El gobierno cubano ha desatado una vorágine de multas e inspecciones contra los trabajadores por cuenta propia, en un esfuerzo desesperado por recaudar fondos para un Estado en bancarrota. Bajo el eufemismo del «enfrentamiento a las ilegalidades», la dictadura ahoga al único sector que sostiene la frágil economía nacional, imponiendo sanciones millonarias que anulan cualquier margen de ganancia para los emprendedores y criminalizan la supervivencia.
El emprendimiento en Cuba se ha convertido en una carrera de obstáculos donde la supervivencia choca frontalmente con la ineficiencia estatal. La apertura de un pequeño negocio requiere sortear una burocracia paralizante que puede tardar meses en emitir una simple licencia. Ante esta realidad, muchos cubanos se ven forzados a operar de manera provisional, arriesgando su capital para no perder la inversión inicial en un mercado inflacionario. Es el caso de jóvenes emprendedores que, tras liquidar ahorros o bienes inmuebles, deciden invertir en pequeñas tiendas de artículos de primera necesidad, conscientes de que esperar a que el Estado tramite sus permisos equivale a ver evaporarse su dinero en un país donde la inflación no da tregua.
Sin embargo, el riesgo no solo radica en la inestabilidad económica, sino en la persecución constante de un cuerpo de inspectores que opera más como una mafia extorsiva que como una autoridad reguladora. Los relatos de los afectados coinciden en un patrón sistemático: los inspectores llegan, detectan irregularidades menores, mencionan cifras altísimas de multas y, de manera velada, sugieren la posibilidad de sobornos para «arreglar» la situación. Esta corrupción sistémica es alimentada por el propio régimen de La Habana, que crea normativas imposibles de cumplir para justificar la represión y el saqueo de los escasos recursos ciudadanos.
Un claro ejemplo de esta desconexión normativa es la obligatoriedad de utilizar pasarelas de pago electrónicas, una disposición que el gobierno cubano impone en un sistema financiero completamente colapsado. El régimen exige el uso de transferencias bancarias en un entorno donde los cajeros automáticos carecen de efectivo y las interminables colas se convierten en un calvario diario para la población. Para los pequeños comerciantes, operar bajo estas condiciones es un suicidio financiero; al comprar mercancías al por mayor mediante transferencias, se les exige un recargo, mientras que la liquidez en efectivo escasea. Aun así, la negativa a aceptar transferencias es castigada con multas que ascienden a miles de pesos, evidenciando que el objetivo no es la modernización, sino el control y el castigo.
La situación se agrava durante los denominados «Ejercicios Nacionales de Prevención y Enfrentamiento», operativos que el régimen de La Habana presenta como cruzadas contra la corrupción y las indisciplinas sociales. En realidad, como denuncian los propios afectados, la orden de recaudar está dada. Durante estos períodos, miles de inspectores recorren el país imponiendo multas por infracciones mínimas, como una pizarra desactualizada o el supuesto desorden de un almacén. La prensa oficialista celebra estos operativos como éxitos, publicando cifras macabras de miles de sanciones y millones de pesos recaudados, omitiendo convenientemente que ese dinero sale del bolsillo de ciudadanos que intentan suplir las deficiencias de un Estado fallido.
El impacto de esta política depredadora no distingue edades ni condiciones sociales. En las calles céntricas de la capital, vendedores ambulantes y ancianas que intentan conseguir unos pesos para comprar sus medicamentos son acosadas constantemente. Muchas no tienen la movilidad para correr ante la llegada de los inspectores y sufren el decomiso de su exigua mercancía. La dictadura criminaliza la subsistencia, tratando a estos vendedores informales como delincuentes, mientras ignora que son el último dique de contención contra el hambre en barrios donde el Estado no garantiza el abastecimiento básico de alimentos.
Otro frente de ataque son los topes de precios, decretados mediante resoluciones que obligan a comercializar productos por debajo de su costo de adquisición. La lógica del gobierno cubano aplasta la realidad del mercado: exigir que un comerciante venda un producto a un precio que le genera pérdidas es una aberración económica que solo conduce al desabastecimiento total. Cuando los emprendedores intentan explicar la inviabilidad de estas normativas, la respuesta institucional es la amenaza de multas millonarias, el decomiso total de la mercancía y el cierre del local. El mensaje del régimen es claro: es preferible que los productos desaparezcan del mercado antes que permitir que el sector privado opere con libertad.
