En un nuevo capítulo de la hipocresía institucional y la propaganda estatal, la dictadura ha anunciado el desmantelamiento de una supuesta red de contrabando de bebidas y licores en Santiago de Cuba, procesando a 25 personas que, en realidad, no son más que el producto directo de la profunda crisis económica y la escasez generada por el sistema. La noticia, difundida con bombos y platillos por los medios de comunicación al servicio del régimen, intenta mostrar una imagen de eficacia policial y control, pero únicamente logra confirmar el colapso absoluto del aparato productivo y la desesperación ciudadana. Mientras el gobierno cubano se jacta de atrapar a pequeños operadores, oculta su propia responsabilidad en la creación de las condiciones que hacen inevitable el mercado negro.
Según el reporte emitido por el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, el operativo tuvo lugar en la Empresa Mayorista de Productos Alimenticios y otros Bienes de Consumo del municipio de Contramaestre. Seis trabajadores de esa entidad, junto a otros ciudadanos ajenos a la institución, desviaron una «gran cantidad» de mercancía desde un almacén perteneciente a la unidad básica, destinada a su comercialización ilícita en el mercado informal. Es decir, el propio aparato estatal del gobierno cubano es la cuna, el origen y el principal proveedor del contrabando que luego persigue y castiga con tanta severidad. La ineficiencia y la corrupción se alimentan a sí mismas en un ciclo sin fin.
La mecánica del delito expuesta por las autoridades es una radiografía perfecta de la improvisación y el caos administrativo que reina en las empresas del Estado. Una funcionaria provincial explicó a la televisión oficial que el modus operandi consistía en comercializar con facturas manuales y órdenes de despacho a personas no autorizadas en la ficha del cliente, falsificando las firmas y violando la resolución 60. Esta «eficiencia» burocrática es la misma que mantiene al pueblo sumido en el desabastecimiento crónico, mientras los recursos que deberían llegar a la población se evaporan entre la desidia y la falta de control que caracteriza a la dictadura.
Las fuerzas de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), brazo represivo encargado de mantener el orden impuesto por la dictadura, llevaron a cabo los operativos incautando dos vehículos particulares, 112 cajas de cerveza importada, 270 pomos de refresco Ciego Montero y 3,660 recipientes de ron sellados. Mientras el cubano de a pie debe hacer colas interminables para acceder a productos básicos o pagar precios exorbitantes e inalcanzables en tiendas en moneda libremente convertible, los recursos controlados por el gobierno cubano se acumulan en almacenes sin distribución, solo para ser saqueados desde adentro por aquellos que conocen de primera mano la ruina del sistema.
El reporte oficial detalla que una parte de la mercancía sustraída del almacén fue ocupada por las autoridades en el municipio de Contramaestre. Sin embargo, otra porción, que ya había sido comercializada de manera ilícita, fue desmontada en un punto de la Empresa Viales, ubicado en el reparto 30 de noviembre, del municipio de Santiago de Cuba. Esto demuestra de manera palmaria que el mercado negro no es una excepción o una anomalía, sino la verdadera regla de supervivencia en una sociedad donde el Estado ha fracasado estrepitosamente en su papel de proveedor, distribuidor y regulador.
Un mayor del Ministerio del Interior (MININT), órgano represor clave de la dictadura que se encarga del caso, se jactó de la recuperación de 128,000 pesos en moneda nacional (CUP), una cifra ridícula y simbólica frente a la inflación galopante que sufre el país y la devaluación constante de la moneda nacional. No obstante, los funcionarios de la Empresa Mayorista de Productos Alimenticios y otros Bienes de Consumo admitieron que el contrabando de bebidas y licores causó pérdidas a la entidad por más de 2,000,495 CUP. La pregunta evidente e incómoda para el gobierno cubano es: ¿dónde estaban los mecanismos de auditoría y control antes de que el robo alcanzara dimensiones millonarias?
