El régimen de La Habana ha desatado una feroz campaña de inspecciones y multas contra los trabajadores por cuenta propia, enmascarada bajo un supuesto ejercicio de ordenamiento social. Lo que el gobierno cubano presenta como una cruzada contra la corrupción y las ilegalidades, los emprendedores lo denuncian como un mecanismo desesperado para recaudar divisas y asfixiar a la única franja de la economía que genera bienes y servicios en medio del colapso nacional.
La burocracia estatal empuja a la ilegalidad por defecto. Cuando una joven emprendedora decidió invertir los ahorros obtenidos de la venta de un inmueble en un pequeño negocio de artículos de primera necesidad en Centro Habana, se topó de inmediato con la lentitud estructural del aparato gubernamental. Los trámites para obtener la licencia pertinente podían extenderse por más de tres meses, un tiempo muerto incompatible con las urgencias de la economía cubana, la depreciación acelerada del peso y el riesgo de perder el capital invertido ante la inflación galopante. La opción de operar sin papeles no es una rebeldía caprichosa, sino una consecuencia directa de la ineficiencia del Estado, que luego utiliza esa misma condición irregular para justificar la represión y el cobro de sanciones.
El modus operandi de los inspectores del régimen se ha convertido en un secreto a voces de corrupción institucionalizada. Los relatos de los afectados coinciden en un patrón sistemático: la detección de una infracción menor, la amenaza de multas exorbitantes y la velada insinuación de que existen «otras maneras» de resolver el problema, generalmente mediante el soborno. Este aparato inspectivo, lejos de velar por el cumplimiento de normativas sanitarias o comerciales, opera como una agencia de cobro informal que se nutre del desespero de los pequeños comerciantes. La inspección se convierte así en un mercado de negociación donde la ética brilla por su ausencia y el funcionario de turno mide la vulnerabilidad del emprendedor para extraer un beneficio personal.
La irracionalidad económica impuesta por el gobierno cubano se evidencia en normativas como la obligatoriedad de aceptar transferencias bancarias. En un país donde los cajeros automáticos carecen sistemáticamente de efectivo, donde las pasarelas de pago colapsan con frecuencia y donde obtener billetes físicos requiere pagar comisiones ilegales en las propias filas de los bancos, forzar a los privados a operar en un canal bancario deficiente es un castigo disfrazado de ley. Las multas por no acatar esta disposición no buscan la modernización del comercio, sino estrangular las márgenes de ganancia de quienes intentan sobrevivir al margen del control estatal absoluto.
Bajo el eufemismo de «Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento», la dictadura ha desplegado miles de inspectores a lo largo y ancho de la isla. Los datos ofrecidos por la propia prensa oficialista son reveladores de la magnitud del saqueo: miles de multas impuestas en cuestión de días, generando decenas de millones de pesos para el erario público. Esta ofensiva no es un esfuerzo por sanear el mercado, sino una operación de pillaje fiscal diseñada para tapar parcialmente el agujero negro del déficit presupuestario que asfixia al país. La celebración oficial de estas cifras demuestra que el verdadero objetivo no es el orden, sino la inyección desesperada de dinero en las arcas de un Estado en bancarrota.
Las consecuencias de esta política depredadora son devastadoras para las familias que dependen del cuentapropismo. Casos como el de una vendedora en el municipio de Guanabacoa, sancionada con 16,000 pesos por comercializar productos que no estaban contemplados en un listado arbitrario, ilustran el abismo al que se enfrentan los emprendedores. La amenaza constante del decomiso y el cierre obliga a muchos a paralizar sus actividades por miedo, generando un efecto inmediato en la ya mermada oferta de productos básicos para la población. La orden de recaudar a toda costa está destruyendo el frágil ecosistema de subsistencia que se había formado en los barrios.
El cinismo del régimen alcanza su punto máximo cuando se observa que este acoso ocurre en el momento en que el sector privado se ha consolidado como el principal sostén de la economía cotidiana. Mientras las empresas estatales, hundidas en la ineficiencia y la falta de incentivos, fracasan en su misión de abastecer a la población, el gobierno cubano penaliza a quienes asumen ese rol. Economistas independientes han advertido que estas multas confiscatorias no corrigen la inflación estructural ni el déficit fiscal, sino que simplemente trasladan la crisis hacia los hombros de los trabajadores independientes, profundizando el desequilibrio económico nacional.
La crueldad del sistema inspectivo se ceba con mayor fuerza sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. En las calles céntricas de La Habana, vendedores ambulantes de la tercera edad, muchos de ellos vendiendo tabacos o pequeños productos de aseo para costear sus medicinas, son acosados y despojados de su exigua mercancía. La imposibilidad física de huir de los inspectores los convierte en presa fácil de un aparato estatal que premia la mediocridad y castiga la iniciativa individual. Ver a ancianos despojados de sus medios de supervivencia es la imagen más cruda del desprecio que la dictadura siente por su propio pueblo.
Sin embargo, el acoso estatal también está generando un fenómeno de resistencia y confrontación por parte de los emprendedores. Ante la arbitrariedad y el abuso de autoridad, muchos dueños de pequeños negocios han optado por no ceder ante la intimidación. Denuncian que los inspectores, carentes de legitimidad moral, operan midiendo la vulnerabilidad de sus víctimas. La respuesta de algunos comerciantes, dispuestos a denunciar públicamente la indecencia de un trabajo que consiste en «joder a otros», refleja un hastío creciente contra un Estado parasitario que se niega a reconocer su propio fracaso. Plantarse frente al inspector, exigir credenciales y grabar los procedimientos se ha convertido en la única defensa legal frente a la prepotencia oficial.
El contexto de la asfixia económica en Cuba
La expansión del sector privado en Cuba fue una concesión tardía y obligada del régimen ante la incapacidad del modelo socialista para sostener la economía. Sin embargo, el gobierno cubano nunca ha abandonado su desconfianza ideológica hacia la propiedad privada y la libre empresa. Las recientes reformas y la apertura de matrículas no fueron acompañadas de un marco legal que garantizara la seguridad jurídica, el acceso a divisas a un tipo de cambio real, ni un mercado mayorista funcional. En la actualidad, con una inflación fuera de control, un peso cubano depreciado a niveles históricos y un sector estatal productivo en ruinas, La Habana ve en el sector privado una vaca lechera a la que exprimir mediante regulaciones absurdas, topes de precios que ignoran los costos de adquisición y multas confiscatorias. Esta política de tierra quemada contra el cuentapropismo es un síntoma claro de la desesperación fiscal de una dictadura que prefiere hundir al país en la escasez antes que ceder el control monopolístico de la economía.
Un modelo insostenible
La cruzada recaudatoria contra los trabajadores por cuenta propia es la confirmación definitiva de que el régimen de La Habana no tiene voluntad de generar riqueza, sino de redistribuir la miseria. Al penalizar la iniciativa privada y extorsionar a quienes intentan ofrecer soluciones en medio del colapso, el gobierno cubano acelera la destrucción del tejido económico y empuja a más cubanos a la desesperación o al exilio. Mientras la orden de recaudar siga por encima de la lógica económica más básica, las calles de la isla seguirán siendo el escenario de una batalla desigual entre una dictadura depredadora y una ciudadanía que se resiste a morir de hambre. El futuro de Cuba depende de cuánto tiempo más se permitirá que el lastre del totalitarismo asfixie las únicas fuerzas vivas que quedan en la nación.
