolio del poder político ni la propiedad de los medios fundamentales.
En un movimiento que elude la legitimidad en las urnas, las autoridades de la isla decidieron derogar la Ley 183, una norma aprobada apenas siete meses atrás que reducía excepcionalmente de cinco a cuatro años el mandato de las asambleas municipales para hacer coincidir los comicios locales con los nacionales. Con esta revocación, los delegados conservarán el mandato constitucional de cinco años y las elecciones se postergan hasta 2027. José Luis Toledo Santander, secretario de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, justificó la decisión argumentando que la crisis económica y social aconseja concentrar los escasos recursos del país en la defensa y el desarrollo, descartando la conveniencia de organizar un proceso electoral en el corto plazo.
La Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal fue una de las piezas centrales aprobadas. Esta normativa unifica el Decreto-Ley 125 de 1991 y el Decreto-Ley 358 de 2018, junto a una veintena de disposiciones complementarias. Aunque introduce la posibilidad de conceder inicialmente hasta 67,10 hectáreas (cinco caballerías), con incrementos graduales que pueden alcanzar las 268 hectáreas, el régimen de La Habana mantiene su histórica negativa a entregar la propiedad plena. La tierra se otorga en usufructo, incluso a las mipymes privadas o mixtas dedicadas a la agricultura, siempre que sus proyectos estén vinculados a sistemas alimentarios locales, turismo o exportaciones. El Estado conserva así la facultad de revocar el uso de la tierra en cualquier momento.
El texto preserva fuertes restricciones sobre la tierra privada, prohibiendo explícitamente su arrendamiento, aparcería, hipoteca y embargo. Exige además autorización administrativa para operaciones básicas como compraventas, permutas o donaciones. El abandono injustificado, la falta de productividad o el uso no autorizado pueden conducir al comiso de la tierra y de los bienes agropecuarios. De especial relevancia para la diáspora es la disposición que establece que las tierras de campesinos declarados emigrados antes de la entrada en vigor de la Ley de Migración de 2024 se transmitan directamente al Estado. Esta medida representa una extensión de la confiscación sistemática practicada por la dictadura contra quienes deciden abandonar el país, entregando estos terrenos en usufructo a otros ocupantes previa aprobación burocrática.
Reordenamiento habitacional y apertura condicionada al capital foráneo
El ejecutivo cubano también aprobó una nueva Ley de la Vivienda, sustituyendo la legislación general vigente desde 1988. La norma reconoce a las personas naturales el derecho a poseer hasta dos viviendas, además de una casa de descanso o veraneo. Incorpora al Programa Nacional de Desarrollo Habitacional a entidades estatales, cooperativas, mipymes, inmobiliarias y personas que construyan por esfuerzo propio. El ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, destacó la eliminación de la autorización administrativa para la transmisión de solares yermos y la ampliación de facultades para ceder azoteas o permutar una vivienda por varios inmuebles.
En un giro que refleja la desesperación por captar divisas, la legislación elimina restricciones para que personas naturales y jurídicas extranjeras compren o arrienden viviendas mediante entidades inmobiliarias. Sin embargo, el acceso está condicionado a que los extranjeros realicen inversiones significativas, necesiten residir por tratamientos médicos o adquieran inmuebles en zonas urbanas. Esta apertura convive con un déficit habitacional que supera las 900.000 viviendas y con un parque inmobiliario donde más de un tercio del fondo existente se encuentra en estado regular o malo, según cifras oficiales. Paralelamente, la ley incorpora mecanismos de intervención judicial para inmuebles considerados abandonados o en ruina, manteniendo la amenaza de pérdida de propiedad para quienes adquieran viviendas por encima del límite legal.
El Código de Trabajo y la fachada de libertad sindical
El nuevo Código de Trabajo sustituirá la Ley 116 de 2013 y será aplicable a trabajadores y empleadores estatales y no estatales. Entre sus cambios figuran la fijación anual del salario mínimo, la eliminación de permisos administrativos para determinados casos de pluriempleo, el reconocimiento del teletrabajo desde el exterior y la posibilidad de pactar jornadas reducidas. El texto eleva de 17 a 18 años la capacidad jurídica general para trabajar, prohíbe el trabajo forzoso e infantil, y protege a las mujeres frente a despidos motivados por embarazo. Además, crea compensaciones económicas para trabajadores del sector privado o estatal que pierdan su empleo por causas estructurales o cancelaciones de actividades.