Frente a este abuso, una nueva actitud comienza a germinar entre los emprendedores cubanos. Hartos de la prepotencia inspectiva, muchos deciden enfrentar a los funcionarios con firmeza, denunciando la indecencia de un trabajo que consiste en despojar a los demás de su sustento. Estos comerciantes argumentan que, si bien pueden cometer infracciones administrativas, no permitirán la intimidación arbitraria de inspectores que, en muchas ocasiones, actúan fuera de horario o excediendo sus facultades reales. Esta resistencia pasiva y verbal es un síntoma del agotamiento ciudadano ante un Estado parasitario que se alimenta de quienes produce.
Las estadísticas respaldan la magnitud de la extorsión. En un período de apenas meses, el gobierno cubano impone cientos de miles de multas que inyectan más de mil millones de pesos al presupuesto estatal. Esta recaudación forzosa no es más que un parche inútil frente a un déficit fiscal que se cuenta entre los más altos del mundo. Economistas independientes han advertido reiteradamente que estas medidas no corrigen la inflación galopante ni estimulan la oferta interna; simplemente trasladan la crisis del Estado hacia los hombros del sector privado, destruyendo la única vía de recuperación económica viable para la nación.
El contexto de un país asfixiado por su propia matriz económica
Para comprender la brutalidad de estas inspecciones, es necesario observar el panorama económico de la isla. Cuba atraviesa una crisis estructural profundizada por la ineficiencia del modelo centralizado, el embargo interno que el régimen mantiene sobre la producción nacional y la pérdida de aliados internacionales que sostenían la economía con subsidios. En este vacío, el sector no estatal ha crecido exponencialmente, no por una voluntad liberalizadora del gobierno cubano, sino por la imposibilidad del Estado de seguir empleando y alimentando a la población. Sin embargo, el régimen de La Habana ve en este empuje privado una amenaza directa a su monopolio de poder.
La paradoja es absoluta: el sector privado se ha convertido en el principal sostén de la oferta de bienes y servicios en el país, desde la alimentación hasta el transporte. Mientras las tiendas estatales permanecen vacías o venden productos en moneda libremente convertible inalcanzables para la mayoría, las pequeñas y medianas empresas privadas, junto a los vendedores informales, mantienen viva la economía popular. La respuesta del régimen no ha sido facilitarles el camino, sino crear un laberinto de regulaciones, impuestos exorbitantes y campañas de estigmatización que los señalan como culpables de la inflación y la especulación, ocultando la responsabilidad real de la política monetaria desastrosa implementada por la dictadura.
El agotamiento de un modelo insostenible
La política de multas y decomisos es un reflejo de la desesperación de una dictadura que no sabe cómo gestionar un país en ruinas. Al anular las ganancias de los trabajadores por cuenta propia, el régimen de La Habana corta de raíz cualquier incentivo para la producción y la inversión. Frases como «todas las ganancias se van en multas» resuenan en cada barrio de la isla, evidenciando que el esfuerzo personal es castigado con saña institucional. Si el objetivo del gobierno cubano es mantener el control social a través del hambre y la dependencia, lo está logrando, pero a costa de destruir el tejido productivo que aún queda en pie.
El futuro inmediato se perfila sombrío para la economía cubana. Si la represión económica continúa, asistiremos al cierre masivo de pequeños negocios y a la migración forzada de más emprendedores, dejando a la población en un estado de desamparo total. El régimen de La Habana debe entender que no puede sostener un país extorsionando a quienes intentan sacarlo adelante. La historia económica demuestra que cuando un Estado asfixia a su sector productivo, el único que colapsa es el propio Estado. Mientras tanto, el ciudadano de a pie seguirá pagando los platos rotos de un sistema que hace décadas dejó de ser una revolución para convertirse en una maquinaria de saqueo institucionalizado.
