En un nuevo y alarmante episodio que evidencia la descomposición social impulsada por el fracaso de las políticas públicas, dos ómnibus de la MIPYME PEDROCARR SRL fueron apedreados en menos de una semana en las carreteras cubanas. Mientras el transporte estatal se hunde en la inoperancia absoluta, las iniciativas privadas que intentan paliar el desastre se enfrentan a la violencia y el vandalismo que el gobierno cubano ha sido incapaz de frenar. Estos ataques no son hechos aislados, sino el síntoma de una sociedad al borde del colapso, donde la inseguridad ciudadana reina gracias a la impunidad que garantiza la dictadura.
El incidente más reciente ocurrió en la Carretera de Vado del Yeso, en el tramo comprendido entre Las Tunas y Bayamo. Un ómnibus de pasajeros de la MIPYME PEDROCARR SRL, que cubre rutas interprovinciales —una labor que el Estado abandonó hace décadas—, fue blanco de piedras lanzadas por individuos que actúan con total desparpajo. Afortunadamente, en esta ocasión no se reportaron heridos entre los pasajeros ni entre los trabajadores, pero el hecho, como bien señalaron los afectados, genera una profunda preocupación por la seguridad de quienes no tienen más remedio que utilizar estos medios de transporte para moverse por una isla paralizada.
Lo verdaderamente escalofriante de este suceso es que no es la primera vez que esta misma empresa sufre un ataque de esta naturaleza en tan corto periodo de tiempo. Apenas cuatro días antes, otra guagua de la misma MIPYME, que cubría la ruta Santiago de Cuba–La Habana, fue objeto de una agresión similar en la carretera de Contramaestre, en la provincia de Santiago de Cuba. Dos apedreamientos a la misma empresa en menos de siete días configuran un patrón de delincuencia que la dictadura prefiere mirar hacia otro lado, mientras la vida y el patrimonio de los cubanos quedan a merced de los criminales.
Los perfiles de redes sociales que monitorean la situación del transporte en la Isla, como Transportación Habana, han alertado de que estos actos confirman que la delincuencia y el vandalismo continúan en aumento desenfrenado en las carreteras cubanas. El gobierno cubano, en su habitual discurso vacío y triunfalista, habla de revolución y soberanía, pero es incapaz de garantizar lo más básico: que un ciudadano pueda viajar de una provincia a otra sin temer por su integridad física. El riesgo de perder la vida o sufrir lesiones graves por un viaje en ómnibus es hoy una realidad triste y alarmante que afecta a viajeros, conductores y empresas privadas que, a base de esfuerzo y sacrificio, intentan suplir las deficiencias del Estado.
La falta de acción por parte de las autoridades competentes resulta no solo notable, sino cómplice. El vandalismo contra medios de transporte público y privado en Cuba se ha vuelto peligrosamente común. No hay estrategia visible, no hay patrullaje en las carreteras, no hay respuesta institucional. La Policía Nacional Revolucionaria (PNR), famosa por su rapidez y brutalidad para reprimir y acosar a opositores políticos, periodistas independientes o ciudadanos tratando de sobrevivir con un negocio privado, brilla por su ausencia cuando se trata de proteger a la población de la delincuencia común que azota las vías del país. La dictadura prioriza la represión ideológica sobre la protección civil.
Este abandono oficial tiene raíces profundas en la forma en que la dictadura gestiona la sociedad. Al no haber rendición de cuentas, ni transparencia, ni justicia independiente, los criminales saben que las posibilidades de ser castigados son mínimas. El gobierno cubano ha creado un ecosistema de impunidad donde el saqueo, el hurto y el vandalismo son vistos casi como métodos de supervivencia o de rebeldía desesperada en medio de la miseria material y espiritual que asola al país. Los ataques a los ómnibus no son simples travesuras de menores; son expresiones de una rabia social descontrolada que el régimen no puede contener porque no sabe cómo resolver las causas estructurales de la pobreza y la desesperanza.
La crisis del transporte es, en sí misma, un reflejo de la debacle generalizada. Las MIPYMES han tenido que tomar la delantera en rutas interprovinciales porque la flota estatal es un cementerio de chatarra oxidada e inservible. Sin embargo, cuando el sector privado intenta ofrecer un servicio digno, se encuentra no solo con la burocracia asfixiante y los altos impuestos impuestos por la dictadura, sino con la violencia callejera. Es un doble castigo para el emprendedor cubano: por un lado, el Estado le pone trabas para importar piezas y operar; por el otro, le destrozan sus vehículos sin que la justicia levante un solo dedo para proteger su inversión y la vida de sus clientes.
La inseguridad en las vías ha llevado a directivos estatales, incluso dentro de su propia burbuja propagandística, a reconocer la gravedad del problema, aunque de forma velada para no chocar con la línea oficial. En declaraciones a medios oficialistas, directores de transporte de municipios de La Habana han tenido que admitir que «este tipo de situaciones se han incrementado en los últimos tiempos», ocurriendo principalmente los fines de semana. Sus llamados a una «mayor unión entre la PNR y Transporte» son un eufemismo para decir lo que todos saben: la policía no está haciendo su trabajo de prevención y protección ciudadana, y el gobierno cubano hace oídos sordos ante el clamor popular.
