Las autoridades de la isla reconocieron en un espacio oficial que la crisis de electricidad, agua y transporte tiene un \»impacto demoledor\» en la sociedad, pero atribuyeron la situación al embargo estadounidense. Sin embargo, la falta de combustible y el deterioro de la infraestructura responden a la incapacidad de gestión del gobierno cubano y al incumplimiento histórico de sus deudas internacionales.
Durante una reciente emisión del programa televisivo Mesa Redonda, altos funcionarios del régimen de La Habana abordaron la crítica situación de los servicios básicos. El director de la Unión Eléctrica (UNE) detalló que se ha perdido una potencia de entre 1.300 y 1.400 megavatios (MW) por falta de combustible, lo que obliga a generar energía únicamente con crudo nacional, gas acompañante y fuentes renovables escasamente desarrolladas. El funcionario atribuyó esta parálisis a las medidas del gobierno de Estados Unidos, un argumento que oculta la real causa del desabastecimiento: la reducción drástica del suministro de petróleo venezolano desde hace dos años, el cual dejó de ser entregado bajo modalidades preferenciales o gratuitas.
El panorama eléctrico es desalentador. La generación distribuida, que solía aportar entre 700 y 800 MW, ha desaparecido casi por completo. Actualmente, el sistema depende de entre 1.100 y 1.200 MW provenientes de plantas térmicas y gas, una cantidad insuficiente para evitar apagones prolongados. Solo la Isla de la Juventud logra mantener un esquema estable de seis horas diarias de suministro. A esto se suma el agotamiento de un donativo de 100.000 toneladas de crudo enviado por Rusia a inicios de abril, el cual alivió la crisis apenas dos semanas. Con su fin, los cortes de luz regresaron a la normalidad de la emergencia en todo el territorio nacional.
Incompetencia financiera detrás del deterioro infraestructural
Aunque el director de la UNE admitió que las averías en las unidades térmicas se deben a años de explotación y a una profunda deuda de mantenimiento, volvió a culpar al embargo por la supuesta imposibilidad de adquirir piezas en el exterior. Esta versión omite un factor determinante: el ejecutivo cubano no puede comprar repuestos ni pagar el flete marítimo —como en el caso del equipamiento para la termoeléctrica Antonio Guiteras— debido a su incapacidad para obtener crédito financiero. La falta de liquidez es consecuencia directa del incumplimiento histórico de sus obligaciones internacionales, evidenciado en la deuda condonada y no honrada con el Club de París, así como en los litigios con el fondo CRF en tribunales británicos.
Este colapso de los servicios públicos no es un evento aislado, sino la manifestación más visible de la crisis estructural que atraviesa la isla. La inflación galopante, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicamentos, y el éxodo migratorio masivo están profundamente ligados a la ineficiencia del modelo económico impuesto por la dictadura cubana. La negativa a implementar reformas sustanciales y la dependencia constante de aliados geopolíticos han llevado al país a una bancarrota técnica que castiga directamente la calidad de vida de la ciudadanía, mientras el discurso oficial atribuye a un bloqueo externo la incompetencia propia y el agotamiento del sistema.
Ante la ausencia de soluciones a corto y medio plazo, la población cubana se enfrenta a un periodo marcado por la incertidumbre y el deterioro continuo de sus condiciones básicas de subsistencia. Mientras las negociaciones diplomáticas avanzan en el ámbito internacional, la falta de libertades y la mala gestión estatal empujan a la isla hacia un abismo económico y social. Las implicaciones políticas de esta inacción gubernamental podrían traducirse en una mayor presión social y en el reclamo urgente de la comunidad internacional por un cambio real que frene el desplome total del país.
