Tres personas perdieron la vida y otras cuatro resultaron heridas en dos accidentes de tránsito registrados en distintas provincias de Cuba, evidenciando una vez más la vulnerabilidad de la infraestructura vial y la profunda crisis de movilidad que sufre la isla. Los siniestros, que involucraron un transporte escolar y un camión cisterna, dejaron además una estampa de desesperación social cuando decenas de ciudadanos intentaron recoger el aceite derramado en la vía.
El primer incidente ocurrió en la zona de La Campiña, entre El Majá y Taguasco, en la provincia de Sancti Spíritus. Según informaciones del medio estatal Escambray y confirmaciones de fuentes del Ministerio del Interior, un ómnibus Diana del Transporte Escolar con chapa B 236 285, procedente de Ciego de Ávila, colisionó contra un automóvil Renault particular identificado con la chapa P 200 075. El impacto provocó la muerte de dos de los ocupantes del vehículo particular en el lugar de los hechos.
Las víctimas fatales fueron identificadas por especialistas de Medicina Legal del Hospital General Provincial «Camilo Cienfuegos» de Sancti Spíritus como Yansi Camellón Pérez, de 42 años y natural de Meneses, y Odalys María Pérez Álvarez, de 51 años, originaria de Campechuela. Las autoridades indicaron que se desconocen las causas exactas del choque y que especialistas del MININT mantienen abiertas las investigaciones para determinar las responsabilidades del siniestro.
Como consecuencia de la colisión, otros dos tripulantes del Renault resultaron con politraumatismos. Se trata de Yasmani López Conde, de 46 años, y Anelieses González Rodríguez, de 49, ambos residentes en Ciego de Ávila. El doctor Yovisley Ruiz García, especialista de primer grado en Cirugía del hospital espirituano, aseguró que los pacientes se encuentran estables y fuera de peligro de muerte, aunque aún requieren observación médica estricta debido a la gravedad inicial de las lesiones sufridas en el impacto.
Horas más tarde, la tragedia se replicó en las afueras de Santiago de Cuba. En el kilómetro 6 de la carretera de El Cobre, una pipa cargada de aceite sufrió un vuelco total. El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada reportó que, tras el incidente, dos personas fueron trasladadas de urgencia a una instalación hospitalaria de la ciudad, mientras que una tercera quedó atrapada bajo el peso del vehículo cisterna. Aunque fue rescatada con vida, la persona falleció instantáneamente y su cuerpo permaneció tendido en el lugar del accidente.
La crisis material detrás del siniestro
El derrame del contenido del camión cisterna provocó una escena que ilustra a la perfección el nivel de desesperación y pobreza material a la que ha sido empujada la población cubana. Decenas de residentes de la zona se aglomeraron rápidamente alrededor del accidente, arriesgando su propia integridad física, para recoger el aceite derramado utilizando cubos, tanquetas, botellas de plástico y cualquier recipiente improvisado que pudieron encontrar.
La recolección espontánea, lejos de ser un mero acto de curiosidad morbosa, responde a la escasez crítica de alimentos básicos y productos de primera necesidad. El aceite vegetal es un artículo que ha desaparecido casi por completo de las mesas cubanas, sumido en una crisis de abastecimiento que el régimen de La Habana ha sido incapaz de resolver. La imagen de ciudadanos recolectando un fluido derramado en una carretera es el retrato más crudo del fracaso del modelo económico impuesto en la isla, donde el hambre supera el riesgo.
La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) acudió al lugar del siniestro en Santiago de Cuba y procedió a desalojar a los ciudadanos que intentaban apropiarse del aceite para iniciar las labores de peritaje y limpieza. Hasta el momento, las autoridades de la isla no han ofrecido información oficial sobre la identidad de los involucrados en este segundo accidente, ni han detallado el estado de salud de los dos heridos que fueron hospitalizados.
