El Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT) ha elevado a 34 el número de feminicidios verificados en Cuba durante el presente año, lo que representa un alarmante incremento del 112,5 % respecto al mismo período del año anterior. La inclusión del caso de Daisi María Isaac Brito, una mujer de 56 años hallada muerta con signos de mutilación en San Miguel del Padrón, La Habana, subraya la gravedad de una crisis de seguridad de género que las autoridades de la isla continúan ignorando, en medio de un colapso estructural que agrava la vulnerabilidad de la población civil.
El caso más reciente documentado por el observatorio independiente ocurrió en el municipio habanero de San Miguel del Padrón. Daisi María Isaac Brito había sido reportada como desaparecida el 8 de mayo. Un día después, su cuerpo fue hallado en un terreno baldío en la localidad de San Francisco de Paula. Según información comunitaria recabada por la organización, el cadáver presentaba signos de mutilación. El presunto agresor, señalado por la familia, era un vecino con antecedentes de violencia que incluso estaba siendo investigado por otras agresiones sexuales previas, un hecho que evidencia las graves fallas en el seguimiento policial y judicial por parte de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana.
Yanelys Núñez, especialista del OGAT, ha cuestionado de manera frontal la respuesta institucional frente a esta escalada de violencia. La activista advirtió que, a pesar de contar con un aparato estatal teóricamente diseñado para proteger a las mujeres, «no están haciendo nada». Esta omisión del Estado no es un simple descuido burocrático, sino una muestra más de la desidia del gobierno cubano ante una crisis social que se profundiza día a día, dejando a las ciudadanas en un estado de absoluta indefensión frente a sus agresores.
Las cifras hablan por sí solas y dibujan un panorama desolador. Los 34 feminicidios verificados desde el 1 de enero contrastan dramáticamente con los 16 crímenes mortales machistas documentados en el mismo lapso del año pasado. El ascenso del registro ha sido especialmente pronunciado en el último mes, pasando de 23 casos verificados a mediados de mayo a 34 en la actualidad. Esto se traduce en 11 nuevos crímenes en poco más de cuatro semanas, un ritmo alarmante que debería haber activado las alertas en cualquier sociedad con instituciones funcionales y respetuosas de la vida humana.
Además de los casos letales, el monitoreo de la sociedad civil arroja otras cifras inquietantes. El OGAT registra actualmente 19 intentos de feminicidio y el asesinato de un hombre por motivos de género durante este año. A esto se suman nueve posibles feminicidios y dos intentos que permanecen bajo investigación. La organización también continúa rastreando 12 posibles feminicidios, cinco intentos y el asesinato de un hombre reportados en 2025 que aún no han sido esclarecidos por las autoridades competentes, lo que demuestra un patrón de impunidad e ineficacia sistémica.
Un contexto de crisis sistémica y abandono institucional
Para comprender la magnitud de esta tragedia, es indispensable enmarcarla en el profundo deterioro de la estructura social y económica de la isla. La dictadura cubana ha desmantelado progresivamente los mecanismos de protección civil, mientras prioriza la represión política y el control social sobre la seguridad ciudadana. Entre las víctimas verificadas en las últimas semanas se encuentran varias mujeres asesinadas presuntamente por sus parejas o exparejas, en muchos casos delante de sus hijos y en circunstancias agravadas por los apagones prolongados, el aislamiento geográfico y las demoras críticas en el acceso a atención médica de urgencia.
El colapso del sistema eléctrico nacional, la hiperinflación y la escasez crónica de alimentos y combustibles han generado un caldo de cultivo propicio para la violencia doméstica. En hogares hacinados, sin ventilación ni iluminación durante los cortes de energía que duran horas e incluso días, las tensiones familiares escalan a niveles críticos. El régimen de La Habana no ofrece refugios especializados para mujeres en riesgo, carece de un sistema eficaz de alerta temprana y no ha implementado políticas integrales de prevención, protección y reparación. La ausencia de estos recursos vitales condena a miles de mujeres a convivir con sus agresores sin posibilidad de escape.
El éxodo migratorio masivo, que ha sacudido a la isla en los últimos años, también ha dejado a muchas mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad. Con redes de apoyo familiar fracturadas por la emigración forzada, muchas víctimas se encuentran solas frente a la violencia machista. El gobierno cubano, enfrascado en la gestión de sus crisis económicas y en la contención del descontento social, ha relegado la seguridad de género a un plano secundario, ignorando que el tejido social se desgarra irremediablemente con cada crimen impune.
Antecedentes de impunidad y la censura oficial
Desde 2019 hasta la actualidad, el OGAT y el recientemente extinto observatorio YoSíTeCreo en Cuba han documentado un total de 349 feminicidios. Ambas plataformas han advertido de manera reiterada que estas cifras constituyen un subregistro. La opacidad informativa impuesta por el ejecutivo cubano, la ausencia de estadísticas oficiales completas y accesibles, y las múltiples dificultades para obtener información de familiares, comunidades e instituciones, impiden conocer la dimensión real del drama. La censura y el hostigamiento a periodistas independientes y activistas de derechos humanos son tácticas habituales de la dictadura para invisibilizar problemas que contradicen su narrativa oficial de igualdad y seguridad social.
A nivel legal, el Código Penal cubano no emplea el término feminicidio como una figura delictiva autónoma, lo que dificulta el rastreo institucional y el reconocimiento oficial del fenómeno. No obstante, su artículo 345.2 equipara al asesinato la muerte de una mujer como consecuencia de la violencia de género, estableciendo sanciones de entre 20 y 30 años de prisión, privación perpetua de libertad o incluso pena de muerte. Sin embargo, la severidad teórica de la ley contrasta con la ineficacia de su aplicación y con la falta de prevención por parte del aparato policial y judicial, que a menudo minimiza o ignora las denuncias previas de maltrato y acoso presentadas por las víctimas.
Consecuencias y exigencia de una emergencia nacional
Ante la escalada de violencia de las últimas semanas, el OGAT ha exigido que estos hechos deberían llevar a la declaración de una emergencia nacional frente a la violencia machista en Cuba. La falta de voluntad política del régimen para abordar la raíz del problema no solo vulnera los derechos fundamentales de la mitad de la población, sino que expone la falacia de un sistema que se autoproclama defensor de los sectores vulnerables mientras sus calles y hogares se llenan de luto.
La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos deben mantener la presión sobre las autoridades de la isla para que adopten medidas concretas y transparentes. La impunidad frente a la violencia machista es una forma más de represión estructural que silencia y aniquila a la ciudadanía. Mientras el Estado no asuma su responsabilidad de proteger a las mujeres, Cuba seguirá sumando nombres a una lista negra que crece a un ritmo estremecedor, demostrando que el verdadero colapso del país no es solo económico, sino también humano y moral.
