La designada presidenta encargada por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano dispuso una reestructuración sin precedentes en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que incluye jefaturas en bases aéreas estratégicas, regiones de defensa y mandos de la Guardia Nacional, en medio de un escenario político convulso tras la captura de Nicolás Maduro.
El régimen de Caracas atraviesa una de sus crisis institucionales más profundas tras la operación militar estadounidense que culminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. En respuesta a este vacío de poder, el Tribunal Supremo de Justicia activó un esquema de \»encargaduría\» que colocó a Delcy Rodríguez al frente del ejecutivo, quien de inmediato ha movido sus piezas para asegurar el control sobre el aparato coercitivo del Estado. La primera medida concreta fue la firma de 28 resoluciones que reorganizan la cúpula militar, atribuidas formalmente al ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, pero ejecutadas por orden directa de Rodríguez.
En el plano operativo, los cambios más visibles se concentran en la Aviación Militar. La Base Aérea \»Generalísimo Francisco de Miranda\» (La Carlota), en Caracas, pasó a manos del general de brigada Fidel Humberto Olivo Pacheco Ramírez, en sustitución del general de división José Freitas Gómez. Paralelamente, la Base Aérea \»El Libertador\» (BAEL) quedó bajo el mando del general de división Marco Antonio Vásquez Pérez, relevando al general de división Jesús Alberto Fernández Peñaloza. Estos movimientos sugieren un afianzamiento del control sobre las instalaciones aéreas más sensibles del país, en un momento donde la lealtad de las Fuerzas Armadas resulta crucial para la supervivencia del régimen.
Relevo en regiones estratégicas y zonas operativas
La reestructuración también alcanzó las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI). La REDI Los Andes quedó bajo el mando del mayor general Pablo Ernesto Lizano Colmenter, quien sustituye al mayor general José Gregorio Martínez Campos. En la REDI Oriental, el mayor general Juan Ernesto Sulbarán Quintero fue relevado por el mayor general Erasmo Eduardo Ramos Iriza. Adicionalmente, se reportaron cambios en 12 Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI), abarcando estados como Táchira, Trujillo, Barinas, Falcón, Monagas, Miranda, Yaracuy, Aragua, Delta Amacuro y Nueva Esparta, así como en las ZODI Marítimas e Insulares Occidental y Oriental.
En la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), se registraron seis resoluciones de cambios. Destaca el relevo en el Comando Nacional Guardia del Pueblo, donde fue nombrado el general de división Carlos Eduardo Aigster Villamizar en sustitución de Ramos Iriza, quien fue trasladado a la REDI Oriental. El general de división Rafael José Hernández Aguirre, por su parte, asumió el frente del Comando Nacional Antidrogas. Cabe destacar que Aigster Villamizar figura en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde noviembre de 2024, identificado por OFAC como uno de los altos mandos vinculados a zonas operativas y distritos militares de la GNB.
Implicaciones para la región y el eje autoritario
Esta purga militar no puede analizarse de forma aislada del contexto regional. La dictadura venezolana ha operado históricamente como un pilar del eje autoritario del Caribe, junto al régimen de La Habana, que durante décadas ha proporcionado asesoría de inteligencia y contrainsurgente a Caracas. La caída de Maduro y la consolidación de Rodríguez al frente del poder representan un punto de inflexión que obliga a las autoridades cubanas a reevaluar sus alianzas estratégicas y su dependencia del flujo de petróleo venezolano, ya profundamente comprometido. Para la ciudadanía venezolana, estos movimientos militares auguran un endurecimiento del control represivo, en un escenario donde la comunidad internacional observa con cautela la legitimidad de un gobierno encargado designado por un tribunal bajo cuestionamiento democrático. El despliegue de militares sancionados internacionalmente en posiciones clave envía además un mensaje de desafío a Washington y complica cualquier vía de negociación política.
