Una joven de 22 años, estudiante de Ciencias Médicas y madre reciente, fue asesinada a manos de su pareja en la localidad de La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba. El crimen, que dejó huérfana a una niña de apenas mes y medio, evidencia una vez más la escalada de violencia de género en la isla y la profunda inacción de las autoridades frente a una crisis estructural que cobra vidas de manera sistemática.
La víctima, identificada como Leysi Liettis Cascaret Casero, originaria de Guantánamo pero residente desde hace tiempo en el barrio El Manguito de La Maya, perdió la vida tras sufrir una brutal agresión física que culminó con asfixia por estrangulamiento. Aunque en un primer momento circuló la versión de que había sido hallada sin vida por su cónyuge, los resultados del peritaje preliminar y la autopsia confirmaron la naturaleza violenta del deceso, desmintiendo la narrativa inicial intentada por el agresor.
Según relataron vecinos de la comunidad, el hombre golpeó y ahorcó a la joven hasta hacerla perder el conocimiento. Presa del pánico tras la agresión letal, el individuo esperó un momento antes de trasladarla al policlínico de la localidad. Al arribar al centro de salud en horas de la tarde, el agresor pedía auxilio y actuaba como si no hubiera sido el responsable de los hechos. Mientras el personal médico intentaba reanimar a la víctima, él permanecía en el exterior, visiblemente nervioso y consumiendo cigarrillos de manera compulsiva.
A pesar de los esfuerzos del personal de salud, Leysi Liettis ya había fallecido. Durante el examen físico, el médico de guardia detectó múltiples golpes y hematomas en el cuerpo de la joven, marcas compatibles con un patrón de violencia doméstica severa. Ante estas evidencias irrefutables, la policía fue notificada de inmediato y procedió a la detención del presunto homicida en el mismo centro asistencial, poniendo fin a su huida simulada.
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El feminicidio adquiere una dimensión especialmente dolorosa debido a la etapa de vida en la que se encontraba la víctima. Leysi Liettis no solo estaba iniciando su vida adulta y su formación profesional en el sector de la salud, sino que hacía apenas seis semanas había dado a luz a una niña. La pequeña quedó huérfana de madre y con su padre tras las rejas, sumiendo a la familia y a la comunidad en una profunda desolación. Testimonios de vecinos reflejan la crudeza del momento, señalando que el mismo día del asesinato se podían escuchar los gritos de la bebé hambrienta, una imagen que ha estremecido a la barriada.
Un patrón de violencia ignorado por el Estado
De acuerdo con testimonios de personas cercanas a la familia, esta no era la primera vez que el agresor ejercía violencia física contra la joven. La recurrente agresión, que finalmente escaló hasta el feminicidio, refleja un problema endémico en la sociedad cubana: la normalización de la violencia machista y la ausencia de mecanismos estatales efectivos para proteger a las víctimas antes de que sea demasiado tarde. La falta de refugios, la inoperancia de las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana y el miedo a represalias suelen condenar a las mujeres a convivir con sus agresores.
El gobierno cubano ha mantenido un discurso oficialista que presume de la supuesta igualdad de género en la isla, pero la realidad demuestra lo contrario. El régimen de La Habana ha sido incapaz, o poco dispuesto, a aprobar una Ley Integral contra la Violencia de Género, una demanda histórica de la sociedad civil y las organizaciones feministas independientes. Esta omisión legislativa deja a las mujeres en un estado de total desamparo jurídico y policial, donde las denuncias rara vez son tratadas con la gravedad que merecen.
El impacto de la crisis estructural en la violencia doméstica
Para comprender la magnitud de la violencia de género en la isla, es indispensable vincular este fenómeno con el colapso estructural que atraviesa el país. La crisis económica, caracterizada por una inflación galopante, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y los apagones prolongados, ha generado un clima de estrés y frustración permanente en los hogares cubanos. A esto se suma el severo déficit habitacional, que obliga a múltiples generaciones a compartir espacios reducidos, impidiendo que las víctimas tengan vías de escape o privacidad para buscar ayuda.
En este contexto de precariedad extrema, el régimen cubano ha recortado aún más los ya limitados servicios sociales. El colapso del sistema de salud y la ineficacia del aparato judicial se entrelazan con la represión política y la censura, creando un ecosistema donde la impunidad florece. La dictadura cubana, al priorizar el control político sobre el bienestar ciudadano, ha desmantelado cualquier red de contención real, dejando que las dinámicas de violencia intrafamiliar se agraven sin freno institucional.
Cifras que revelan una tragedia nacional
Las estadísticas independientes son contundentes y contrastan con el hermetismo oficial. Hace unas semanas, plataformas feministas como YoSíTeCreo en Cuba (YSTCC) y el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT) habían confirmado al menos 15 feminicidios en lo que va del presente año, con otros seis casos aún en fase de investigación. El asesinato de Cascaret Casero eleva esta cifra a 16 víctimas fatales, un número que las propias organizaciones advierten podría ser significativamente mayor debido al retraso en los registros y la opacidad informativa del Estado.
En el año anterior, la situación fue igualmente alarmante: 55 mujeres fueron asesinadas por motivos de género en la isla, dejando como consecuencia directa a 62 niños y niñas huérfanos de madre. Estas cifras no son meras estadísticas, sino reflejo de una política de abandono. Mientras las autoridades de la isla se jactan en foros internacionales de supuestos avances sociales, a nivel interno se niegan a reconocer la masacre silenciosa que ocurre dentro de los hogares cubanos.
Consecuencias y la urgencia de un cambio real
El caso de Leysi Liettis Cascaret Casero no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de un sistema que falla sistemáticamente en proteger a sus ciudadanas. La bebé huérfana crecerá marcada por una ausencia que pudo evitarse si las instituciones hubieran intervenido ante los primeros indicios de violencia. Exigir justicia, garantizar medidas de prevención efectivas y ofrecer acompañamiento real a las víctimas y sus familias no debería ser una excepción, sino una obligación ineludible del Estado.
La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben mantener la presión sobre el ejecutivo cubano para que cese su indolancia frente a la violencia machista. La aprobación de un marco legal que proteja a las mujeres no es una concesión del poder, sino una deuda histórica. Mientras la dictadura cubana mantenga su negacionismo frente a la crisis de género, las mujeres de la isla seguirán pagando con sus vidas la inacción de un régimen que las ha abandonado a su suerte en medio de la mayor crisis de su historia.
