Bajo el disfraz de un emprendimiento privado, la empresa Cambute opera como un brazo financiero de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC). Dirigida por un exfuncionario y asesorada por figuras represivas de la dictadura, la mipyme se beneficia del envío de paquetes y la venta online a la diáspora, evidenciando cómo las supuestas reformas económicas solo favorecen a las estructuras de poder del régimen.
El panorama económico de la Isla ha experimentado en los últimos años una supuesta flexibilización con la llegada de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Sin embargo, la realidad demuestra que muchas de estas entidades no son más que extensiones del aparato estatal. Es habitual ver a trabajadores de estos negocios privados participando en actos de exaltación al régimen, como los desfiles del primero de mayo, portando carteles que mezclan el nombre comercial con consignas oficialistas. Esta subordinación ideológica no es casualidad, sino el reflejo de los verdaderos vínculos que sustentan a estos emprendimientos en un sistema donde la lealtad política y los contactos en la nomenclatura son la moneda de cambio más valiosa para prosperar.
Un caso paradigmático de esta simbiosis entre el sector «privado» y el Estado es la mipyme Cambute. Lo que comenzó como un modesto proyecto sociocultural mutó estratégicamente hacia una empresa comercial enfocada en dos de los negocios más lucrativos de la actual crisis cubana: la distribución de paquetes enviados desde el extranjero y la venta en línea de productos de primera necesidad pagados por el exilio. Lejos de beneficiar a emprendedores independientes o de dinamizar la economía productiva, los ingresos generados por estas operaciones en divisas fluyen hacia las arcas de organizaciones de masas afines al régimen, específicamente la ACRC, que históricamente dependía de las subvenciones estatales para subsistir.
Detrás de Cambute figura Pedro Creach, un exfuncionario del Ministerio de Cultura con una larga trayectoria en la burocracia cubana y estrechos lazos con la cúpula de poder. Su cercanía con Víctor Dreke, máximo dirigente de la ACRC, es la clave que explica el sorprendente crecimiento de la empresa. Dreke es un comandante con un historial oscuro y siniestro que incluye su participación en la persecución de los «alzados» tras el triunfo de la revolución y, lo que es aún más grave, su rol como uno de los principales responsables de los campos de trabajo forzado de las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) en los años sesenta. Que un personaje con tal historial represivo figure como asesor central de una empresa de comercio electrónico ilustra la naturaleza mafiosa del sistema empresarial cubano.
La incursión de la ACRC en el comercio electrónico y la paquetería revela la profunda crisis económica y financiera que atraviesa el gobierno cubano. Las organizaciones políticas y de masas, que alguna vez vivieron holgadamente del erario público, ahora se ven urgidas de captar divisas por su propia cuenta ante la caída de las exportaciones tradicionales. El régimen de La Habana ha encontrado en las remesas del exilio una tabla de salvación financiera. Irónicamente, el dinero que los emigrados envían para ayudar a sus familiares en la Isla termina financiando parcialmente a las estructuras de una dictadura que los obligó a partir. Mientras tanto, la ACRC es incapaz de cumplir su misión social de asistir a los veteranos de guerra, muchos de los cuales viven en la más absoluta indigencia, ignorados por sus propios comandantes.
La trayectoria de Creach es un manual del «enchufado» cubano. Su paso por el Ministerio de Cultura y su posterior trabajo en República Dominicana, coordinando proyectos con la embajada cubana, le granjearon la confianza necesaria para operar negocios en nombre del Estado. Antes de fundar Cambute, Creach dirigió La Gráfica, una imprenta que, bajo la fachada de proyecto de desarrollo local, trabajaba casi exclusivamente para entidades estatales como el Ministerio de Salud Pública. Cuando el gobierno cubano decretó la apertura de las mipymes, Creach simplemente cambió de sector, pasando del cartón al transporte y la venta online, pero manteniendo intacta su estrategia de medrar gracias a los contratos con el monopolio estatal.
El modelo de negocio de Cambute se apoya en la subcontratación por parte de empresas estatales como Aerovaradero, que mantienen el monopolio del transporte de carga. La mipyme se encarga de la última fase de la distribución a domicilio, una operación que requiere una flota de vehículos cuyo origen y financiamiento levantan serias interrogantes dada la escasez crónica de recursos en el país. Además, Cambute opera tiendas virtuales que solo aceptan divisas, vendiendo electrodomésticos, alimentos y muebles. Una de estas plataformas opera desde Canadá, en coordinación con empresas creadas por especialistas extranjeros que facilitan a la dictadura cubana la captación de dinero en el exterior, burlando las restricciones y sanciones internacionales.
La captura de divisas del exilio no es exclusiva de los «combatientes». Familiares de altos dirigentes y testaferros de la cúpula militar han monopolizado este nicho. Empresas como Supermarket 23, vinculada a la familia del comandante Guillermo García, o Cubapack, controlada por el conglomerado empresarial GAESA, operan bajo la misma lógica. Sin embargo, a diferencia de estas potentes estructuras que dominan el turismo y la exportación de servicios médicos, la ACRC es una organización de segunda categoría, lo que se refleja en el surtido irregular y la modestia de las tiendas de Cambute en comparación con las plataformas de la élite militar. Aun así, el privilegio de operar sin las trabas que sufren los ciudadanos comunes les garantiza un margen de ganancia seguro.
Mientras que negocios fachada como Cambute prosperan con la bendición del régimen, el sector privado genuino enfrenta una feroz ofensiva represiva. El gobierno cubano ha implementado recientes normativas, como el Decreto-Ley 88, que prohíbe a los extranjeros ser socios de las mipymes y obliga a estas a operar a través de empresas estatales en el comercio mayorista. Esta medida, junto con la bancarización forzosa y el cierre abrupto de emprendimientos independientes como el supermercado Diplomarket —cuyo dueño permanece preso—, demuestra que la dictadura no tolera la prosperidad autónoma. Solo se permite el éxito empresarial si este tributa a las estructuras de poder o si es gestionado por figuras leales como Creach.
El contexto cubano: crisis, remesas y falsas aperturas
Cuba atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia reciente, caracterizada por una inflación galopante, apagones prolongados y la escasez crónica de productos básicos. Ante el colapso del modelo productivo centralizado, el régimen de La Habana ha tenido que recurrir a las remesas enviadas por la diáspora como su principal fuente de ingresos en divisas. La creación de las mipymes fue presentada como una reforma para dinamizar la economía, pero la realidad ha demostrado que es una estrategia para controlar la escasez y canalizar la captación de divisas hacia manos afines al poder. Las organizaciones de masas, otrora financiadas directamente por el presupuesto del Estado, ahora deben buscar su propia supervivencia en un mercado dolarizado, compitiendo desigualmente contra los verdaderos emprendedores, quienes son constantemente acosados por la dictadura mediante multas, inspecciones y decomisos arbitrarios.
Un futuro bloqueado para el emprendimiento independiente
El caso de Cambute y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana es la prueba más contundente de que en Cuba no existe un libre mercado. El supuesto florecimiento del sector privado es una ilusión óptica diseñada para engañar a la comunidad internacional y a la propia población. Mientras la dictadura cierra negocios gestionados por ciudadanos comunes o extranjeros inversionistas, abre puertas discretas a sus militares, represores y exfuncionarios para que administren negocios dolarizados. La conclusión es ineludible: en la Cuba de hoy, el único emprendimiento viable es aquel que sirve de apéndice al régimen, que financia sus estructuras de control social y que se nutre de la tragedia y la necesidad de los cubanos dentro y fuera de la Isla.