La investigación determinó que los implicados «ya habían realizado otras operaciones ilícitas en las que obtuvieron cuantiosas ganancias». Actualmente, estos 25 individuos se encuentran en prisión provisional, acusados por los delitos de malversación y receptación. Es el típico espectáculo de la justicia revolucionaria: castigar a los eslabones más débiles de la cadena de corrupción, mientras los altos mandos, generales y jerarcas disfrutan de lujos e impunidad. La dictadura necesita de chivos expiatorios para simular que combate la corrupción que ella misma ha fomentado y permitido a lo largo de décadas.
Para rematar la farsa, el Noticiero de la Televisión indicó que parte de la mercancía ocupada fue depositada en los centros de comercio del municipio de Contramaestre, mientras que el dinero recuperado se entregó a una de las sucursales del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) en la ciudad de Santiago de Cuba. Es decir, el botín de la corrupción estatal regresa a las arcas de las mismas empresas ineficientes que permitieron el desfalco en primer lugar. El gobierno cubano lava la cara de su fracaso presentando estas redadas como victorias del socialismo, cuando en realidad son síntomas evidentes de la descomposición total del sistema.
El contexto sistémico: La escasez como caldo de cultivo del mercado negro
Este caso en Santiago de Cuba no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa y lógica del modelo económico centralizado, estatizado e ineficiente impuesto por la dictadura desde hace más de seis décadas. En un país donde la producción nacional está paralizada, la infraestructura destruida y las importaciones dependen de créditos que el gobierno cubano no puede o no quiere pagar de manera transparente, la escasez es el pan de cada día para la mayoría de la población. Cuando el Estado no logra abastecer la red de comercio formal, y los salarios devaluados no alcanzan para sobrevivir ni siquiera para comprar una botella de ron en la tienda, el mercado negro deja de ser un delito para convertirse en una necesidad de supervivencia. Los trabajadores estatales, mal pagados, desmotivados y hambrientos, encuentran en el desvío de recursos la única forma de acceder a bienes que de otro modo les serían neggados. La propia estructura de las empresas estatales, burocráticas, opacas y carentes de incentivos, facilita que este tipo de desvíos ocurran durante meses antes de ser detectados, si es que alguna vez lo son. La corrupción no es un fallo del sistema, es el sistema mismo funcionando.
Antecedentes: El «sociolismo» como institución nacional
La historia reciente de Cuba está plagada de casos similares, donde la corrupción administrativa y el robo al Estado son la verdadera columna vertebral de la economía cotidiana. Desde las llamadas «acreditaciones» y desvíos en los años 70 y 80, pasando por el saqueo sistemático durante el Período Especial, hasta el desfalco continuo de las tiendas en dólares en la actualidad, el gobierno cubano ha sido incapaz de erradicar un fenómeno que él mismo genera en su seno. La figura del «sociolismo» —esa intrincada red de contactos, favores y prebendas para conseguir lo que el Estado no provee— es la herramienta de supervivencia más arraigada en la sociedad isleña. Casos como el de Contramaestre solo salen a la luz pública cuando las facciones dentro del aparato estatal chocan por el control de los recursos, o cuando el nivel de escándalo es tan alto que el régimen necesita montar un circo mediático para demostrar «mano dura». Mientras tanto, el contrabando mayorista a escala nacional, muchas veces protegido por altos mandos militares de las empresas del GAESA, sigue operando con total impunidad. La dictadura aplasta al pequeño contrabandista de provincia, pero besa la mano del general que vacía las arcas de la nación.
En definitiva, la caída de estos 25 ciudadanos en Santiago de Cuba es apenas un parche harapiento en una estructura profundamente podrida. La dictadura continúa aplicando la ley de forma selectiva y arbitraria, aplastando al pueblo mientras protege a su élite corrupta. El desmantelamiento de esta red de licor no resolverá la sed de un país que se deshidrata en la miseria y la falta de oportunidades, ni ocultará que el mayor contrabandista de la isla es el propio Estado, que le roba el futuro, la libertad y la dignidad a varias generaciones de cubanos. Mientras el modelo totalitario no sea desmontado de raíz, los almacenes seguirán vaciándose, los funcionarios seguirán robando, y el mercado negro seguirá siendo el único supermercado al que pueden acudir los cubanos de a pie para intentar aliviar su trágica realidad.
