Fuerzas policiales del régimen de La Habana llevaron a cabo un operativo para decomisar medicamentos en una vivienda de Santiago de Cuba, un hecho que evidencia la incapacidad del sistema público de salud para abastecer a la población. El desmantelamiento de esta farmacia informal, ubicada en el reparto Los Cangrejitos, deja a decenas de familias sin acceso a tratamientos vitales que el Estado no garantiza.
El operativo fue denunciado por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien detalló que la intervención ocurrió en la Avenida del Puerto, a escasos metros del Hospital Militar Joaquín Castillo Duany. En el lugar, residentes del área habían establecido un punto de distribución de fármacos importados, principalmente desde Haití, que funcionaba como un recurso de supervivencia para la comunidad ante el desabastecimiento crónico de las farmacias oficiales.
Testimonios de vecinos recogidos en redes sociales revelan una paradoja alarmante: médicos de la zona solían derivar a sus pacientes hacia esta vivienda ante la ausencia total de medicinas en los centros estatales. Un residente señaló que, gracias a este punto de venta informal, la comunidad tenía acceso a fármacos esenciales, algo que el gobierno cubano ha sido incapaz de proveer. La criminalización de estas iniciativas comunitarias por parte de las autoridades de la isla subraya la desconexión entre el poder y la realidad sanitaria del país.
Colapso del cuadro básico de medicamentos
La escasez de fármacos no es una realidad aislada, sino parte de la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. El propio Ministerio de Salud Pública (MINSAP) admitió recientemente que más del 70 % del cuadro básico de medicamentos se encuentra en falta. De los 651 productos que componen este listado, apenas unos 300 estaban disponibles en la red de farmacias estatales, lo que representa una cobertura inferior al 30 % de la demanda real de la población. Esta carencia obliga a los cubanos a buscar alternativas en el mercado negro o depender de remesas de medicinas desde el extranjero.
El decomiso en Los Cangrejitos plantea un dilema severo para la ciudadanía, atrapada entre los riesgos del mercado informal, carente de regulación sanitaria, y el abandono absoluto del sector público. Mientras el régimen de La Habana prioriza la persecución y el decomiso de iniciativas que suplen sus deficiencias, los ciudadanos quedan desprotegidos frente a enfermedades que requieren tratamiento inmediato. La situación augura un deterioro aún mayor en la salud pública, con consecuencias devastadoras para una población que ya soporta el peso de la crisis económica y la constante represión estatal.