Contexto sistémico: La impunidad como política de Estado
Para entender por qué los ómnibus son apedreados, hay que entender la naturaleza del fracaso del modelo impuesto por la dictadura. La inseguridad ciudadana en Cuba no es un accidente, es la consecuencia directa de un sistema que prioriza el control político sobre el bienestar social. Durante décadas, el gobierno cubano ha desmantelado el tejido social, promoviendo el chisme, la delación y la desconfianza, mientras empobrecía a la población hasta niveles de subsistencia infrahumana. Cuando la esperanza se pierde y el hambre aprieta, la violencia social estalla de manera inevitable. Las piedras contra los vehículos son el eco de un país que no tiene cauces democráticos para expresar su frustración y su rechazo a las élites gobernantes.
El régimen ha monopolizado todos los recursos del país, pero ha abdicado de su responsabilidad social básica. Las carreteras oscuras, sin iluminación y sin vigilancia, son el escenario perfecto para el vandalismo, en un país donde el Estado es incapaz de garantizar el suministro eléctrico, mucho menos la seguridad en las vías interprovinciales. La dictadura se jacta de tener un pueblo educado, pero calla cómplicemente cuando ese mismo pueblo, desesperado y desprotegido, arremete contra los pocos símbolos de movilidad y progreso que le quedan. Es la paradoja de un sistema que forma ciudadanos para el trabajo esclavo y la obediencia, pero que no puede controlar las externalidades de su propia incompetencia.
Antecedentes de violencia e inacción oficial
Estos últimos ataques a la MIPYME PEDROCARR SRL no son más que la gota que derrama el vaso en un historial interminable de agresiones a los medios de transporte, donde la inoperancia del gobierno cubano es el único denominador común. En septiembre de este mismo año, la estatal Unión de Ferrocarriles de Cuba tuvo que admitir que dos de sus trenes de circulación nacional sufrieron agresiones con piedras durante su recorrido, con apenas cuatro horas de diferencia entre ambos sucesos. Si los trenes, que son el máximo símbolo del Estado, son atacados con tal audacia, es de esperar que los ómnibus privados corran la misma suerte sin que haya un solo patrullero que disuada a los vándalos.
En julio, el propio periódico oficial Tribuna de La Habana tuvo que reportar cómo un ómnibus del paradero de Cotorro, que cubría la ruta del P7, sufrió un ataque donde el chofer fue amenazado con un cuchillo y una de las puertas del vehículo fue destrozada. Ante esto, directivos como Lázaro González Mena y Joel Martínez González se ufanaron en recalcar la rapidez con que el ómnibus fue reparado y devuelto al servicio, pero guardaron un silencio sepulcral sobre la captura de los responsables. No hay estrategia, no hay prevención. El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, llegó al colmo del cinismo en meses anteriores al utilizar estos actos vandálicos como excusa para justificar el estado deplorable del sector en la capital, afirmando que cada vehículo dañado «deja una estela de afectaciones». Es decir, la dictadura culpa a los vándalos de su propia ineficiencia estructural.
A finales de marzo, mientras la prensa oficialista celebraba los supuestos «éxitos» de su campaña contra la delincuencia en La Habana —campañas que solo sirven para maquillar la realidad temporalmente y reprimir a los más vulnerables—, el ómnibus 8475, en servicio de confronta de la ruta P11, fue apedreado. Tres días antes de ese incidente, otro ómnibus de la ruta 23 de la Terminal de Lawton había corrido la misma suerte en el parque ubicado en la calle Fábrica. El gobierno cubano vive de anunciar victorias imaginarias y planes de ordenamiento que fracasan estrepitosamente, mientras las piedras vuelan por los aires y los cubanos corren peligro de muerte por simplemente intentar llegar a su destino.
Cierre: Un país secuestrado por la ineficiencia y el caos
La realidad de la Cuba de hoy es la de un país secuestrado por la ineficiencia, la represión política y el caos social. Que una empresa privada tenga que soportar dos ataques vandálicos en menos de una semana, sin que las autoridades muevan un solo dedo para proteger a sus trabajadores y pasajeros, es la radiografía perfecta del desastre nacional. El gobierno cubano ha demostrado, una vez más, que su único interés es mantenerse en el poder a cualquier costo, importándole poco o nada el sufrimiento de la población, la destrucción de la economía emergente o el miedo con el que los ciudadanos tienen que vivir a diario en las calles y carreteras.
Es vital que la sociedad civil registre estos sucesos, que se conciencie sobre esta realidad alarmante y que se exija protección real. Pero mientras la dictadura mantenga el monopolio de la fuerza y la justicia, los cubanos seguirán siendo rehenes de la violencia en las carreteras y de la violencia institucional en las oficinas del Estado. Las piedras que destrozan los cristales de los ómnibus de PEDROCARR SRL son el reflejo de las piedras que la inoperancia y la soberbia del régimen han puesto en el camino de la prosperidad, la libertad y la paz de la nación cubana. El cambio es urgente, porque la paciencia de un pueblo bajo asedio tiene un límite que el sistema parece empeñado en cruzar.