Pese a declarar la libertad sindical y la negociación colectiva, la dictadura cubana se asegura de mantener el control absoluto sobre la fuerza de trabajo. La versión aprobada condiciona la sindicación a los estatutos, reglamentos y \»principios unitarios fundacionales\» de las organizaciones existentes, lo que en la práctica legitima el monopolio de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), un apéndice del aparato estatal. El ministro de Trabajo, Jesús Otamendiz Campos, defendió el carácter integrador del código tras un proceso de consulta con más de 200.000 trabajadores del sector no estatal. Sin embargo, el proyecto omite por completo la regulación expresa del derecho a huelga, negando a los trabajadores la herramienta fundamental de presión frente a los abusos del capital privado o estatal.
Completando el paquete legislativo, la Asamblea aprobó por unanimidad la Ley del Sistema de Identidad Personal y Domicilio, que abarcará a ciudadanos dentro y fuera de la isla y a extranjeros residentes. La norma establece un número permanente de identidad como identificador único para los registros públicos y regula el carné de identidad físico y digital, centralizando aún más la información ciudadana en manos del Estado.
Contexto: Reformas parche ante el colapso estructural
Este reordenamiento legislativo no ocurre en el vacío, sino en medio de la peor crisis estructural que ha enfrentado la isla en décadas. La economía cubana sufre una inflación descontrolada, una caída drástica de la producción nacional, un desabastecimiento crónico de bienes básicos y una fragmentación monetaria que ha empobrecido aún más a la población. El régimen de La Habana ha intentado implementar medidas de mercado, como la autorización de las mipymes en 2021, pero el excesivo control burocrático, la falta de insumos y la inseguridad jurídica han limitado su impacto en la recuperación económica.
La aprobación de estas leyes refleja la contradicción fundamental del gobierno cubano: la necesidad de liberalizar ciertos aspectos económicos para sobrevivir, frente al terror a perder el control político absoluto. Al mantener la tierra en usufructo y no en propiedad, o al negar el derecho a huelga, las autoridades de la isla envían un mensaje claro al sector privado y a los inversores extranjeros: la apertura económica tiene un techo infranqueable marcado por la supervivencia del sistema autoritario.
Antecedentes y el peso del éxodo migratorio
Las medidas confiscatorias sobre las tierras de emigrados y las nuevas regulaciones sobre la vivienda deben leerse a la luz del éxodo masivo que ha vaciado al país de su fuerza laboral y juvenil. Desde la crisis provocada por el fracaso de la Tarea Ordenamiento, cientos de miles de cubanos han abandonado la isla, dejando tras de sí propiedades, tierras y un vacío demográfico que el Estado intenta ahora administrar mediante la expropiación legal. La Ley de Migración de 2024 sirvió como punto de inflexión para redefinir el estatus de los cubanos en el exterior, y estas nuevas normativas operan como el brazo ejecutor para absorber los bienes de quienes se fueron.
Asimismo, el aplazamiento de las elecciones municipales evidencia el desinterés del aparato estatal por mantener incluso la fachada de participación popular en un momento de profundo descontento social. La justificación de falta de recursos para comicios contrasta con el gasto estatal en otros ámbitos prioritarios para el régimen, como el aparato represivo y el sector turismo, revelando las verdaderas prioridades del gobierno frente a la crisis ciudadana.
Consecuencias y mirada a futuro
Las implicaciones de este paquete legislativo para la ciudadanía son profundas. Aunque algunas medidas, como la flexibilización en la construcción de viviendas o el teletrabajo, pueden ofrecer respiros puntuales, el marco general refuerza la discrecionalidad del Estado sobre la vida económica de los cubanos. La inseguridad jurídica permanece intacta, condicionando cualquier inversión privada o esfuerzo productivo a la voluntad de la burocracia.
Para la comunidad internacional y los observadores de derechos humanos, estas leyes representan una consolidación de los mecanismos de control de la dictadura cubana bajo el disfraz de una supuesta modernización. La ausencia de libertades sindicales reales, la confiscación de bienes a migrantes y el aplazamiento de elecciones confirman que el régimen no está dispuesto a transitar hacia un modelo democrático o verdaderamente libre. El futuro inmediato de Cuba apunta a una profundización del modelo extractivo, donde el capital foráneo y el sector privado nacional operan bajo el látigo estatal, mientras la población continúa soportando el peso de una crisis que el poder ha demostrado ser incapaz, y poco dispuesto, de resolver.
