Una madre y activista cubana ha recopilado más de medio centenar de casos de jóvenes muertos, desaparecidos o víctimas de violencia durante el Servicio Militar Obligatorio (SMO) en Cuba. Ante las amenazas de prisión contra su propio hijo por negarse a vestir el uniforme, esta mujer encabeza una campaña para visibilizar los abusos del régimen de La Habana, donde el silencio familiar es impuesto por el miedo a las represalias.
Alicia Alonso Morejón inició en 2020 una exhaustiva investigación motivada por el temor a que su hijo fuera forzado a cumplir con el servicio militar. A través de la revisión de medios independientes y denuncias en redes sociales, ha logrado documentar más de sesenta casos de violaciones y tragedias. Entre ellos destacan el suicidio de Annier González Acosta en una prisión de Matanzas, la negligencia médica y signos de violencia en el caso de Dayron Pupo Mastrapa, así como las desapariciones sin esclarecer de Alfredo Guerra Rivera y Reinier Porras Cervantes. Reportes independientes señalan que, desde 2021, se contabilizan al menos 117 víctimas entre fallecidos y jóvenes con secuelas permanentes debido a suicidios, accidentes y negligencia institucional.
La gravedad de esta práctica queda evidenciada en tragedias recientes. Durante el incendio industrial de Matanzas en 2022, catorce jóvenes reclutas perdieron la vida al ser enviados a combatir las llamas sin la preparación ni el equipo de protección necesario. Más recientemente, una explosión en una unidad militar de Holguín dejó un saldo de nueve soldados muertos. En esta última ocasión, las autoridades de la isla ofrecieron versiones contradictorias y los familiares denunciaron presiones para guardar silencio, evidenciando la falta de transparencia del ejecutivo cubano en materia de derechos de los conscriptos.
Represión y criminalización de la objeción de conciencia
La campaña de Alonso Morejón choca directamente con el aparato represivo de la dictadura cubana. Su hijo, quien ya cumplió 18 años, fue citado para incorporarse a las filas militares y se negó a asistir. Como consecuencia, enfrenta amenazas de multas y una posible pena de tres a cinco años de prisión. La activista denuncia que la persecución contra opositores y sus familias es particularmente severa, utilizando el servicio militar no solo como herramienta de adoctrinamiento, sino también como castigo hacia los disidentes que se atreven a cuestionar las políticas del gobierno cubano.
El mayor obstáculo para esclarecer estos crímenes sigue siendo el miedo inculcado por el régimen. Muchos padres de víctimas se niegan a hablar públicamente por temor a represalias estatales, lo que perpetúa la impunidad de las fuerzas armadas. La negativa de este sector de la sociedad civil a entregar a sus hijos a un sistema que los expone a la muerte o al abuso marca un punto de quiebre en la relación entre la ciudadanía y el Estado. La persistencia de estas denuncias pone sobre la mesa la urgencia de que la comunidad internacional preste atención a las violaciones de derechos humanos dentro de las instituciones militares de la isla.
