El ensayista espirituano Pedro de Jesús López Acosta evidenció las contradicciones en las cifras oficiales del sector energético y acusó al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y a la Unión Eléctrica (UNE) de ocultar y distorsionar información sobre la crisis que asola a la isla desde hace más de ocho meses, señalando que los apagones fueron una política deliberada y no el resultado de imprevistos.
Desde el municipio de Fomento, en Sancti Spíritus, el escritor y narrador Pedro de Jesús López Acosta ha alzado su voz para desenmascarar la narrativa oficial respecto a la grave crisis energética. A través de una publicación en redes sociales, el intelectual sostuvo que el calvario que sufre hoy la población cubana no solo era previsible, sino que fue minuciosamente planificado por las autoridades, quienes omitieron informar a la ciudadanía sobre las verdaderas dimensiones del colapso inminente. «Este infierno que estamos viviendo era un infierno planificado, y no se nos dio cuenta clara de él. Nos engañaron», aseveró el autor de la novela «Sibilas en Mercaderes».
Las declaraciones del escritor apuntan directamente a la cúpula del sector energético. López Acosta recordó que, durante los meses de octubre y noviembre de 2023, el gobierno cubano decidió retirar cinco unidades termoeléctricas para someterlas a mantenimiento, una maniobra que se ejecutó en medio de una aguda escasez de combustible. Según el ensayista, el titular del MINEM, Vicente de la O Levy, tenía pleno conocimiento de que esta determinación, ejecutada sin reservas energéticas para la generación distribuida, derivaría en cortes eléctricos masivos y prolongados. «No le tembló la voz para mentirnos», apuntó, evidenciando una estrategia de ocultamiento sistemático por parte del ejecutivo cubano.
Discrepancias numéricas en la televisión estatal
La crítica de López Acosta se adentra en el análisis de las cifras presentadas por los altos funcionarios durante su intervención en el programa televisivo Mesa Redonda. El director de la UNE afirmó en esa emisión que la isla disponía de 1.020 megavatios (MW) en generación distribuida. Sin embargo, al contrastar esta declaración con un gráfico proyectado ese mismo día por el viceministro del MINEM, el escritor constató una grave discrepancia: la generación a partir de derivados petrolíferos apenas alcanzó los 320 MW en sus picos de mayor aporte.
Al sumar esa cifra a los 388 MW que el propio régimen de La Habana reconoció como indisponibles por falta de combustible, el total asciende a 708 MW. Esta aritmética básica deja en evidencia un faltante de 312 MW en la narrativa oficial. «Sea lo uno o lo otro, mienten», concluyó el escritor, quien también interpeló la información relativa a las llamadas «patanas» eléctricas. Mientras el ministro aseguró que en el país solo quedaban dos de estas embarcaciones generadoras, los gráficos oficiales mostraron un aporte superior a los 400 MW en su punto más alto, una cifra que no se compadece con la capacidad de las patanas de Melones (200 MW) y Regla (menos de 60 MW). El intelectual se preguntó de dónde surge esta energía fantasma, cuestionando si existe una tercera patana oculta o si la potencia real ha sido manipulada deliberadamente.
Censura editorial en medios oficiales
La manipulación informativa no se limitó a las declaraciones televisivas. López Acosta denunció también una evidente irregularidad editorial en el periódico Granma, órgano oficial de la dictadura cubana. El medio eliminó en su versión digital dos párrafos que sí habían sido publicados en la edición impresa, los cuales hacían alusión a la posibilidad de perder una cantidad sustancial de megavatios de un día para otro debido a la incapacidad financiera del país. Este acto de censura evidencia el temor del poder a que la ciudadanía tome verdadera conciencia de la fragilidad y el abandono en que se encuentra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Ante las promesas de mejoría emitidas por el gobierno cubano, el escritor espirituano manifestó una profunda desconfianza. Las autoridades del sector prometieron ante los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular que, a partir de junio, se podría cubrir al menos la demanda eléctrica del horario diurno. No obstante, la realidad en las provincias del interior de la isla desmiente cualquier atisbo de recuperación, con interrupciones del servicio que superan las 20 horas diarias, mientras que en La Habana los cortes se mantienen entre cuatro y seis horas, un privilegio relativo que ahonda el descontento en las regiones marginadas.
Contexto de un colapso estructural
La crisis energética no es un fenómeno aislado, sino el síntoma más visible de la descomposición estructural que atraviesa la nación. El sistema eléctrico cubano sufre de décadas de falta de mantenimiento, envejecimiento de la infraestructura y una nula inversión en fuentes renovables o modernización de las termoeléctricas. Mientras el régimen de La Habana atribuye la crisis de manera recurrente a las sanciones económicas de Estados Unidos, expertos independientes y análisis del sector estiman que la isla necesitaría una inyección de capital de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar su matriz energética, una cifra inalcanzable bajo la actual política económica y la falta de libertades que ahuyenta la inversión extranjera.
Las consecuencias de este colapso trascienden la incomodidad doméstica. La falta de electricidad paraliza la ya mermada actividad económica, afecta la conservación de alimentos en medio de una crisis de desabastecimiento agudo y colapsa el bombeo de agua potable, deteriorando de manera irreversible la calidad de vida de la población. Esta situación se entrelaza con la inflación galopante y la devaluación del salario real, empujando a miles de cubanos a tomar la decisión de emigrar, lo que ha derivado en uno de los éxodos migratorios más grandes de la historia reciente del país.
Antecedentes de desconexión y protesta social
La situación actual, aunque no ha superado los niveles críticos del apagón total del 18 de octubre de 2024 —cuando se produjo la desconexión total del SEN durante varios días—, mantiene a la mayoría de los territorios cubanos en una zozobra constante. Antes de esa falla catastrófica, muchas provincias apenas contaban con tres horas de servicio eléctrico al día, una dinámica a la que se ha regresado en gran parte del país, excluyendo a las cabeceras provinciales, La Habana y localidades vinculadas a servicios esenciales.
El detonante de la frustración popular ante los apagones tiene un historial peligroso para el poder. La falta de luz ha sido la chispa de movilizaciones sociales históricas. El 11 de julio de 2021, las mayores protestas en décadas estallaron en gran medida debido al descontento acumulado por los cortes eléctricos y la represión. Más recientemente, el 17 de marzo de 2024, Santiago de Cuba y otras localidades volvieron a tomar las calles para exigir electricidad y alimentos, enfrentando una vez más la respuesta represiva de la dictadura.
Implicaciones y panorama futuro
La denuncia de intelectuales como Pedro de Jesús López Acosta marca un punto de inflexión en la percepción ciudadana, al demostrar con datos concretos que la narrativa oficial es insostenible. La pérdida de credibilidad de las instituciones encargadas de la gestión energética es ya un hecho consumado, y las promesas de recuperación a corto plazo son percibidas por la población como un nuevo engaño.
El futuro inmediato se presenta sombrío para la ciudadanía. Sin un cambio sustancial en la política de gestión y sin la inyección de capital que el sistema exige, los apagones continuarán siendo el pan nuestro de cada día. La comunidad internacional y los actores diplomáticos observan con preocupación cómo el colapso de los servicios públicos en Cuba se profundiza, mientras la falta de un canal de diálogo y la intransigencia del poder aumentan el riesgo de nuevos estallidos sociales en una nación que ya ha tocado fondo en múltiples esferas de su vida cotidiana.