Estadísticas de mortalidad en alza
La letalidad de los accidentes de tránsito en Cuba es un fenómeno creciente que incluso las autoridades han tenido que reconocer públicamente. El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, admitió a mediados de mayo que el número de muertes por siniestros viales aumentó un 18% durante el primer trimestre del año en curso, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Entre enero y marzo se reportaron 173 fallecidos, 27 más que los 146 contabilizados en igual lapso del año previo.
Paradójicamente, mientras las muertes aumentan, el número total de accidentes disminuyó de 1.882 a 1.738, y la cifra de lesionados descendió a 1.514, 87 menos que en el primer trimestre del año pasado. Rodríguez Dávila reconoció que esta reducción en los siniestros contrasta de forma alarmante con el aumento de víctimas mortales, especialmente durante el mes de marzo, lo que sugiere una mayor gravedad en los choques debido a las precarias condiciones de los vehículos y las carreteras.
El titular de Transporte también destacó disparidades regionales. Mientras el occidente del país experimentó un descenso en accidentes, heridos y fallecidos, las provincias centrales y orientales sufrieron incrementos significativos. Villa Clara, Cienfuegos, Granma, Sancti Spíritus y Las Tunas lideraron el crecimiento en la accidentalidad, mientras que Ciego de Ávila y Camagüey reportaron aumentos tanto en siniestros como en fallecidos. Durante el año pasado, la Comisión Nacional de Seguridad Vial contabilizó 7.507 accidentes en todo el país, un 12% menos que en 2023, consolidando una tendencia donde la baja movilidad por falta de combustible no evita la fatalidad.
El colapso vial y la responsabilidad institucional
Las autoridades cubanas insisten sistemáticamente en atribuir la mayoría de los siniestros al «factor humano», una explicación que resulta cómoda para el ejecutivo cubano pero que oculta las verdaderas causas estructurales del problema. El deterioro extremo del estado vial, la práctica inexistencia de señalización adecuada y la crisis crónica del transporte público son factores determinantes que el gobierno cubano prefiere ignorar en sus informes oficiales. Las carreteras de la isla se encuentran plagadas de baches profundos, carecen de iluminación nocturna y presentan tramos intransitables que obligan a los conductores a maniobras riesgosas.
A esto se suma la ancianidad de la flota automotriz en el país. La mayoría de los vehículos en circulación, tanto estatales como particulares, son reliquias mecánicas mantenidas en operación gracias al ingenio de los cubanos y a piezas improvisadas o fabricadas artesanalmente, debido a la imposibilidad de acceder a repuestos nuevos en un mercado dolarizado e inalcanzable para la mayoría. El transporte escolar, como el ómnibus Diana involucrado en el accidente de Sancti Spíritus, suele operar en condiciones técnicas deplorables, sin pasar por inspecciones rigurosas. La falta de mantenimiento preventivo es una constante en un sistema donde la burocracia y la escasez permanente de recursos impiden garantizar la seguridad básica.
Consecuencias y panorama futuro
La tragedia en las carreteras cubanas es un reflejo más del colapso sistémico que atraviesa la nación. Mientras la población se ve obligada a arriesgar su vida en transportes inseguros o a recoger aceite derramado en medio de una carretera para mitigar el hambre, la dictadura cubana se limita a publicar estadísticas frías y a culpar a los conductores, evitando cualquier autocrítica sobre la gestión estatal. La falta de voluntad política para invertir en infraestructura, sumada a la prioridad de mantener el control social y el aparato represivo sobre el bienestar ciudadano, augura que los accidentes de tránsito seguirán cobrando vidas en la isla de forma alarmante.
La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben prestar atención a estas muertes evitables, que son consecuencia directa de la negligencia, la ineptitud y el abandono estructural de un sistema que ha fracasado en garantizar lo más elemental: la vida, la seguridad y la dignidad de su pueblo. La inacción del régimen ante el deterioro vial no es una simple omisión administrativa, sino una violación continua del derecho a la seguridad física de los ciudadanos, que día a día sobreviven en un país donde hasta cruzar una calle o subir a un autobús se ha convertido en una ruleta rusa.
