Una supuesta empresa privada en Cuba ha revelado los mecanismos de financiación que utiliza el régimen de La Habana para captar divisas del exilio. La mipyme Cambute, dedicada a la venta de alimentos en línea y al reparto de paquetes enviados desde el extranjero, opera en realidad como una fachada comercial para nutrir financieramente a la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), una organización de masas afín al poder.
La naturaleza de este negocio salió a la luz pública tras la participación de sus trabajadores en el desfile del 1 de mayo, portando carteles en respaldo al gobierno. Registrada en noviembre de 2021 por Pedro Creach, un exfuncionario del Ministerio de Cultura con residencia entre La Habana y República Dominicana, la empresa pivotó de un supuesto proyecto sociocultural hacia dos de los sectores más rentables en la actual coyuntura: la intermediación de remesas y la venta de productos de primera necesidad pagados por la diáspora.
Sin embargo, las ganancias no se dirigen a emprendedores independientes, sino a las arcas de la ACRC. Según información difundida por la propia empresa, Creach mantiene una estrecha relación con Víctor Dreke, máximo dirigente de la organización de combatientes. Dreke, junto a otros altos cargos de la entidad, figura como asesor de la mipyme. Este vínculo expone cómo las reformas económicas del ejecutivo cubano han permitido que organizaciones políticas y vinculadas al aparato estatal creen empresas \»privadas\» para esquivar el colapso de los subsidios y acceder directamente al dólar del exilio.
La captación de remesas como salvavidas del régimen
Esta maniobra comercial ilustra la profunda crisis estructural que atraviesa la isla y la dependencia absoluta del país respecto a las remesas migratorias. Históricamente, las organizaciones de masas como la ACRC subsistían gracias a las partidas presupuestarias del Estado. Ante la hiperinflación y el desabastecimiento crónico, las autoridades de la isla han optado por utilizar a figuras leales y con perfil burocrático, como Creach, como testaferros para administrar negocios que en otros contextos serían puramente privados, garantizando así la supervivencia de entidades políticas sin experiencia comercial previa.
La instrumentalización de la figura de la mipyme por parte de la dictadura cubana no solo ahoga a los verdaderos emprendedores, sino que asegura el sostenimiento de aparatos de control social. Al financiar a entidades como la ACRC, liderada por figuras con un largo historial en la persecución política y el control ideológico desde los primeros años de la Revolución, el dinero de los cubanos en el exterior termina fortaleciendo la maquinaria represiva. Esta dinámica confirma que la apertura económica del régimen responde únicamente a la urgencia de captar divisas a cualquier costo, sin un compromiso real con la liberalización del mercado ni con el bienestar de la ciudadanía.
