La presunta apertura económica de la isla esconde un mecanismo de captación de divisas donde organizaciones políticas y de masas del gobierno cubano se benefician de negocios enmascarados como empresas privadas. El caso de la mipyme Cambute revela cómo la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, liderada por el histórico represor Víctor Dreke, se financia a través del comercio electrónico y la paquetería pagada por la diáspora.
La fachada de emprendimiento privado en Cuba ha servido históricamente como un instrumento de control y recaudación para el régimen de La Habana. Recientemente, la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme) conocida como Cambute ha salido a la luz pública no solo por su participación en desfiles oficialistas, sino por sus estrechos y opacos vínculos con estructuras políticas del Estado. Registrada bajo el nombre de Pedro Creach, un exfuncionario del Ministerio de Cultura con largos años de servicio a la dictadura, la empresa opera en el lucrativo mercado del envío de paquetes desde el extranjero y la venta minorista en línea, actividades que tributan parcialmente a la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC).
La transformación de Cambute de un supuesto proyecto sociocultural a una empresa comercial de envergadura ocurrió en el contexto de la profunda crisis económica que asola la isla. Sin embargo, su éxito no responde a la libre competencia o a la innovación empresarial, sino a la influencia de su consejo asesor. En este órgano directivo figuran nombres insólitos para el mundo del emprendimiento, destacando el comandante Víctor Dreke, máximo dirigente de la ACRC, junto a otros altos cargos de la misma organización y exdiplomáticos. Dreke es una figura histórica de la represión en Cuba, con un oscuro prontuario que incluye su responsabilidad en la persecución de disidentes y su participación en la dirección de los campos de trabajo forzado conocidos como UMAP, donde la dictadura recluyó a miles de cubanos por motivos políticos, religiosos o de orientación sexual.
El modelo de negocio de Cambute se centra en dos de las actividades más rentables de la actual economía cubana: la distribución de bultos enviados por el exilio y la venta de productos de primera necesidad a través de plataformas digitales que solo aceptan divisas. En la primera modalidad, la empresa actúa como subcontratista de monopolios estatales como Aerovaradero, encargándose del reparto a domicilio. En la segunda, opera tiendas virtuales desde Cuba y el extranjero, captando directamente el dinero de la diáspora mediante tarjetas de crédito internacionales. Esta estructura permite a la ACRC, una organización de masas tradicionalmente financiada con fondos estatales, obtener ingresos propios en dólares frente a la incapacidad del gobierno cubano para sostener sus propias estructuras.
La figura de Pedro Creach como rostro visible de la empresa responde al clásico patrón de testaferro utilizado por la dictadura. Con una trayectoria previa en la administración pública y experiencia creando negocios de fachada en el exterior, Creach posee los contactos necesarios para garantizar contratos lucrativos con entidades estatales. Su cercanía con Víctor Dreke, a quien ayudó en la publicación de sus memorias, le abrió las puertas del aparato militar y político de la isla. Esta relación ilustra cómo el supuesto sector privado en Cuba está reservado exclusivamente para aquellos con un historial probado de lealtad al régimen o con conexiones directas con la cúpula de poder.
La incursión de la ACRC en el comercio electrónico no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia más amplia de la élite gobernante para captar remesas. Familiares de altos mandos militares y figuras políticas ya operan negocios similares, aprovechando sus posiciones de privilegio. Incluso el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas, GAESA, controla su propia mipyme de envíos. La diferencia radica en que la ACRC, al ser una organización de segunda categoría en la jerarquía económica de la isla, no tiene acceso a sectores tan lucrativos como el turismo o la exportación de servicios médicos, recurriendo a la paquetería y el comercio minorista como vía de escape ante la escasez de recursos.
La hipocresía de esta dinámica queda expuesta al contrastar el flujo de divisas hacia la dirigencia de la ACRC con la realidad que viven los supuestos beneficiarios de la organización. Los verdaderos «combatientes» de avanzada edad en Cuba sufren el abandono y la extrema pobreza, sin recibir ayuda material significativa a pesar de que la organización recauda fondos en su nombre. El dinero captado por Cambute parece destinarse a sostener las estructuras burocráticas y de poder de la organización, en lugar de cumplir su misión social, evidenciando la naturaleza parasitaria de las instituciones creadas por la dictadura.
Contexto: Las reformas económicas como herramienta de control
La creación de las mipymes fue presentada por el gobierno cubano como una medida para revitalizar la economía estancada de la isla. Sin embargo, la realidad demuestra que estas reformas han sido diseñadas para mantener el control hegemónico del Estado. La promulgación reciente de nuevos decretos-ley permitió oficialmente que organizaciones políticas y de masas crearan y administraran sus propias empresas, legalizando la práctica de utilizar testaferros y fachadas privadas para la captación de divisas. Esta maniobra institucionaliza la desigualdad en el sector empresarial, otorgando privilegios a las entidades afines al régimen mientras se asfixia al emprendimiento genuino e independiente.
Mientras negocios como Cambute prosperan gracias a sus conexiones con la ACRC y el acceso a recursos estatales, los emprendedores reales enfrentan una ofensiva represiva. Las autoridades han impuesto multas, decomisos y cierres abruptos a cientos de mipymes independientes bajo el pretexto de la «bancarización» o el incumplimiento de precios tope. Casos como el cierre de supermercados privados de gran envergadura y el encarcelamiento de sus dueños envían un mensaje claro sobre los riesgos de intentar establecer negocios sin el respaldo o la tutela del aparato estatal. Además, la prohibición a los extranjeros de ser socios de mipymes y la restricción del comercio mayorista han limitado severamente el crecimiento del sector privado auténtico.
El espejismo del sector privado en Cuba
El caso de Cambute desmitifica por completo la narrativa oficial de una apertura hacia la propiedad privada. De las miles de mipymes registradas en la isla, una porción indeterminada pero significativa corresponde a empresas estatales disfrazadas o apéndices de organizaciones políticas como la ACRC, la Federación de Mujeres Cubanas o los Comités de Defensa de la Revolución. Estas entidades operan con una ventaja injusta, accediendo a divisas, vehículos y contratos estatales que les están negados a los ciudadanos comunes. El verdadero propósito de esta arquitectura legal no es modernizar la economía, sino canalizar las remesas del exilio hacia las arcas del régimen y sus aliados, evitando que el capital independiente genere una clase media autónoma que pueda representar una amenaza política.
En definitiva, la estructura económica impulsada por el gobierno cubano garantiza que la prosperidad esté condicionada a la sumisión. Figuras como Pedro Creach y Víctor Dreke demuestran que el éxito en el sector «privado» de la isla no depende del talento o el esfuerzo, sino de la cercanía a los centros de poder de la dictadura. Mientras el exilio continúe enviando remesas y comprando productos en estas plataformas, estará alimentando, muchas veces de manera involuntaria, a las mismas estructuras de represión y control que han sumido a Cuba en la miseria y el autoritarismo durante décadas. La transparencia inexistente en la isla impide saber con exactitud el volumen de dinero que fluye hacia estas organizaciones, pero la evidencia apunta a un sistema diseñado para la extracción y el monopolio del poder.
